Matarnos sin culpa

Ya no pueden sorprendernos con algo peor. En El Salvador se repite esa frase en incontables ocasiones ante cínicos actos de políticos que parecen insuperables. Una vez tras otra, ese mantra ha sido el preludio de una decisión más vergonzosa, más humillante para miles de salvadoreños. El desatinado augurio ha vuelto a fallar. Los diputados lo han vuelto a hacer.

Esta vez no buscan quitar dientes a ninguna ley de probidad ni se han inventado viajes al extranjero para quedarse con los viáticos ni tampoco han financiado dudosas ONG de sus esposas con dinero público ni ningún diputado ha sido arrestado por ser narcotraficante. Esta vez buscan aprobar una ley que proteja a criminales de guerra y que convierta el informe de la Comisión de la Verdad, establecida tras los acuerdos de paz de 1992, en poco más que una reliquia de museo. Buscan, pues, poner un velo sobre la muerte, la tortura y la violación de miles.

La izquierda y la derecha que pelearon en la guerra se han alineado. Exguerrilla (el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN) y exgobierno (el partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA) han diseñado una propuesta de ley de reconciliación que, entre otras cosas, decreta que aquel informe llamado De la locura a la esperanza: la guerra de los 12 años en El Salvador “no tendrá valor probatorio”. De un plumazo los diputados de los partidos que reúnen a algunos de los señalados como criminales de guerra buscan invalidar la principal herramienta que documentó la verdad de las víctimas. Porque sí, sin más argumento que la tranquilidad de los suyos, recomiendan que todo el mundo ignore los 26 meses de investigación de la comisión, cuando la muerte estaba aún fresca, cuando la guerra aún humeaba; que se olviden los más de 2.000 testimonios directos de barbaries y también los más de 13.000 casos de asesinatos y masacres documentados, que incluyen el asesinato de San Óscar Arnulfo Romero, de los sacerdotes jesuitas, de más de 1.000 personas en la masacre del Mozote.

Proponen que se olvide la verdad ya escrita sobre la guerra porque no es útil a la hora de reconciliarnos. Esa extraña idea de que para reunirnos hay que olvidar qué fue lo que nos desunió. La frasecilla hecha de que hay que dejar que cierre la herida de una vez, cuando la “herida” es un hijo torturado, una familia masacrada, un arzobispo con el pecho roto de un balazo.

Pero los diputados no se conforman con la anulación del informe. Ya no pueden sorprendernos con algo peor, podría pensar alguien. Pues sí: la comisión que elaboró esta propuesta de ley estuvo formada por dos exmilitares que comandaron la guerra, una excomandante guerrillera y un abogado que fue acusado por la Comisión de la Verdad por obstruir la justicia en el caso jesuitas. Y hay más: no bastándoles con intentar anular el informe de la Comisión de la Verdad, intentan anular la cárcel como castigo para criminales de guerra. El peor castigo para torturadores, militares que ordenaron arrancar dientes y electrocutar pezones, sería de diez años de trabajo de utilidad pública. Para optar a ese enclenque castigo, los secuestradores, masacradores, violadores, tendrían que “colaborar con el esclarecimiento de los hechos”. Lo que les gusta la ambigüedad a los diputados. Lo que les encanta ese lugar donde todo es posible y nada es claro. Bajo esa construcción, aseguran algunos expertos de derechos humanos, un acusado podría decir que supo de los hechos cometidos por un militar ya fallecido y quedar como un aliado de la justicia sin haber dicho nunca “yo hice”, “yo maté”, mientras barre un parque en sus horas libres como compensación por la barbarie.

De momento, es un intento. Los partidos que empujan esta atrocidad legislativa tienen los votos necesarios y las ganas. Ahora habrá que ver si tienen el cinismo también. Los diputados de izquierda, por ejemplo, tendrían que dar el sí a una ley que lavaría la cara de militares que masacraron en zonas que ellos defendieron durante la guerra: “territorio liberado” llamaban a esas zonas; “compas” llamaban a muchos de los habitantes que perdieron a sus familiares en esas masacres.

Esto no es un intento aislado, sino una actitud regional y sostenida a través de los años. Desde las leyes de amnistía de los años noventa hasta los intentos recientes de diputados guatemaltecos de hacer en esencia lo mismo que ahora intentan los salvadoreños, quienes legislan esta esquina violenta del mundo insisten: perdón y olvido. Pero cuando uno escarba en la literatura legislativa que proponen, entiende que más bien es a secas: olvido.

El Salvador es uno de los países más homicidas del mundo. En gran medida porque la muerte va de la mano con la impunidad. Una masacre no esclarecida es, como mucho, titular un día. Un asesinato no resuelto no es nada. Cotidianidad.

En 2012, el veterano corresponsal de guerra Jon Lee Anderson volvió a El Salvador invitado a disertar sobre la impunidad en el país al que vio desangrarse en su guerra civil. Anderson hablaba de la impunidad remanente desde los años de dictaduras como la raíz de la degeneración moral en países como El Salvador y Guatemala. El homicidio impune es el ejemplo más evidente de esa degeneración. Y eso en El Salvador no es una casualidad, sino un sistema: en la actualidad hay fiscales que investigan homicidios y tienen asignados 500 casos. Si es joven asesinado en barrio pobre y controlado por pandillas, me explicó uno de esos fiscales, el expediente se tira a la gaveta más olvidada de su escritorio hasta que haya pasado un tiempo prudente para archivarlo definitivamente. Quien piense que la situación actual de violencia en un país como El Salvador no tiene relación directa con la impunidad de los crímenes de guerra, evalúa muy mal, dijo Anderson en aquella visita.

La impunidad, como de nuevo nos recuerdan los diputados con su nueva propuesta de ley, es base en estas sociedades. La impunidad como lección se imparte de arriba para abajo, y en El Salvador los diputados son insignes maestros. La única forma de revertirlo es desde el extremo opuesto: de la ciudadanía y sus organizaciones hacia los diputados y sus conspiraciones. Si no han logrado ser más descarados ha sido gracias a revelaciones periodísticas, a la lucha de organizaciones de defensa de los derechos humanos y, más importante aún, a la digna terquedad de las víctimas. Algunas de ellas, como quienes sobrevivieron a la masacre del Mozote, llevan 38 años contando a quien quiera escucharles cómo aquellos militares del batallón Atlacátl descuartizaron, violaron, incendiaron. Son guardianes de la memoria, aunque esa memoria los siga torturando, y aunque se enfrenten a un Estado que constantemente les grite a la cara: olvido, olvido. Solo ese empuje puede lograr que algún día la frase con la que inicia este artículo sea por fin cierta.

Ya no pueden sorprendernos con algo peor.

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