La Corte Penal Internacional no investigará por ahora la detención de los uigures en China

Desde el punto de vista técnico, la situación está clara: China no es miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), que carece por tanto de competencias para investigar la represión sufrida dentro del país por los uigures, la minoría étnica musulmana. La denuncia remitida el pasado julio a la fiscalía por parte de exiliados de esta comunidad, alega la comisión de genocidio y crímenes contra la humanidad por parte del Gobierno de Pekín, a través de una campaña de tortura, esterilización forzosa y vigilancia masiva. En 2019 y 2020, la opresión de los uigures mereció sendas condenas en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero la ruta de la justicia internacional sigue cegada porque los delitos señalados ocurren en el interior de las fronteras chinas. Sin embargo, el informe sobre el caso presentado este diciembre por Fatou Bensouda, fiscal jefe de la CPI, indica que mantendrá el expediente abierto a la espera de recibir más datos. Con ellos en la mano, podría evaluar las deportaciones de uigures a China, en particular desde Tayikistán y Camboya —ambos miembros de la Corte— y ver si cabe abrir una vía para ejercer allí su jurisdicción.

Según, William Schabas, experto en Derecho Internacional y Humanitario en las universidades de Middlesex (Londres) y Leiden (Países Bajos), la fiscal Bensouda ha pedido más pruebas para ver si pudiera arbitrarse una fórmula similar a la de los crímenes contra los rohingyas, otra minoría musulmana, deportada a Bangladés desde Myanmar, que los discrimina. “Myanmar tampoco es un Estado miembro de la Corte Penal, pero Bangladés sí, por eso los jueces autorizaron en 2018 el examen de las denuncias de crímenes cometidos allí contra los rohingyas. En el caso de los uigures no será fácil: China no los expulsa, sino que le son devueltos desde Camboya y Tayikistán”, explica, en conversación telefónica. Y añade: “los Estados son soberanos y China se preocupa de no cometer delitos en el exterior, no como otros países grandes, Estados Unidos, sin ir más lejos, que actúan fuera de sus fronteras a veces con violencia”.

La situación es similar a la de Siria e Irak, ausentes de la CPI, que carece de jurisdicción en su territorio. La Corte podría actuar allí si el Consejo de Seguridad de la ONU remitiera ambos casos para investigar supuestos crímenes, pero Rusia impone su poder de veto en este organismo. ¿Qué salida legal tienen entonces los uigures? “En junio de 2020, 50 expertos independientes que informan al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, urgieron a los Estados que la integran a que se abriera una investigación formal sobre la conducta del Gobierno chino en este campo. Algo así sería un primer paso en el largo camino hacia la atribución de responsabilidad de Pekín por sus abusos en Xinjiang, Hong Kong y el Tíbet. Este tipo de mecanismo debería tener además el mandato de recoger y preservar pruebas de forma que puedan utilizarse luego ante un tribunal fiable”, dice Param-Preet Singh, directora asociada del programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch. En octubre pasado, 39 países mostraron su alarma en el seno de la ONU por la suerte de los uigures, “y se necesita más apoyo para que haya un coste político por la brutal campaña de represión del Gobierno chino”, en su opinión.

En campos de “reeducación” chinos

De credo musulmán, la etnia uigur reside en Xinjiang, la región autónoma del noroeste de China. Este grupo de población, cuya lengua es de origen túrquico, predomina en la zona con unos 11 millones de personas, mientras que en el resto del país la mayoría pertenece a la etnia han. Conocida también como Turquestán Oriental, ese es el nombre usado en la denuncia remitida en julio de 2020 a la CPI en nombre de su Gobierno en el Exilio, y del Movimiento del Despertar Nacional de Turquestán Oriental (ETNAM, en sus siglas en inglés). Ambos pidieron a la fiscalía que investigara “los crímenes perpetrados de manera sistemática y a gran escala contra los uigures, y otros pueblos túrquicos, por parte de las autoridades chinas”. El Gobierno chino niega la represión, y califica de “centros de reeducación y entrenamiento” los campos de internamiento denunciados por residentes, organizaciones de derechos humanos, expertos y medios. Pekín los presenta como “un asunto interno en su lucha contra la violencia y el separatismo”, y a falta de datos oficiales, Naciones Unidas da por válida la cifra de cerca de un millón de encerrados allí (el 9% de los uigures de Xinjiang).