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México aprueba una Fiscalía General sin plena autonomía del presidente

El Congreso, con mayoría del gobernante Morena, da luz verde a la ley que creará la nueva institución y que no limita la influencia del Ejecutivo

Fiscalía General de la República
La Cámara de Diputados de México. Cuartoscuro

México ya prepara los membretes de la nueva Fiscalía General de la República (FGR). La Cámara de Diputados ha aprobado este martes la creación del organismo que sustituirá a la antigua Procuraduría General de la República (PGR), que dependía de la presidencia. Sin embargo, la ley, impulsada por la mayoría parlamentaria de Morena, el partido en el poder, no contempla cambios constitucionales para limitar la influencia del Ejecutivo en la designación y remoción del próximo titular de la FGR. La nueva normativa ha desatado críticas de la oposición y de Fiscalía que sirva, una coalición de 300 organizaciones que aboga desde hace dos años por un modelo de procuración de justicia que combata la crisis de impunidad que azota al país.

La aprobación de la ley orgánica, que ya pasó por el Senado a mediados de noviembre, destraba los escollos formales que impedían la puesta en marcha de la nueva fiscalía y era una tarea que había quedado pendiente desde que se aprobó un paquete de reformas políticas en 2014. La creación de la FGR permite que entre en la discusión de los presupuestos para 2019, prevista para finales de esta semana en el Congreso, y da visos de su nueva estructura con cuatro fiscalías especializadas: derechos humanos, delitos electorales, combate a la corrupción y asuntos internos. El nombramiento del próximo fiscal se perfila para inicios del próximo año.

Desde octubre del año pasado, México no tiene a nadie a la cabeza de su órgano principal de procuración de justicia, dejando una vacante marcada por los interinatos y los encargados de despacho. Hay que remontarse, incluso, al periodo entre 1982 y 1988 para encontrar un procurador que permaneciera seis años en el cargo, lo que dura un Gobierno. A partir de que se declare la creación de la FGR y ante la ausencia del titular, el Senado tendrá 20 días para mandar al presidente una lista de 10 candidatos validados por dos tercios de la Cámara alta. Andrés Manuel López Obrador escogerá una terna de esa selección, que será votada de vuelta por los senadores.

La nueva ley surgió a partir de una serie de mesas de trabajo entre los legisladores de Morena, académicos y los colectivos Vamos por más y Fiscalía que sirva. La condición del nuevo Gobierno era impulsar una iniciativa que fuera lo más completa posible sin la necesidad de nuevas reformas constitucionales en seguridad y justicia, por lo que quedaron fuera, al menos de forma transitoria, puntos clave para garantizar la autonomía de la fiscalía. El compromiso era dar celeridad a la creación del organismo para que después el nuevo fiscal propusiera los cambios necesarios para una reforma integral. Lo que molestó a las organizaciones fue el anuncio de la creación de la Guardia Nacional, que requiere precisamente de una reforma constitucional y contradice, en su opinión, el pacto de no tocar la Constitución.

"El resultado es la aprobación de una ley sin el asidero constitucional necesario para el funcionamiento de la fiscalía", señala Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana y miembro de Fiscalía que sirva. El colectivo exige una reforma al artículo 102 sobre el perfil de los candidatos, la duración en el cargo y el proceso de nominación con un comité ciudadano de designaciones; al artículo 89 para eliminar la facultad del presidente de destituir al fiscal; al artículo 123 para garantizar la movilidad laboral con un servicio profesional de carrera, y al artículo 19 transitorio para acabar con el pase automático de los funcionarios de la PGR a la FGR, entre otros. "No vamos a tener una fiscalía realmente autónoma sin estas reformas constitucionales", afirma María Elena Morera, directora de Causa en común: "Ya creamos el cascarón: es un avance, pero no es suficiente".

Morena defiende que la creación de la Fiscalía General será un primer paso necesario en su agenda de combate a la corrupción y la impunidad, una bandera que catapultó a López Obrador a la presidencia y le dio la mayoría a su partido en ambas Cámaras, y descarta las dudas sobre la autonomía del nuevo organismo como un "falso debate" porque habrá contrapesos en el Senado. "Es una ley impostergable, reformar la constitución toma mucho tiempo y es irresponsable no dar herramientas al nuevo Gobierno para hacer frente a esta crisis, México no puede estar sin fiscal", responde Luis Fernando Salazar, diputado de Morena.

"Morena y sus aliados nos están negando la oportunidad de fortalecer el sistema de procuración de justicia", reclamó Juan Romero Hicks, líder parlamentario del conservador Partido Acción Nacional, en un comunicado. "Quienes hoy se quejan, se olvidan de que antes votaron a favor del artículo 102", revira Salazar. La discusión parlamentaria subió de tono ante las protestas de la oposición después de que no se admitiera ninguna reserva.

"Pensar que una Fiscalía General resolverá esta crisis es un error, López Obrador ha mostrado voluntad para combatir la impunidad y la corrupción, pero necesita apostar por instituciones locales y nacionales independientes para cambiar el modelo de justicia", apunta Morera. Las organizaciones piden tiempo para las reformas necesarias, mientras el partido gobernante argumenta que la creación de la fiscalía es urgente. El compromiso de Morena es convocar en febrero a todas las fuerzas políticas para apuntalar la nueva Fiscalía con las reformas que reclama la sociedad civil y que serán necesarias en la transición al nuevo modelo.

En el centro del debate está la estructura para afrontar casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa —empantanado y marcado por la falta de conclusiones convincentes a cuatro años de haber sucedido— o la red de sobornos de Odebrecht, sin consecuencias penales en México. Las deficiencias en la procuración de justicia y la falta de confianza en las instituciones provocan que el 94% de los delitos no se denuncien, según datos oficiales, y que la probabilidad de que un delito sea resuelto en el país apenas supere el 1%, de acuerdo con la organización Impunidad Cero.

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