Daniel Ortega impide el regreso a casa a migrantes nicaragüenses en plena pandemia

Hace dos meses, el nicaragüense Norlan Jiménez perdió su trabajo en las Islas Caimán, en el Caribe, debido a la pandemia. Desesperado económicamente, el hombre logró comprar con lo que le restaba de su último pago un boleto aéreo para regresar a su país el pasado 18 de abril. Pero el plan de retorno fue frustrado por el Gobierno de Daniel Ortega. Las autoridades de Managua notificaron a la aerolínea Cayman Airways que los dos vuelos programados para repatriar a 160 migrantes económicos nicaragüenses tenían prohibido aterrizar en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en la capital del país centroamericano.

Jiménez entró en pánico. Aunque Cayman Airways le regresará el costo completo del pasaje, las cuentas no le dan para pagar alojamiento ni alimentación por más tiempo. “No podemos seguir acá. Llevamos sin trabajo más de dos meses y no estamos haciendo nada”, reprochó el nicaragüense. Jiménez tomó la decisión de retornar a su país de origen por dos razones. La primera porque el paradisíaco territorio británico de ultramar proyectó su confinamiento tres meses más y la segunda: vio en las noticias que Nicaragua no ha cerrado fronteras oficialmente, ni impuesto cuarentena para contener el avance del coronavirus.

Sin embargo, la notificación que la línea aérea caribeña recibió fue clara: “El Gobierno de Nicaragua ha cerrado sus fronteras indefinidamente a partir de hoy”. La clausura de la frontera aérea resonó de inmediato en Nicaragua porque las autoridades sanitarias sandinistas han reiterado que no es necesario cerrar fronteras para viajeros que provengan de países con transmisión activa de la covid-19, mucho menos a nicaragüenses. Tras las críticas generalizadas por esa decisión, el Ministerio de Salud pidió el pasado 23 de marzo que los viajeros deben confinarse 14 días en casa como medida preventiva, pero no indicaron la prohibición de ingresar al país.

Desde el pasado fin de semana, las autoridades de Migración y Extranjería sandinistas cerraron de facto la frontera terrestre a otros 96 migrantes que perdieron sus trabajos agrícolas en El Salvador, debido a la estricta cuarentena impuesta por el Gobierno de Nayib Bukele. Otros 200 nicaragüenses en Panamá también fueron impedidos de volver, cuando solicitaron la repatriación ante su embajada. Actualmente, más de 400 personas están varadas a la espera de una respuesta del Gobierno de Ortega, pero hasta ahora no han notificado variación alguna en su política de fronteras abiertas frente a la pandemia.

Inflexible ante súplica de migrantes

La política del Gobierno de Ortega ha sido criticada dada su laxitud y la minimización del riesgo de la epidemia de la covid-19. La Administración sandinista solo reporta 10 casos positivos de coronavirus y dos fallecidos, y, además, asegura que han controlado el virus “con recursos limitados y paciencia”. Bajo esas premisas, Nicaragua se convirtió en el único país centroamericano con fronteras abiertas, como parte del esfuerzo gubernamental de reposicionar al país como destino turístico en medio de la pandemia.

Aunque el Gobierno sandinista recibía cruceros y aviones cargados de turistas semanas atrás -antes de que todas las aerolíneas internacionales suspendieran a principios de abril sus operaciones a Managua-, en esta ocasión se ha mostrado inflexible ante las súplicas de los migrantes que intentan volver a casa.

“Contratamos un bus con los últimos centavos. Estamos sobre el puente del Guasaule (frontera hondureña con Nicaragua). Es tierra de nadie. Necesitamos entrar a Nicaragua”, dijo Juan Carlos Gutiérrez, uno de los 96 nicaragüenses provenientes de El Salvador, quienes están varados desde el 18 de abril. Los nicaragüenses en el exterior son pilar fundamental para la economía debido al envío de remesas familiares.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se enteró de la situación de los migrantes en el puente de El Guasaule y les brindó apoyo logístico y financiero para retornar, mientras que el departamento hondureño de La Unión les proporcionó un albergue. Sin embargo, al no poder cruzar de forma legal, varios de los 96 nicaragüenses ingresaron este martes la frontera hondureño-nicaragüense “por puntos ciegos”. “Evitando a los policías”, relató a EL PAÍS el migrante José Méndez tras pisar su territorio de origen.

La decisión del Gobierno de Ortega de cerrar las fronteras a sus connacionales desoye la recomendación que hizo Michelle Bachelet, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU: instó esta semana a los países de América Latina a abrir sus fronteras y permitir el regreso de sus conciudadanos varados en naciones extranjeras, así como a dotarles de atención sanitaria y otros derechos. “En virtud del derecho internacional, toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia”, remarcó Bachelet.

“Le pedimos a las autoridades de nuestro Gobierno que nos abra el aeropuerto, porque somos nicaragüenses y tenemos derecho a regresar a nuestras casas”, suplicó Norlan Jiménez. “Dicen que podríamos llevar gente infectada de acá, pero todos estamos sanos, porque el Gobierno de Islas Caimán nos tiene bajo medidas preventivas. Estamos de acuerdo que al llegar a Nicaragua nos sometan a cuarentena”, agregó.