El fiscal general de Perú intensifica la presión contra el equipo que investiga el ‘caso Lava Jato’

El equipo especial de la Fiscalía de Perú que investiga el caso Lava Jato tiene a su cargo 40 piezas relacionadas con la corrupción de Odebrecht que alcanzan, entre otros líderes políticos, a expresidentes como el líder aprista Alan García y la líder de la oposición, Keiko Fujimori. No obstante, mientras esos investigadores esperan la llegada de pruebas desde Brasil, prevista para enero, ha aumentado el asedio del fiscal general, Pedro Chávarry, contra los dos fiscales más expuestos del equipo. Se trata de Rafael Vela y de José Domingo Pérez. Chávarry asumió el cargo en julio y tiene la protección de la mayoría fujimorista en el Congreso, que impide que lo investiguen por su vínculo con la red de corrupción en el sistema de justicia, llamada los Cuellos Blancos del Puerto.

El fiscal general tiene como asesor a un servidor público recomendado por la bancada fujimorista de Fuerza Popular y cuenta como colaboradora a una ex fiscal general cercana al Partido Aprista. El fiscal superior Vela es el coordinador del llamado Equipo Especial Lava Jato y Pérez es el fiscal provincial que, a finales de octubre, pidió la prisión preventiva de la líder del fujimorismo para que no obstruya las pesquisas en su contra por lavado de activos. Fujimori es investigada por el financiamiento de su campaña electoral de 2011, cuando presuntamente recibió 1.2 millones de dólares de la constructora brasileña.

Desde el 31 de octubre, la hija mayor del autócrata Alberto Fujimori está arrestada y un tribunal decidirá la apelación de esa medida antes de Navidad. La noche del jueves 7 de diciembre, fiscales de ese equipo, la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato y el superintendente de Odebrecht en Perú firmaron un acuerdo de colaboración que obliga a los exejecutivos de la empresa a declarar y a entregar más pruebas para las más de 40 investigaciones de sobornos y fondos de campaña entregados ilegalmente por la firma brasileña en Perú.

Los fiscales lograrán una gran remesa de material probatorio a mediados de enero, cuando viajen a Brasil a interrogar a más de 20 directivos de Odebrecht. Por medio del acuerdo, la constructora garantiza la validez de las pruebas entregadas a la Fiscalía desde 2017 sobre estos casos. Adicionalmente, el gigante brasileño se ha comprometido a proteger por 20 años el archivo de documentos de su operación en Perú.

Tras conocerse que la constructora pagará 181 millones a Perú por reparación civil y acepta que cometió delitos en cuatro concesiones -una de ellas la obra de Línea 1 del Metro de Lima gestionada durante el segundo Gobierno de García- la hostilidad del fiscal general ha arreciado contra los miembros más visibles del equipo de Lava Jato. Las interferencias consisten en procesos disciplinarios internos, constantes pedidos de información, absolución de criticas por escrito, despido de personal, y la no asignación de oficinas.

En julio estallaron las revelaciones sobre la red de corrupción en el sistema de justicia, mediante audios -de escuchas telefónicas legales- de jueces, fiscales, empresarios y políticos. Algunas eran conversaciones del actual fiscal general con magistrados corruptos, como el destituido juez supremo César Hinostroza, cuya extradición de España está pendiente. Poco después, ante una pregunta en un programa de televisión, el fiscal provincial Pérez comentó que Chávarry no era “idóneo” para el cargo, y entonces empezaron las investigaciones en su contra por “infracción administrativa”, promovidas por el fiscal general y alentadas por el fujimorismo. En tres meses, le han abierto 14 procesos disciplinarios.

Clima hostil

“Hemos sido permanentemente hostilizados. Al fiscal Pérez se le ha iniciado una serie de investigaciones internas en la institución. Todas relacionadas con incidencias que tienen vinculación con este caso", dijo el sábado Vela en la audiencia de apelación de la detención de Keiko Fujimori.

Los fiscales Vela y Pérez tienen condición de titulares en el Ministerio Público y no pueden ser destituidos. Por su pericia como investigadores fueron destacados al Equipo Lava Jato y el encargo debería ser prorrogado el 31 de diciembre, cuando vence, pero la prensa y las versiones en los corrillos judiciales insisten que las resoluciones para que retornen a sus fiscalías de origen ya están redactadas. Sostienen que el fiscal general espera la distracción del de fin de año para publicarlas en el diario oficial.

Pese a esta presión administrativo y la falta de una oficina para proteger las pruebas, los 20 fiscales del equipo de Lava Jato dividen su tiempo entre las diligencias y en responder a las gestiones promovidas en su contra por el fiscal general. “Damos el pleno respaldo del Ejecutivo, respetando la independencia de poderes, a que los fiscales a cargo de estas investigaciones permanezcan en el cargo hasta concluir las mismas: debemos fortalecer la lucha anticorrupción”, dijo el presidente Martín Vizcarra, el lunes a la prensa.

Una fuente de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato informó a EL PAÍS de que de las 42 investigaciones, las más avanzadas son la de la Carretera Interoceánica Sur -por la que el expresidente Alejandro Toledo habría recibido 20 millones de dólares en sobornos- y la Vía de Evitamiento en Cusco, también en el sur del país.