La crisis dentro de la crisis

Entre 26.000 y 35.000 padres, según los últimos cálculos manejados por las autoridades fiscales de Países Bajos, han sido víctimas del escándalo en las ayudas al cuidado de los hijos. El Defensor del Pueblo estima que unos 80.000 niños han sufrido las consecuencias de las deudas acumuladas por sus progenitores por culpa de una supuesta estafa que no habían cometido. En este caso, a la dureza de las leyes antifraude se ha sumado la falta de transparencia de la Agencia Tributaria, y el que buena parte de los perjudicados fueran de origen inmigrante. El resultado ha sido la dimisión del Gobierno de centroderecha, pero el escándalo afecta al contrato implícito entre Estado y ciudadano, que se ha visto atacado por el mismo sistema que debía protegerle. Afecta a la fuerza del Estado de derecho, extremo reconocido por Mark Rutte, el primer ministro, cuando presentó la dimisión de su Gabinete.

A pesar de que el escándalo abarca los tres mandatos consecutivos de Rutte, el político encabeza los sondeos para las elecciones de marzo como líder de los liberales. Las encuestas de las últimas semanas indican que entre el 80% y el 90% de los votantes consideran esencial que se compense a las familias —recibirán 30.000 euros cada una— para luego seguir adelante. La gestión de la pandemia, en manos del Ejecutivo en funciones con apoyo del Parlamento, explica en parte dicha actitud. Pero Paul Schnabel, sociólogo y miembro del comité que investiga la integridad de la Agencia Tributaria, indica a EL PAÍS que la dimisión en bloque facilita en realidad el camino hacia los comicios. Dice que “la salida evita un debate parlamentario con la presentación de una moción de censura, que el Gobierno iba a perder; así están libres para seguir adelante”. Y añade que, políticamente, la dimisión es importante, “pero en la práctica, los mismos políticos, a excepción de los que sí se han marchado porque estaban al frente de los servicios sociales y se sienten responsables, harán campaña sin problemas”. El resto del Ejecutivo ha asumido una responsabilidad colectiva.

La búsqueda implacable de posibles estafas en las ayudas sociales deriva del rigor fiscal subsiguiente a la pasada crisis financiera y del llamado “fraude búlgaro”. En 2013, bandas de dicha nacionalidad pagaban a compatriotas para que se inscribieran como residentes en Países Bajos, pidiendo luego subsidios. Esta especie de emisarios regresaban a su país, y la banda se apropiaba de sus datos para cobrar las sumas. Entre 2007 y 2013, cerca de mil personas recibieron unos cuatro millones de euros sin justificar, según el Ministerio de Finanzas.

Las críticas del Parlamento endurecieron tanto la concesión de ayudas que se ignoraron las quejas de las familias víctimas del escándalo actual. El sesgo discriminatorio de que muchos padres sean de ascendencia inmigrante solo ha multiplicado el bochorno oficial.