Las candidaturas de mujeres marcan las presidenciales de Guatemala

Guatemala encara este domingo unas elecciones con un ambiente enrarecido, en la medida en que dos de las principales candidaturas han sido anuladas, medio centenar de aspirantes se han enfrentado a problemas legales y los jueces han tenido más relevancia casi que los futuribles presidentes. No obstante, si ha habido un gesto para muchos inédito en la política del país centroamericano es el papel que han jugado las mujeres. De hecho, de no prohibirse la participación de dos candidatas, estaría casi garantizado que de las urnas saldría la primera presidenta de Guatemala.

En un país conservador con innegables patrones machistas, donde solo hay 20 parlamentarias en un Congreso de 158 escaños, la irrupción de cuatro mujeres, de diferentes tendencias ideológicas que, con diferente fortuna, intentaron postularse a la presidencia de Guatemala, revela un cambio sustancial en la política centroamericana.

Sandra Torres parte como favorita en todas las encuestas en la primer vuelta electoral de este domingo, donde el dilema reside en ver quién se disputará la presidencia el próximo agosto -ninguna encuesta augura su victoriua en primera vuelta- con la líder política. Torres cobró relevancia en la arena política durante el mandato de su exesposo Álvaro Colom. En ciertam anera, desde el primer día de la presidencia de Colom (2008-2012) Torres ejerció, de facto, como primera ministra, una figura inexistente en la política guatemalteca. Hace cuatro años cayó en segunda vuelta ante un novato Jimmy Morales. Pese a haberse enfrentado al establishment en diversas ocasiones, la posible llegada de Torrres al poder no implicaría un cambio de regimen.

Sobre Torres pesa una demanda de financiamiento electoral no reportado, según una denuncia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). La fiscal general, Consuelo Porras, no obstante dejó pasar durante semanas el el expediente contra Torres y no lo envió al Tribunal Electoral hasta que esta había sido ya inscrita y, por lo tanto, gozaba de inmunidad.

Lo anterior dio pábulo a que se señale a Torres como una aliada de Jimmy Morales. No es su único inconveniente. La candidata es abiertamente rechazada por sectores como la patronal, que la acusa de haber militado en la guerrilla y, sobre ello, su conocido carácter autoritario que le ha creado muchos adversarios. Con todo y después de lustros dedicada a la política, es la figura más conocida entre los actuales contendientes y tiene una estructura partidaria muy sólida en todo el país.

La principal rival de Torres no estará en la boleta electoral de este domingo. La candidatura de Thelma Aldana, la ex fiscal general del país centroamericano, la opción de cambio más clara, fue prohibida. Aldana, que permanece por razones de seguridad fuera de Guatemala, reiteraba recietemente a este diario que su candidatura fue bloqueada por el miedo a rendir cuentas que priva entre los grupos que mantienen secuestrado al Estado: “Mi candidatura era molesta para las mafias y utilizaron el mismo sistema capturado para dejarme fuera”. Aldana, quien alcanzó notoriedad tras su paso por la Fiscalía y logró que grupos hasta ahora intocables terminaran en la cárcel, se muestra pesimista con respecto de que una mujer pueda llegar a la Presidencia en el mediano plazo. “Es muy difícil que en 50 años una mujer pueda alcanzar el poder en Guatemala”, cierra.

La otra candidata a la que se privó de participar en la contienda es Zury Ríos, hija del exdictador Ríos Montt, a quien se le aplicó el Artículo 186 de la Constitución, que prohíbe aspirar a la presidencia “a los parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad (…)” de quienes hayan ejercido el poder como producto de un golpe de Estado. Cuando Ríos Montt ejerció el cargo, entre marzo de 1984 y agosto de 1983, su hija apenas tenía 14 años.

La sorpresa mayúscula de las última semanas de la campaña ha sido el fulgurante crecimiento de la candidata de origen maya Thelma Cabrera, de 48 años, una aspirante a la que por su doble condición de indígena y mujer nadie daba la menor posibilidad. Goza, eso sí, de las simpatías del campesinado indígena que, aunque mayoritario, no tiene todavía la cohesión necesaria para convertirse en amenaza para el establishment.

Cabrera, cuyo idioma materno es el mam, ha trabajado los últimos 25 años en defensa de los derechos elementales de las mujeres, del campesinado indígena y de los ladinos (mestizos) más pobres. Políticamente creció en el Comité de Desarrollo Campesino, cuya lucha está enfocada en la lucha en contra de las empresas generadoras y distribuidoras de electricidad, extremo que le ha valido el rechazo del empresariado que acusa al su partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (surgido del seno de Codeca) de ser ladrones de electricidad. Entre su plan de trabajo destaca la necesidad de promover una Asamblea Constituyente, que incluya a los pueblos originarios. Ha insistido en que, de llegar a la presidencia, será respetuosa de la propiedad privada y revisará los contratos de las empresas extractivas que empobrecen al país y dañan el ambiente.