Diez años de cárcel por arengar contra el porno

Cuatro precarios folios escritos en uigur, con la tinta corrida y sin membretes ni firmas, sentenciaron hace poco más de un año el destino de Nebijan Hojaahmet. La vida de este ciudadano uigur, nacido hace 50 años en Xinjiang, en el oeste de China, cambió de forma radical el 29 de septiembre de 2017, cuando fue detenido por supuestas alteraciones del orden social. Nueve meses después, la justicia ofreció su veredicto: Hojaahmet había incurrido en incitación al odio y discriminación étnica por aleccionar a algunos de sus compañeros contra el porno, los excesos verbales y la falta de rezo. La sentencia, emitida por un tribunal uigur, lo condenaba a 10 años de prisión.

La reconstrucción de un relato con tintes de arenga escolar bastó para cargar a este obrero con esa pesada losa. Un día de diciembre de 2016 —ni siquiera se especifica la fecha exacta—, Hojaahmet se dirigió a algunos de sus colegas con las siguientes consignas: “No digáis palabrotas, no veáis porno u os convertiréis en kafires [infieles para el Islam]; si no rezáis y si veis porno vuestra alma estará sucia durante 40 días y Dios no aceptará vuestras oraciones. Si coméis sin haber rezado, os convertiréis en kafires. Si no rezáis, iréis al infierno y Dios no os perdonará. Todos los que no rezan son kafires chinos [de la etnia] han. No podéis comer nada de [que hayan cocinado] mujeres que no rezan. No podéis comer nada de gente que fume o beba alcohol”.

La sentencia no aporta evidencia de que esas palabras fueran pronunciadas; simplemente esgrime el supuesto testimonio de tres colegas a los que se dirigía Hojaahmet y a los que cita por su nombre: Kirem Tursun, Memetjan Kirem, Gayret Memet. Ellos “y otros” fueron aleccionados con estos mensajes, que la sentencia describe como “pensamientos religiosos extremistas”.

El documento obtenido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en el marco de la investigación Los cables secretos de China (China Cables), de la que forma parte EL PAÍS, ofrece una buena muestra de la debilidad de un presunto proceso judicial que confina a un ciudadano uigur a un largo periodo de encarcelamiento a partir de cargos sin pruebas. Al contrario que el resto de documentos obtenidos en esta investigación, la sentencia no está catalogada como confidencial. Aun así, los expertos consultados sostienen que rara vez estos escritos ven la luz; no se trata de sentencias públicas como las que caracterizan a los sistemas judiciales avanzados. [Lea las nueve claves para entender la investigación]

El escueto texto describe al encausado como una persona de nacionalidad uigur, nacida en un condado de Xinjiang, con estudios primarios, sin antecedentes penales y con una característica crucial en este caso: es miembro del Partido Comunista Chino. Esta pertenencia, relativamente habitual en todo el país, resulta sospechosa en los uigures. Las autoridades creen que muchos de ellos se escudan en esta especie de refugio para mantener una doble identidad por la que traicionan los valores chinos. Aunque este escrutinio se hace especialmente a perfiles intelectuales -y el encausado es un obrero-, una experta consultada por el Consorcio y que pide anonimato asegura que esas personas en general son objeto de “escrutinio adicional”.

El calendario en el que se desarrollan los hechos tampoco es ajeno al marco político. La sentencia está fechada en diciembre de 2016. Pero es varios meses más tarde, el 8 de agosto de 2017, cuando la policía del condado de Qakilik, donde ocurren los hechos, lo detiene e inicia sus trabajos para demostrar el supuesto crimen. El año 2017 resulta clave en la estrategia de represión de los uigures iniciada por el Gobierno chino. La inversión del Estado en Xinjiang en materia de seguridad durante ese ejercicio se incrementó un 93% sobre el año anterior, llegando a los 57.950 millones de yenes (7.000 millones de euros) y se dio paso a la construcción de al menos una treintena de los denominados como “campos de reeducación y entrenamiento”

Una frase, recogida hacia la mitad del texto, condensa bien la debilidad en que se cimenta todo el caso: “La confesión, cinco veces, del defendido, Nebijan Hojaahmet, prueba sus delitos”. Los testimonios de sus tres colegas, que trabajaban como él en la fábrica Sandstone, en el número 315 de la autopista nacional, y los “documentos delictivos” que guarda la policía local completan esa lista de presuntas pruebas.

Ni siquiera los escasos atenuantes que se citan en el proceso alivian el sombrío destino de Hojaahmet. Durante el juicio, el acusado se declara culpable, pero argumenta que cometió esos delitos “por su bajo conocimiento legal y su escaso nivel educativo”. Por ese motivo pide al juez “que lo trate con indulgencia y le dé la oportunidad de convertirse en un buen hombre”. Su abogado llega a considerar correctas las acusaciones, pero abunda en la vía de la clemencia: “Es su primer delito y pido al tribunal que lo trate con indulgencia”.

La rotundidad del veredicto sugiere que la pena habría sido aun mayor de no haber mediado estos argumentos de falta de conocimiento sobre las supuestas ofensas. En una señal clara de que estos procesos se emplean como combate a las expresiones de religión islamista, el tribunal acusa al ciudadano uigur de “haber extendido el halal [el criterio islámico para determinar lo que es legal] y el haram [el criterio para determinar lo que es ilegal]”.

Finalmente, el tribunal le priva, casi a modo de sarcasmo, de sus derechos políticos durante cinco años, contados a partir de que la sentencia sea firme (se puede recurrir a un tribunal superior). Es decir, la privación de esos derechos se prolongaría la mitad del periodo que estuviera encarcelado.