Aung San Suu Kyi busca renovar mandato en Myanmar con la esperanza de cambio desvanecida

Han pasado solo cinco años, pero parece una eternidad. Si en 2015 Aung San Suu Kyi arrasaba en los primeros comicios relativamente libres de Myanmar (antigua Birmania) tras medio siglo de dictadura militar y se depositaban en ella las esperanzas de apertura del país, ahora es una versión debilitada de sí misma la que se presenta a las elecciones de este domingo. Aunque parte como favorita, la Nobel de la Paz ha perdido popularidad —sobre todo en el extranjero— por su supuesta indiferencia hacia la campaña militar contra la minoría musulmana rohingya, investigada en La Haya por constituir un posible genocidio, así como por el fracaso en acometer reformas de peso y la sacudida de la pandemia de coronavirus.

Pocas figuras políticas de la talla de Aung San Suu Kyi han sufrido ese desprestigio en un tiempo récord. Pero Suu Kyi parece ignorarlo: la conocida como La Dama, de 75 años, confía en que su partido, la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés) vuelva a ser respaldado por gran parte de los 38 millones de votantes registrados para las elecciones del domingo. La NLD cuenta con que la mayoría de etnia bamar y budista del país (un 88%), apoye su proyecto, frente al de los 93 partidos que concurren, entre ellos el pro militar Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión, al que venció en 2015.

Aunque no hay sondeos electorales oficiales, las predicciones apuntan a que Suu Kyi ganará, si bien no con la aplastante mayoría de 2015, cuando obtuvo alrededor del 70 % de los votos. Tal vez tenga que formar alguna coalición para poder controlar el Parlamento. Suu Kyi no podrá, en cualquier caso, ejercer oficialmente como presidenta, pues la Constitución de 2008 prohíbe que nadie con hijos extranjeros —ella tuvo dos con el académico británico Michael Aris— ocupe el cargo. “Madre Suu”, como también la llaman en Myanmar, ejerce actualmente de ministra de Exteriores y consejera de Estado, si bien es la líder de facto del país. El presidente, Win Mynt, es aliado de Suu Kyi.

Su desgaste se debe a muchos factores. El más notorio es su supuesta impasibilidad ante la campaña militar orquestada en agosto de 2017 contra la minoría musulmana rohingya. Alrededor de 700.000 rohingyas huyeron entonces al vecino Bangladés tras una operación de persecución del Ejército birmano —el Tatmadaw— que la Corte Penal Internacional investiga por un posible crimen contra la humanidad. Mientras, Myanmar se enfrenta a una acusación de genocidio presentada por Gambia ante el Tribunal Internacional de Justicia, órgano judicial de la ONU. La propia Suu Kyi acudió a este tribunal a defender las acciones del Tatmadaw el pasado año.

Aunque su pasividad ha sido muy criticada fuera de Myanmar, no se espera que le pase factura dentro del país, donde la causa rohingya apenas cuenta con respaldo entre la población budista. La mayoría de los cientos de miles que aún viven en Myanmar, así como otras minorías étnicas y religiosas, no tendrán derecho al voto debido a una ley de 1982 que les restringe la ciudadanía. Una normativa que también se utiliza para prevenir ciertas candidaturas; al menos ocho candidatos rohingyas con ciudadanía birmana han sido rechazados por la comisión electoral bajo el pretexto de que sus padres no la poseen o ellos no la tenían en el momento de nacer. Esta comisión ha cancelado total o parcialmente además el voto en al menos 56 distritos poblados por minorías étnicas (un 30% de los 53 millones de habitantes) alegando motivos de seguridad.

En su día defensora de los derechos de las minorías, Suu Kyi ha fallado en uno de sus objetivos iniciales, que era conseguir la paz con las decenas de guerrillas que luchan por la autonomía desde la independencia de Myanmar en 1948. Tampoco ha logrado grandes avances en asuntos como la libertad de expresión, con varios juicios y detenciones a activistas y periodistas. “Por desgracia, muchos de los problemas que había en 2015 continúan, y algunos incluso han aumentado desde entonces”, denuncia Mu Sochua, de la Asociación de Parlamentarios por los Derechos Humanos del sureste asiático.

Si Suu Kyi no ha podido o querido abordarlos, es una incógnita. Myanmar continúa muy controlada por los militares, que dominan el 25% del Parlamento —lo que en la práctica les concede derecho de veto sobre reformas constitucionales—, y están al mando de los ministerios de Defensa, Interior y Fronteras. Hija del general Aung San, héroe de la independencia de Myanmar, Suu Kyi derrochó paciencia en el pasado en pos de la lucha democrática: pasó 15 años bajo arresto domiciliario —ganando el Nobel de la Paz en 1991—, tras regresar al país en 1988 para cuidar de su madre enferma después de toda una vida en el extranjero. Sorprendida por las masivas manifestaciones contra la junta militar que entonces tomaron las calles, Suu Kyi se quedó en Myanmar y se puso al frente del movimiento, dejando atrás a su marido e hijos por defender su proyecto de reforma.

Desde que fue puesta en libertad en 2010, el proceso de democratización ha ido lento o se ha estancado, según sus críticos. “Es una proeza que Myanmar pueda celebrar sus segundas elecciones multipartidistas, pero los comicios serán fundamentalmente defectuosos”, advierte Bran Adams, director para Asia de Human Rights Watch. La organización denuncia, entre otras cosas, la persecución contra voces disidentes, el acceso desigual de los partidos a los medios oficiales o la falta de una comisión electoral independiente.

Los comicios se celebrarán, además, en pleno pico de casos de coronavirus en Myanmar, que ha registrado más de 1.000 nuevas infecciones al día en las pasadas semanas. La pandemia ha recrudecido la situación económica, si bien la inversión extranjera ya fue decayendo desde 2015: de 9.400 millones de dólares entonces a casi la mitad, 5.500, el pasado año, ante la falta de reformas económicas de peso.

La pérdida de interés de los inversores extranjeros ha hecho que Myanmar se acerque cada vez más a la fronteriza China. La segunda economía mundial, el único aliado del país durante los años de junta militar, es ahora también su principal socio comercial. Lejos de ser el Estado paria que fue en su día, la situación de los rohingya y los pasos de Suu Kyi han desconcertado a sus socios internacionales, aunque algunos reconocen el supuesto poco margen de maniobra de “La Dama” frente a los militares.

En esta línea, las Fuerzas Armadas, que gobernaron el país durante medio siglo y dieron paso en 2010 a lo que llamaron una “democracia disciplinada”, acusaron recientemente al Gobierno de Suu Kyi de “irregularidades” de cara a las elecciones, las primeras organizadas por su Administración y no por organismos próximos al mando castrense.