El Supremo sudafricano pide medidas a las autoridades ante el aumento de la brutalidad policial

El aumento del número de denuncias por abuso policial durante el periodo de confinamiento para frenar el coronavirus en Sudáfrica han obligado al Tribunal Supremo a tomar cartas en el asunto y ordenar el fin de los abusos policiales. Las restricciones, que entraron en vigor el 27 de marzo y que hacen de Sudáfrica uno de los países con el confinamiento más duro del mundo, obligan a la población a recluirse en sus casas y limitan actividades y movimientos. Los encargados de vigilar que se cumpla la ley son las fuerzas de seguridad, la Policía y el Ejército, que patrullan por las calles. La población, sin embargo, desconfía de ellos, porque los casos de abuso de poder y de fuerza por parte de estos cuerpos se han multiplicado durante este periodo..

Los ciudadanos sudafricanos “mantienen su derecho a la vida, a no ser torturados ni tratados de manera cruel, inhumana, ni humillante, aunque el país esté en estado de emergencia”, evocaba el juez del Tribunal Supremo, Hans Fabricius, en su dictamen del 15 de mayo. El magistrado instaba a las autoridades a tomar medidas contra la brutalidad policial, que es un problema recurrente en las fuerzas sudafricanas pero que ha aumentado aún más con el confinamiento nacional. Fabricius ha lanzado un ultimátum a los ministros de Defensa y de la Policía para que publiquen un código de conducta de las fuerzas de seguridad durante el confinamiento y para que sus integrantes se adhieran “a la absoluta prohibición de la tortura”.

En las primeras seis semanas de restricciones —desde el 26 de marzo al 5 de mayo—, el Directorio Independiente de Investigación Policial registró 828 denuncias de abuso policial, lo que representa 200 más de los que se contabilizaron en el mismo periodo el año anterior. La provincia del Cabo Occidental —donde se encuentra Ciudad del Cabo— es la zona con más casos y, como en todo el país, los abusos se concentran en las zonas más humildes. Las denuncias registran 50 defunciones —entre los muertos por palizas y golpes en la calle y los que han perecido bajo custodia policial—, 25 alegaciones de tortura y al menos ocho por agresión sexual. El resto de las denuncias son asaltos, golpes y otras formas de violencia.

Es precisamente por la familia de uno de los fallecidos que el Tribunal Supremo ha reaccionado. Collins Khosa, padre de tres hijos, murió el Viernes Santo. Estaba en su propia casa en el barrio de Alexandra cuando unos militares irrumpieron en su interior. Todo apunta que fue el consumo de alcohol lo que desató la operación. Aunque la venta y transporte de bebidas alcohólicas están prohibidos durante el confinamiento, su consumo sí es legal. Pero un grupo de soldados y policías supuestamente entró en su residencia. Le rociaron de cerveza, le golpearon, le tiraron contra un muro y le arrastraron hasta el exterior de la vivienda. Khosa murió presuntamente como consecuencia de las heridas causadas por la agresión.

73.000 soldados

Su familia es la que ha llevado el caso a los tribunales, no solo para que se haga justicia sobre su muerte, sino para que se eviten otras similares. La esposa de Khosa, Nomsa Montsha, dice que “no puede haber 73.000 soldados desatados ante una población civil sin que tengan, al menos, un código de conducta y un plan operacional que les diga cómo comportarse, especialmente cuándo deben usar la fuerza y hasta qué límite”. El juez Fabricius, en su dictamen, dice que hay que suspender inmediatamente a los militares y policías que estuvieron en casa de Khosa el día de su muerte.

Naciones Unidas ha señalado a Sudáfrica por extralimitarse durante el confinamiento y le ha colocado en la lista negra de los 15 peores países en el mundo en cuanto a exceso de fuerza —en la que figuran, entre otros, Nigeria, Kenia, Perú, Marruecos y Hungría—. El año pasado, la ONU ya señaló a Sudáfrica por “no investigar las alegaciones de tortura estatal de manera suficientemente rápida ni imparcial