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La justicia ordena prisión preventiva para cinco colaboradores de Keiko Fujimori

Perú investiga el entorno de la dirigente fujimorista por lavado de activos. Cuatro están arrestados y uno sigue en EE UU

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Keiko Fujimori, retratada el pasado 17 de octubre. AFP

A mediados de octubre, el fiscal José Domingo Pérez pidió prisión preventiva para la presidenta del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y 11 personas más, a quienes investiga por lavado de dinero procedente de la contabilidad paralela de la constructora brasileña Odebrecht en la campaña electoral 2011. A medianoche del viernes, el juez Richard Concepción dictó las dos últimas decisiones en este caso y dispuso la prisión preventiva por tres años para el exministro del Gobierno de Alberto Fujimori, Jaime Yoshiyama: con él suman cinco los colaboradores más cercanos de la líder de la oposición bajo esa restricción. Además, la secretaria personal de la excandidata presidencial tiene un impedimento de salida del país y la extesorera del partido, arresto domiciliario.

Lo peculiar de este grupo es que tomaban decisiones en Fuerza Popular (y en el pasado en Fuerza 2011) en la opacidad, en relación directa con la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori, y orientaban la opinión de los congresistas del partido, que constituyen la mayoría opositora en el Congreso desde julio de 2016.

El magistrado Concepción ordenó una orden de captura nacional e internacional para Yoshiyama pues el exjefe de campaña electoral en 2011 permanece en Miami: su abogado había indicado que después del 20 de noviembre su cliente volvería a Perú tras una cita médica posterior a una cirugía ocular, pero en la audiencia del viernes informó que habría otra consulta médica el 4 de diciembre. "¿Por una cita de seguimiento no ha vuelto al país? ¿Su cliente sabe que hay un pedido de prisión preventiva?", preguntó el juez Concepción, mientras el abogado conversaba por WhatsApp con Yoshiyama, quien también ha sido secretario general de la formación política.

El fiscal provincial José Domingo Pérez investiga a Keiko Fujimori, sus colaboradores y aportantes falsos de la campaña 2011 por haber formado una organización criminal que se enquistó en Fuerza 2011 para blanquear 1.200.000 dólares procedentes de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, es decir, el área de sobornos y la caja paralela del gigante brasileño. Tanto el juez como el fiscal identificaron que Fujimori y sus consejeros obstruían las pesquisas usando sus contactos con jueces y fiscales investigados por ser parte de la mafia de corrupción en el sistema de justicia, llamada Cuellos Blancos del Puerto.

La noche del viernes el juez ordenó también prohibir la salida durante tres años para el exsecretario de economía de Fuerza 2011, Augusto Bedoya, quien, según una declaración ante la fiscalía del exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, coordinó con él y con Yoshiyama la entrega de un millón de dólares para la campaña de 2011. Concepción además le ordenó no contactar con los otros 10 imputados por lavado de activos.

Las otras personas que están bajo prisión preventiva son Vicente Silva Checa, consejero legal del fujimorismo; Pierre Figari y Ana Herz de Vega, asesores políticos de Keiko Fujimori; y Luis Mejía Lecca, expersonero legal y extesorero alterno de Fuerza 2011 quien hasta hace un par de semanas era el jefe de la oficina de defensa de las leyes en el Congreso. Silva actuó como testaferro (prestanombres) del jefe de facto de las fuerzas armadas, Vladimiro Montesinos, en la compra de un canal de cable para poner la línea editorial del medio al servicio de la segunda reelección de Alberto Fujimori en el año 2000. En tanto que Herz fue una de las dos asesoras personales de Keiko Fujimori cuando se desempeñó como primera dama del Gobierno de su padre en la década de los años 90.

Giancarlo Bertini, una de las personas que buscaba aportantes falsos, que recibía el dinero en efectivo y pedía a terceros que lo depositara en la cuenta de Fuerza 2011, también tiene orden de prisión preventiva, pero la noche del viernes el juez Concepción informó que se fugó del país el 21 de octubre.

Bertini hizo dichas gestiones a petición de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama, quien hace un par de semanas delató a su tío y dijo que recibió de él 800.000 dólares para la campaña. El juzgado ordenó para Yoshiyama Sasaki comparecencia con restricciones e impedimento de salida, en virtud de la información que ha proporcionado a la fiscalía.

Alan García, en vilo

Mientras tanto, el expresidente Alan García, líder del Partido Aprista, cumple su sexto día cobijado en la residencia diplomática de Uruguay en Lima, luego de que un juez le ordenara permanecer en el país por 18 meses.

El fiscal Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, pidió el arraigo de García –quien residía en Madrid- para investigarlo por tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos, debido a las pruebas que recibió de Odebrecht sobre un pago –abonado en 2012 al exjefe de Estado- de 100.000 dólares, procedente de la contabilidad paralela.

Aunque García dijo el sábado que permanecería en Perú para presentar las pruebas a su favor, entró a la casa del embajador Carlos Barros horas después alegando "persecución política".

La Cancillería peruana y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, sostienen que no hay plazo para que el Gobierno de Uruguay responda y, si otorgara el asilo, tampoco lo hay para que Perú entregue el salvoconducto. El Gobierno de Martín Vizcarra entregó el martes a Uruguay una nota diplomática que describe las cinco investigaciones fiscales que el Ministerio Público sigue a García, por delitos comunes, vinculados con corrupción.

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