Las estrecheces fiscales de Ecuador disipan los recelos al FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pasado de ser vade retro a socio estratégico de Ecuador. Apenas dos años después del cambio presidencial, el país latinoamericano ha eliminado todas las barreras que el régimen de Rafael Correa se había autoimpuesto en política económica. El programa de Lenín Moreno no tuerce el gesto al negociar con Estados Unidos ni con organismos multilaterales como el propio Fondo. Al contrario, ambas partes se han ido concediendo gestos de cercanía que han desembocado en el anuncio, este martes, de un primer paso para que Ecuador acceda a un "acuerdo financiero integral" con el ente basado en Washington.

La situación de las arcas públicas ecuatorianas, golpeadas por el excesivo endeudamiento heredado del Gobierno de Correa, ha conducido al país a abrir las miras en cuanto a posibles prestamistas. El riesgo país, el segundo más alto entre los países emergentes, solo superado por Venezuela, ha estrechado la posibilidad de emitir deuda soberana en unas condiciones aceptables para Ecuador. Las últimas emisiones se han dado a plazos más bien cortos —no más de 10 años— y con unas tasas de interés que oscilan entre el 6% y el 10%. El objetivo, según los planes de la nueva dirección económica, es acceder a un programa más flexible y barato que, pese a las exigencias del FMI, no conlleve un ajuste drástico.

En esta nueva senda, Moreno se reunió a finales de enero durante el Foro de Davos con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde. Se traspasaron entonces dos líneas rojas marcadas por el exmandatario Correa: la presencia de Ecuador en el Foro Económico Mundial por primera vez en 16 años y la inédita cita con Lagarde. Pese a los guiños mutuos y la bienvenida que el país latinoamericano había dado a equipos técnicos del FMI en los meses previos, el Gobierno de Moreno había desdeñado hasta ahora reconocer que estaba buscando un acuerdo financiero. Hasta que este martes, cuando de forma claramente coordinada ambas partes reconocieron haber dado el primer paso.

"En este marco de colaboración internacional, representantes y técnicos del FMI y de los demás organismos internacionales se encuentran manteniendo reuniones de trabajo con las principales autoridades del país con la intención de profundizar el diálogo para alcanzar un apoyo financiero integral", recogía el comunicado oficial de Ecuador. Esas tres últimas palabras confirmaban lo que llevaba resonando medio año como un grito mudo en la cúpula de la gestión económica. “Las autoridades ecuatorianas y el FMI acordaron profundizar el diálogo con el objetivo de trabajar hacia un posible acuerdo financiero respaldado por el Fondo como socio estratégico”, apuntalaba el organismo internacional en otra nota.

Más allá de reconocer ese primer paso para tratar de materializar el inicio del diálogo en un acuerdo, ninguna de las dos partes quiso adelantar más detalles. Consultadas por EL PAÍS, fuentes del FMI que este anuncio es solo la confirmación de que Ecuador y el multilateral han iniciado el camino para llegar a un pacto y que, por tanto, aún no hay un acuerdo sobre la mesa: ni en cuanto a montos ni plazos ni otras exigencias de ajuste. Sin embargo, en los medios ecuatorianos ya circula una cifra: 10.000 millones de dólares en un programa a tres años vista.

"Este posible acuerdo buscará proteger a los pobres y más vulnerables, impulsar la competitividad y la creación de empleo, mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción, así como fortalecer las bases institucionales de la dolarización", precisaba el FMI en su pronunciamiento, en línea con los deseos del Gobierno ecuatoriano de que la ayuda financiera del multilateral no lleve aparejada una exigencia de recortes drásticos que pueda repercutir en la población.

Desde la llegada de Moreno a la presidencia, el país latinoamericano ha cambiado de rumbo en política económica. Sin abandonar el discurso dirigido a las clases sociales más vulnerables, el Ejecutivo ecuatoriano ha tomado decisiones que apuntan hacia una tendencia más liberal, más amable con el sector privado, frente a la estrategia del régimen anterior de colocar al Estado como motor económico nacional.

En 2018 se comenzaron a aplicar medidas de austeridad en el gasto y en la inversión pública, y se eliminaron subsidios a los combustibles. Pero no fueron suficientes: el alto nivel de endeudamiento —que superó con Correa el límite máximo constitucional del 40% del PIB, una cifra elevada para los estándares de un país emergente— y el desequilibrio fiscal entre ingresos y gastos ha forzado cada año un aumento del desequilibrio presupuestario. Desde que asumió las riendas de la cartera de Finanzas Richard Martínez, antiguo líder empresarial, es dejar en cero el déficit fiscal primario —gastos menos ingresos sin tener en cuenta el coste de la deuda— en 2021. Aun así, las necesidades de financiamiento de Ecuador rondaron el año pasado los 8.000 millones de dólares. Ahí es donde el FMI podría entregar el balón de oxígeno que necesita Ecuador para enderezar el rumbo del erario a largo plazo.