Los peruanos reprueban al Congreso, de mayoría fujimorista, en la consulta constitucional

Más de 13 millones de peruanos reprobaron el domingo al Congreso, de mayoría fujimorista, en el referéndum convocado para reformar cuatro puntos de la Constitución. Con el 95% de los votos escrutados, casi el 86% de los electores se expresó a favor de prohibir la reelección inmediata de los parlamentarios y más del 90% dijo no al regreso del Senado, en lo que habría supuesto la reimplantación de un sistema bicameral en el cuarto país más poblado de América del Sur. Desde julio de 2016, uno de los primeros puntos en la agenda política del Parlamento es torpedear al Ejecutivo de Martín Vizcarra, de corte liberal, una acción que ya comenzó cuando su predecesor —Pedro Pablo Kuczynski— estaba en la presidencia. Y el castigo de las urnas —a las que acudieron 16,6 de los 22 millones de electores llamados a las urnas en un país en el que el voto es obligatorio bajo multa— a sus tesis ha sido severo.

El Gobierno sometió al criterio popular cuatro cambios en la Carta Magna: la reforma de la entidad que nombra jueces y fiscales —que en adelante se llamará Junta Nacional de Justicia, en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura—, una nueva regulación del financiamiento de los partidos políticos y las dos mencionadas sobre la reelección inmediata de los congresistas y la bicameralidad. Las normas ya habían sido aprobadas por el Congreso en octubre, y el referéndum debía abreviar su entrada en vigor, evitando así tener que esperar a una segunda votación en la legislatura ordinaria que empieza en marzo del año que viene.

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Desde el lunes, cuando se empezaron a conocer los primeros resultados del escrutinio, congresistas de bancadas no fujimoristas acusaron recibo del masivo rechazo y propusieron una legislatura extraordinaria para debatir las leyes urgentes de reforma política y de justicia iniciadas con la consulta. Este martes, el presidente del Congreso anunció la prórroga de la legislatura hasta el 30 de enero para que aborden estos temas.

El referéndum fue planteado por Vizcarra el verano pasado, aprovechando las demandas anticorrupción expresadas en manifestaciones en las calles en las principales ciudades del país, luego del escándalo de los audios de la mafia del aparato de justicia formada, entre otros, por un juez de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Superior del Callao, fiscales, congresistas, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, y empresarios ligados al partido fujimorista Fuerza Popular, que lidera la excandidata presidencial Keiko Fujimori, hija del autócrata Alberto Fujimori, que gobernó Perú entre 1990 y 2000.

Desde julio —cuando el Parlamento defenestró a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura por traficar con el nombramiento, remoción y ratificación de magistrados—, Perú no cuenta con una entidad que se encargue de dichas funciones y, por tanto, no ha podido deshacerse de los fiscales y jueces investigados por formar parte de la red de corrupción Cuellos Blancos del Puerto.

Este martes, el primer ministro del Ejecutivo de Vizcarra, César Villanueva, se sumó a los congresistas que pedían convocar a una legislatura en enero para debatir y aprobar la ley orgánica de la nueva Junta Nacional de Justicia, de modo que luego pueda convocarse el concurso para nombrar a sus miembros. "Los resultados del referéndum nos comprometen a trabajar y lograr que las reformas se concreten lo más rápido posible. Lo urgente ahora es la creación de la Junta Nacional de Justicia", apuntó en una entrevista radiofónica. "Este es el momento en que el Parlamento debe demostrar una actitud de deseo por impulsar las reformas que requiere el país. Tenemos que hacer ver que la institucionalidad democrática funciona y el Congreso cumple un papel fundamental en ello".

Horas después, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry —un exdirigente regional del Partido Aprista que ingresó al Parlamento con la formación fujimorista Fuerza Popular— anunció a través de la red social Twitter la ampliación de la legislatura ordinaria hasta el 30 de enero, “para tratar dictámenes y proyectos de ley que se incluyan en la agenda por acuerdo de la junta de portavoces”.

No al Senado; sí a la penalización del financiamiento irregular

La otra pregunta del referéndum en la que se expresó el rechazo al punto de vista del Legislativo fue la amplísima mayoría de electores en contra del restablecimiento de la bicameralidad. El Senado existió en Perú hasta 1992, cuando Alberto Fujimori dio un autogolpe y echó el cierre al Parlamento y al Poder Judicial. Actualmente, el Congreso tiene 130 miembros en una sola Cámara. La intención fujimorista no era únicamente el regreso de esta segunda instancia del Legislativo, sino dar rango constitucional a una modificación que hizo la propia mayoría de Fuerza Popular al reglamento del Congreso con el fin de manipular una atribución del Ejecutivo, la llamada "cuestión de confianza".

De acuerdo con la Constitución peruana, el presidente del Consejo de Ministros —un cargo también conocido como primer ministro— puede plantear al Parlamento un asunto o moción solicitando exprese confianza al gabinete. Si el Congreso niega dos veces la confianza a un mismo Gobierno, el presidente puede cerrar el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias. Vizcarra llamó a votar por el no para evitar la desnaturalización de dicha atribución presidencial. Y ganó el no: una muestra de respaldo al Ejecutivo actual y de rechazo al fujimorismo.

El otro aspecto consultado el domingo fue la penalización del financiamiento ilegal de los partidos políticos, que sí se incluirá en la Constitución después de cosechar más del 85% de los sufragios a favor. Hasta ahora, la financiación a espaldas de la ley solo figura con sanciones administrativas.