Colombia: ¿zancadillas a la paz?

Panorama nada simple y, por cierto, con escollos y complejidades; digamos que lo propio de una transición luego de más de 50 años de conflicto en Colombia. En ese contexto era meritorio lo que parecía ser un compromiso del Gobierno de Iván Duque de no trabar la continuidad del proceso de paz, aunque sí —comprensiblemente— darle un “toque” en un par de aspectos puntuales.

Me referí a este asunto, en esta columna, días antes de la inauguración del Gobierno del presidente Duque (¿Colombia hará trizas el acuerdo de paz?, 27/7/18). Critiqué las previsiones catastrofistas de que el nuevo Gobierno haría “trizas” los acuerdos. El presidente electo señalaba que, de haber ajustes, estos se harían siguiendo el curso institucional regular. Ninguno de los ajustes, además, afectaba al “corazón” de los acuerdos, cuya esencia, además, había quedado incorporada en la propia Constitución (2017). El suelo, pues, parecía estar tranquilo.

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Sin embargo, otros criterios han entrado a tallar impulsando las cosas en una dirección distinta. Eso se desprende de las iniciativas anunciadas la semana pasada por el propio Duque sobre un componente medular de los acuerdos: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el contenido de su ley estatutaria (lo que en otros países se denomina ley orgánica).

La JEP y su funcionamiento es el componente esencial para aplicar justicia a los responsables y disponer reparaciones para las víctimas. Y ya está operando. Ante ella, por ejemplo, están compareciendo dirigentes de las FARC en procesos sobre secuestros en los que se les atribuye responsabilidad penal. No entro aquí a las complejidades jurídicas que contienen los cambios sugeridos sino a dos asuntos que aparecen como los medulares.

Primero, el antecedente: el texto de la ley fue materia de amplia discusión antes de su aprobación en el Congreso (noviembre de 2017); por ser ley estatutaria, le siguió un minucioso análisis por la Corte Constitucional. En su fallo de 750 páginas (C-080/18), la Corte declaró constitucional buena parte de la ley y excluyó algunos artículos que consideró inconstitucionales.

Fue remitida luego al Gobierno (diciembre de 2018) para que dictase la ley. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, afirmó sobre todo ese proceso: “Ya hay cosa juzgada constitucional”. La ley quedaba expedita, pues, para su promulgación y aplicación. Es dentro de ese marco de “cosa juzgada constitucional” que el presidente Duque anunció objeciones a ese texto legal de constitucionalidad “santificada”. La lógica hubiera indicado que el paso que correspondía era ponerla en ejecución.

Segundo, al ser objeciones de naturaleza constitucional, muchos analistas de peso consideran que se estaría confrontando una sentencia —irrevisable— de la Corte Constitucional. En febrero el presidente había declarado que no objetaría la ley ni confrontaría a la Corte Constitucional, pero se conocieron la semana pasada esas seis objeciones presidenciales. Desde el punto de vista formal no se puede objetar el derecho de iniciativa legislativa del ejecutivo. De suyo se puede deducir, sin embargo, que de convertirse algunas de esas propuestas presidenciales en ley, por lo anterior previsiblemente las “tumbaría” la Corte Constitucional en su fase de revisión.

Mejorar la JEP es bueno y necesario. Pero es difícil de entender este viraje hacia una aproximación confrontativa y atentatoria del principio democrático de separación de poderes. Este paso no es consistente con la forma en la que Duque ha venido ejerciendo su función; más bien, puede fomentar la polarización y acabar respondiendo, a fin de cuentas, a agendas de políticos que están pensando, acaso, en un clima que, por ejemplo, les pueda ser útil de cara a las venideras elecciones regionales. Es de desear que, en este contexto, el presidente Duque, con su agenda, reafirme sus condiciones de estadista, de la que ya ha dado muestras valiosas.