Cinco claves del estancamiento de la investigación del caso Ayotzinapa

Han pasado 15 meses desde la llegada de López Obrador a la presidencia y casi el mismo tiempo desde que instaló la Comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa. Esclarecer el ataque contra los estudiantes normalistas en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, es una de las prioridades del Gobierno. En enero, ante la falta de resultados, el presidente ordenó acelerar el proceso. Programó reuniones mensuales con las familias y convocó al presidente de la Suprema Corte, dando rango de Estado a los encuentros. Lo que sigue son puntos clave de la investigación, de lo que se ha hecho y lo que falta por hacer:

1. Detenciones

En la reunión de este jueves, las familias de los estudiantes pidieron a la Fiscalía General de la República, FGR, que agilizara las detenciones de implicados en el ataque contra los estudiantes, pero también de funcionarios que cometieron irregularidades durante la investigación y los que torturaron a detenidos. De los primeros, parece que el objetivo es detener, por un lado, a los policías federales que participaron en el ataque contra los estudiantes. Y por otro, a los municipales del vecino pueblo de Huitzuco.

El caso de los federales no es nuevo. Ya la oficina del ombudsman, en su informe presentado en 2018, señalaba que al menos dos agentes presenciaron cómo policías de Iguala y de Huitzuco se llevaron de 15 a 20 estudiantes de uno de los autobuses que había tomado aquella tarde noche en Iguala.

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Según el informe de la oficina del ombudsman, los federales llegaron y preguntaron “¿qué pasa con los chavos?”. Uno de los agentes de Iguala contestó: “Allá atrás chingaron a un compañero. Se los van a llevar a Huitzuco. Allá que el Patrón decida qué va a hacer con ellos”. Uno de los federales dijo: “Ah, ok, ok. Está bien”.

La referencia a El Patrón es uno de los grandes misterios del caso. Igual que El Caminante. Son personajes clave en la coordinación de policías y criminales en la zona aquella noche. Pero ¿quiénes son? En todo caso, el hecho de que los federales aceptaran que los municipales se llevaran a los estudiantes en nombre de El Patrón resulta suficiente para que las familias pidan sus detenciones.

En el caso de los agentes de Huitzuco, resulta extraño que todavía no hayan sido detenidos. Una fuente conocedora del caso, de la dinámica y la información que se da en las reuniones de la comisión presidencial, explica que “el análisis de la telefonía los muestra yendo del punto de Santa Teresa [a las afueras de Iguala] a la parte del Palacio de Justicia [donde se llevaron de 15 a 20 estudiantes, frente a las narices de los agentes de la federal]. Balística también les ubica en Santa Teresa. Y telefonía también ubica actividad de un celular de un policía de Huitzuco hacia el celular de uno de los estudiantes. Y luego, hay denuncias anónimas en el expediente que indican que la policía de Huitzuco era en realidad parte de Guerreros Unidos, a partir de su jefe, Javier Núñez Duarte. Y sus hijos. Y los tres han desaparecido del mapa”.

2. Búsquedas

De las más de veinte búsquedas que han realizado en conjunto la fiscalía especial del caso Ayotzinapa, encabezada por Omar Gómez y la comisión presidencial, en al menos tres los investigadores han encontrado restos que se han llevado al laboratorio.

En una búsqueda en diciembre en Cocula, cerca de Iguala, los peritos hallaron huesos, tan pequeños y dañados que la fiscalía optó por llevarlos a un laboratorio especializado. El fin de semana pasado, el fiscal Gómez viajó a Austria con esos restos y con otros, estos últimos encontrados en una búsqueda que se realizó en enero, en un barrio de Iguala que se llama Jesús de Nazareth. Gómez fue a la Universidad de Innsbruck, donde funciona un laboratorio especializado en extraer información genética de restos orgánicos muy pequeños o dañados. Los resultados estarán en unas semanas.

Entre 2014 y 2015, el laboratorio ya identificó restos de dos de los 43 normalistas desaparecidos. Se trataba de Alexander Mora y Jhosivani Guerrero. El problema entonces fue su procedencia. En 2014, la fiscalía, encabezada todavía por Jesús Murillo Karam, aseguró que había encontrado sus restos en un río en Cocula, cerca de un basurero. Luego los mandó a Innsbruck y los identificaron. Los familiares y sus abogados denunciaron sin embargo que el hallazgo de los huesos allí en el río había sido más que irregular y sugirieron que quizá se trataba de una estrategia de los investigadores para apuntalar su tesis: los estudiantes desaparecidos habían sido asesinados, quemados en el basurero y sus restos arrojados al río.

3. Entrevistas

En la reunión de la Comisión del 9 de enero, las cosas empezaron a cambiar. Una persona presente en el encuentro explica que López Obrador “regañó” en general a la fiscalía y a la Comisión por la falta de resultados y por la imagen que ofrecía el Estado, después de la liberación de decenas de detenidos por el caso. A partir de entonces, la Comisión ha priorizado las entrevistas con implicados en el caso, tanto en la cárcel como en la calle. Ya lo estaban haciendo antes, pero en enero la Comisión aceleró. El objetivo es recabar información para nuevas búsquedas. Si una de las intenciones de las familias es presionar a la fiscalía para que agilice las detenciones, otra es justo esta, las búsquedas.

Así, con entrevistas, fue como encontraron por ejemplo el punto de la colonia Jesús de Nazareth en Iguala, en las faldas del cerro gordo. Antes habían encontrado así también el punto cerca de Cocula, en un barranco conocido en la zona bajo el nombre de La Carnicería. En ambos casos, fueron entrevistas con civiles los que condujeron a la Comisión a los puntos de búsqueda. En uno de los dos casos, fue un civil que después de estar detenido por el caso, había recuperado la libertad.

4. Fuerzas Armadas

Uno de los reclamos de las familias en la reunión de este jueves fue la falta de voluntad de las Fuerzas Armadas para esclarecer su papel en lo ocurrido. Primero, durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala y alrededores. Segundo, durante las investigaciones en los meses siguientes, una vez que la Procuraduría General de la República, actual fiscalía, asumió las pesquisas.

El 27 Batallón de Infantería del Ejército tiene base en Iguala. Según pudo confirmar la oficina del ombudsman, durante la noche del ataque, un integrante del batallón presenció lo ocurrido en uno de los lugares del ataque, esto es junto al puente que hay frente al Palacio de Justicia de Iguala, donde policías de Iguala y Huitzuco se llevaron a entre 15 y 20 estudiantes. El militar iba de paisano, tomó fotografías y se fue.

Hasta ahora, el Ejército solo ha entregado documentación sobre la actuación de sus elementos en la zona durante el 26 y el 27 de septiembre. Nada más. Las familias piensan que los militares, por su presencia en la zona, deben contar con más información de contexto sobre la actividad criminal en la zona.

Por otro lado, las familias quieren que la Secretaría de Marina informe con exactitud sobre su papel en las detenciones que practicó, una vez que la PGR se hizo con el control del caso. Muchos de los detenidos del grupo criminal Guerreros Unidos cayeron ya en manos de la PGR. Las familias quieren saber la versión de la Armada de estas detenciones.

5. Cronograma

López Obrador, el fiscal general, Alejandro Gertz y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, firmaron este jueves un acuerdo para colaborar en las investigaciones y el eventual esclarecimiento del caso Ayotzinapa. El documento venía preparado de antemano, así que no recoge lo que se habló en la reunión.

No aparece en el documento, por ejemplo, la promesa de Zaldívar de buscar un mecanismo para evitar que los jueces rechacen causas que tengan que ver con Ayotzinapa, uno de los problemas que los abogados de las familias de los 43 han encontrado últimamente.

Tampoco aparece la promesa de López Obrador de establecer un cronograma de actuación que de alguna forma obligue a los poderes Ejecutivo, Judicial y a la fiscalía a actuar de acuerdo a un calendario: detenciones, búsquedas, entrevistas con personas de interés, etcétera. La idea es que en 15 días haya una nueva reunión, ya con el cronograma preparado, trabajo que cae en el tejado de la comisión. La pregunta ahora es cuánto tiempo comprenderá ese cronograma. El deseo de las familias es que tome de marzo a septiembre, cuando se cumplirán seis años del ataque contra los 43. Falta por ver si el Estado es capaz de comprometerse a entregar resultados en ese tiempo.