Mélenchon, entre el ‘show’ judicial y la lucha por la supervivencia política

El hombre que se sienta en el banquillo denuncia que es víctima de un proceso político y de una persecución orquestada por el Gobierno del presidente Emmanuel Macron. Se compara con Lula da Silva, el expresidente de Brasil. ¿Mártir de la República? ¿O histrión?

Jean-Luc Mélenchon, el debilitado líder de la izquierda populista y soberanista francesa, se enfrenta a penas máximas de diez años de prisión, a una multa de 150.000 euros y a una inhabilitación de hasta cinco años por actos de intimidación, rebelión y provocación ante la autoridad judicial. El juicio, que empezó este jueves, se prolongará dos días.

“¡Resistencia!”, gritaban los seguidores de Mélenchon a primera hora de la mañana, a la entrada del tribunal de Bobigny, en las afueras de París. Cantaban La Marsellesa. Llevaban pancartas donde se leía el neologismo inglés lawfare, contracción de law (ley) y (warfare) guerra. Es decir, la teoría según la cual los Estados usan la justicia como arma contra sus adversarios.

El juicio contra Mélenchon y cinco colaboradores suyos comenzó rodeado en una expectación insólita. Era algo más que un show político-judicial, porque está en juego la supervivencia política del dirigente de La Francia Insumisa (LFI).

Los hechos ocurrieron en la mañana el 16 de octubre de 2018. En el marco de una investigación por la financiación de la campaña electoral de Mélenchon y del empleo de asistentes en el Parlamento Europeo, la policía registró el domicilio del político y la sede de LFI. En la sede, Mélenchon llamó a quienes le acompañaban a entrar por la fuerza. Se encaró con los policías y con un fiscal, a los que aparentemente empujó. “¡La República soy yo!”, le gritó a uno de los policías.

Todo Francia pudo ver la salida de tono, filmada por una cadena de televisión. Mélenchon, que obtuvo un 19,6% de votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2017, se resintió. Si un aspirante al Palacio del Elíseo debe proyectar una imagen presidencial, aquel día fue nefasto para él.

“Durante los registros que sufrí, todo el mundo dijo que yo había gritado demasiado fuerte. Pero, ¿alguien se preguntó si los registros estaban fundados?”, declaró a EL PAÍS en mayo. “Se nos ha atacado con gran dureza. ¿Quizá no reaccioné con la flema requerida?”, añadió. En las elecciones europeas del mismo mes, el batacazo fue incuestionable: LFI sacó un 6,3% de votos.

El tribunal de Bobigny se convirtió en el escenario de un combate político. Gran parte de la cúpula de LFI estaba en la sala. Y ante Mélenchon, que no dejó de escribir mensajes en la red social Twitter, se encontraba el mediático Éric Dupont-Moretti, abogado de los demandantes. “Tómese un poco de camomila”, le espetó Mélenchon cuando Dupont-Moretti le reprochó a gritos que le hubiese implicado en sus teorías conspiratorias sobre el juicio.

El presidente del grupo parlamentario de LFI argumenta que el registro estaba infundado y obedecía a motivos políticos; señala que los extractos vistos en televisión sobre su enfrentamiento con las autoridades durante el registro están manipulados; y reivindica el derecho a la insurrección.

A principios de septiembre, Mélenchon visitó a Lula en Curitiba (Brasil), donde está encarcelado tras una condena a ocho años por corrupción. A la salida, comparó su caso con el del expresidente brasileño: “Es el mismo método, mismas incriminaciones sin pruebas, mismos procesos azarosos, mismas violaciones de los derechos de la defensa”.

El juicio coincide con el día de la publicación del nuevo ensayo de Mélenchon, Et ainsi de suite. Un procès politique en France (algo así como Y etcétera. Un proceso político en Francia). En el libro, un diario de su estancia en México este verano, enumera una lista de víctimas del lawfare. Incluye, además de a Lula, a Cristina Fernández de Kirchner, a Rafael Correa y a su aliado español, Pablo Iglesias. 

La “politización de la justicia” es un argumento que se ha escuchado en Francia desde izquierda y derecha en los últimos años. Ni Mélenchon ni LFI son el primer político ni partido cuyas sedes son objeto de registro. Tampoco los primeros investigados.

La semana pasada, el presidente de la Asamblea Nacional y aliado de Macron, Richard Ferrand, fue imputado por presunto favoritismo en una operación inmobiliaria. La imputación del entonces candidato de la derecha, François Fillon, trastocó la campaña presidencial de 2017. El expresidente Nicolas Sarkozy también está imputado en varios casos. Como Marine Le Pen, líder de la extrema derecha del Reagrupamiento Nacional, quien esta semana denunció “una voluntad del poder político de proteger a los suyos y poner trabas a los demás”.