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México da una nueva oportunidad a la memoria histórica con la disculpa pública a una exguerrillera

El Gobierno de López Obrador reconoce graves violaciones de derechos humanos tras la tortura en 1977 a una militante de la Liga comunista 23 de septiembre

Luis Pablo Beauregard
Martha Camacho frente al presidente López Obrador, el pasado 10 de junio.
Martha Camacho frente al presidente López Obrador, el pasado 10 de junio.Galo Cañas (cuartoscuro)

México da una segunda oportunidad a la memoria histórica. El Estado mexicano ofrecerá este lunes una disculpa pública a Martha Camacho Loaiza, una exintegrante de la desaparecida guerrilla urbana Liga Comunista 23 de septiembre torturada junto a su esposo durante 49 días de 1977 dentro de instalaciones militares. Con el acto, la Administración de Andrés Manuel López Obrador reconoce la responsabilidad gubernamental en las violaciones graves de derechos humanos cometidos durante los años de la Guerra Sucia, un periodo de casi dos décadas donde el Gobierno persiguió a la guerrilla y a los movimientos sociales.

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“Tenemos la esperanza de que el contexto político ha cambiado”, dice en una entrevista Camacho Loaiza, quien recibirá la disculpa de la secretaria de Gobernación (Interior), Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario Alejandro Encinas, antiguo militante del Partido Comunista Mexicano. El evento se llevará a cabo al mediodía de este lunes en el Centro Cultural Tlatelolco, un sitio cargado de simbolismo porque allí fue reprimido el movimiento estudiantil el 2 de octubre de 1968. 

“El acto es importante porque ningún Gobierno ha reconocido su culpabilidad y reconocido al Estado como perpetrador”, agrega la exmilitante de la Liga, quien fue arrestada en Culiacán, Sinaloa, el 19 de agosto de 1977 mientras estaba embarazada de varios meses. La detención se llevó a cabo por soldados de la de la IX Zona militar, policías estatales y miembros de la Dirección Federal de Seguridad, la policía política de los Gobiernos del PRI. Durante su cautiverio, Camacho fue obligada a presenciar la tortura y ejecución de su esposo, José Manuel Alapizco. Sus captores también pusieron una metralleta Thompson en la sien de su hijo al momento de nacer.

Camacho, una estudiante de Economía educada por monjas, inicio la búsqueda de justicia en el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006), el primer político que derrotó al PRI en unas elecciones presidenciales. La Administración del PAN, de derechas, creó en 2001 la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, un intento para saldar las cuentas con el pasado autoritario y su opresiva relación con los grupos subversivos durante los años 60 y 70. El resultado de este esfuerzo defraudó a muchos de los familiares de los desaparecidos. “Cuando abrieron los expedientes no les interesó el castigo a los culpables. No hubo detenciones. No se conoció qué pasó con nuestros familiares, si están muertos o fueron llevados a prisiones clandestinas”, afirma la exguerrillera. La iniciativa derivó en una farsa que llevó al expresidente Luis Echeverría a ser acusado de genocidio para después ser exonerado. 18 años después, el Gobierno de López Obrador se ha propuesto hacer públicos los expedientes de la Guerra Sucia que todavía permanecían bajo vigilancia de los órganos de inteligencia y el Ejército.

En 2013, la Fiscalía mexicana respondió a Camacho que los delitos de secuestro y el homicidio de su esposo habían prescrito. Un año después, la hoy historiadora obtuvo un amparo que permite mantener la investigación abierta. Este lunes, Camacho quiere ceder su tiempo frente al micrófono a los representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los militares, para responder a las preguntas que le han rondado la mente por más de 40 años. “¿Por qué nos mantuvieron en la zona militar? ¿Por qué mi esposo fue mutilado frente a mis ojos, castrado delante de mí? Sin justicia y sin castigo a los culpables no hay perdón para mí”, finaliza quien dice haber cambiado la lucha armada por los libros en 1979. “No hay mejores armas para eliminar la ignorancia”.

La Liga 23 de septiembre fue un grupo radical marxista fundado en 1970 que buscó forzar un cambio político mediante la toma de armas. Entre sus actividades estuvo el asalto a bancos, el secuestro y al menos 40 asesinatos, la mayoría de policías, aunque el más notorio fue el del empresario Eugenio Garza Sada, de 81 años, fundador de la universidad Tecnológico de Monterrey. Entre los secuestros más recordados estuvo el de la hija del embajador de Bélgica y un intento fallido por capturar, en agosto de 1976, a la hermana del presidente José López Portillo (1976-1982). El sábado, el izquierdista historiador Pedro Salmerón fue destituido del Instituto Nacional de Estudios Históricos y de las Revoluciones de México tras calificar en su blog de “valiente” al comando que intentó secuestrar a Garza Sada en 1973. La palabra creó una gran polémica que demuestra que a México aún se enreda con la memoria histórica.

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Sobre la firma

Luis Pablo Beauregard
Es uno de los corresponsales de EL PAÍS en EE UU, donde cubre migración, cambio climático, cultura y política. Antes se desempeñó como redactor jefe del diario en la redacción de Ciudad de México, de donde es originario. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana y el Máster de Periodismo de EL PAÍS. Vive en Los Ángeles, California.

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