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Arequipa se levanta contra la mina de Tía María

Siete civiles han muerto en enfrentamientos con la policía desde 2011. El Gobierno peruano acaba de conceder a Grupo México la licencia para el proyecto

Concentración ciudadana contra la mina en el distrito de Dean Valdivia.
Concentración ciudadana contra la mina en el distrito de Dean Valdivia. El Búho

El otorgamiento, esta semana, a la empresa Southern Peru Copper Corporation, del Grupo México, la licencia de construcción de la mina de cobre Tía María en una zona agrícola del sur del país, ha provocado un fuerte rechazo de congresistas, autoridades locales y regionales, organizaciones de agricultores. También un llamado de la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales al presidente Martín Vizcarra para que “imponga el diálogo” ante un posible conflicto social y un paro indefinido, convocado contra el proyecto.

La mina de Southern Perú provocó las primeras reacciones de rechazo tiempo atrás, en 2010, después de que se conociese que planeaba usar agua del río Tambo en sus operaciones, un recurso utilizado por los agricultores del valle del mismo nombre. Un organismo de Naciones Unidas contratado por el Ministerio de Energía y Minas para revisar el estudio de impacto ambiental hizo más de 130 observaciones al proyecto, lo que llevó finalmente a la empresa a desecharlo.

En 2011 y 2015 las manifestaciones ciudadanas contra el proyecto fueron enfrentadas por la Policía Nacional, que causó la muerte por disparos a siete personas en la provincia de Islay (Arequipa). Nadie ha sido sancionado ni hallado culpable por dichas muertes, de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una red de más de 100 organismos de la sociedad civil.

Conflicto por el uso del agua

Tras los disturbios y víctimas fatales, la empresa elaboró otro estudio de impacto ambiental en el que planteó la desalinización de agua de mar para la extracción del mineral a tajo abierto, en reemplazo del agua del río. El Ministerio de Energía y Minas lo aprobó en 2014, con vigencia hasta agosto de este año, para que en ese lapso la empresa cumpliera otro requisito: que los afectados locales aprobasen el proyecto minero, una licencia social que no consiguió.

El lunes, fuentes empresariales filtraron la noticia de que Southern obtenía la autorización para la construcción de Tía María, pero el Ministerio de Energía y Minas se negó a confirmar a la prensa dicha versión. Al día siguiente, la empresa difundió un comunicado en el que afirmaba que “Southern Peru reitera su compromiso de no iniciar la construcción del proyecto sin antes generar, en coordinación con el Ejecutivo, espacios de diálogo en los que se absuelvan las inquietudes y se den las garantías que la población necesita, a fin de lograr un contexto social más favorable”.

A diferencia de la aprobación de otros grandes proyectos mineros, esta vez ni el Ministerio ni el Ejecutivo informaron sobre Tía María. Por ello, el jefe del Estado peruano ha recibido críticas desde varios frentes, no solo de los dirigentes de la provincia donde se ubican los dos yacimientos de cobre de Tía María. Congresistas de diversos partidos políticos le atribuyen falta de transparencia, mientras que el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, lo ha tildado de “traidor”.

Las autoridades provinciales y distritales de Islay acordaron el miércoles iniciar un paro indefinido, en coordinación con las juntas de riego y otras organizaciones sociales. El martes por la noche el diario La República informó de que unos 400 agentes de la División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional embarcaban desde la ciudad de Arequipa hacia los distritos de Islay que entrarán en paro indefinido. Según una reciente encuesta del Grupo Idessia realizada en la provincia de Arequipa, el 63% se opone a la licencia de construcción de la mina. Pero un segundo sondeo, hecho en septiembre del año pasado por Ipsos Perú en la provincia de Islay, situaba a un 59% a favor del proyecto.

Mariluz Marroquín, dirigente de la junta de usuarios de riego del valle del río Tambo, quiere, más que el diálogo con la empresa, que el mandatario peruano se haga presente en el valle. “Él [Vizcarra] dijo que iría. Hasta hoy sufrimos la contaminación de la fundición”, apunta en referencia a un informe de 1.500 páginas de la Contraloría, que probó en los años noventa que los humos de la fundición de otra operación de Southern Perú, en la cercana provincia de Ilo, contaminaban el valle del Tambo. Las autoridades ordenaron a la empresa resarcir a los agricultores afectados, pero nunca cumplió. El ingeniero Carlos Guillén, quien denunció a la minera ante la Fiscalía y ante un tribunal del agua en Holanda, fue asesinado en Arequipa en 1998 en circunstancias nunca esclarecidas. Antecedentes, todos ellos, que están en la memoria de los locales.

Alerta amarilla

Mientras en la capital de la región, Arequipa, y en la provincia de Islay se multiplican las asambleas para organizar las movilizaciones a partir del lunes que viene, el sistema de salud ha decretado una alerta amarilla para atender a los posibles afectados por un conflicto social y se evalúa la suspensión de las clases en 178 escuelas de Islay.

“Southern, como otras empresas de la gran minería, quiebran el sindicalismo con el poder económico: ofrecen dinero fresco a los trabajadores sindicalizados, no respetan ni las huelgas ni las negociaciones, ni las multas por infracciones laborales”, critica Jorge Juárez, secretario general del principal gremio de trabajadores mineros de Perú. Sostiene, además, que Southern carece de buenos antecedentes porque viola los derechos laborales y por ello teme un nuevo conflicto social: “El 70% de los trabajadores del sector minero son tercerizados, sin ningún derecho”.

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