Andrés Manuel López Obrador por encima de todo

México vive una situación inédita. Enrique Peña Nieto, presidente en funciones, y sus secretarios de Estado desaparecieron –salvo el de Economía que parece ser el más responsable o el único que tiene la conciencia tranquila- como si se hubieran dado a la fuga el 2 de julio, es decir, al día siguiente de la elección que dio un sólido 53% del voto a Andrés Manuel López Obrador. Su partido, Morena, se aseguró la mayoría en el Congreso con 191 diputaciones y 55 senadurías; y de ocho gubernaturas en juego los lopezobradoristas alcanzaron cuatro. Así que han quedado bien servidos quienes se quejaban de los gobiernos divididos en los que el presidente tenía que gobernar con un congreso de oposición. Desde 1997 no teníamos un gobierno con mayoría; la aplanadora legislativa está de vuelta.

Fue tan abrumadora la victoria de Morena que los peñistas se sintieron descalificados y dejaron el paso franco al lopezobradorismo. El 2 de julio se inició un interregno que ha durado cinco meses; mientras el gobierno saliente se desmorona, incapaz de defender lo que podría ser su legado, o a ciudadanos que no son lopezobradoristas, el entrante avanza despiadado emitiendo disposiciones que son y no son leyes, organizando consultas populares que son y no son vinculatorias, porque su naturaleza jurídica es materia de discusión, en la medida que estamos hablando de acciones de un gobierno que en términos estrictos aun no lo es porque el plazo constitucional de inicio es el 1º de diciembre.

En estas condiciones a los ciudadanos toca mirar atónitos e indefensos una tramoya que no tiene nada de espontánea. Parecería que en realidad los pactos siguen siendo la base de una continuidad que López Obrador y Peña Nieto mostraron al mundo cuando el presidente electo invitó a comer a su casa a su antecesor para agradecerle “todas sus atenciones”. Aunque todo sugiere que Andrés Manuel tuvo más atenciones hacia Peña cuando declaró que no perseguiría a los corruptos, incluso si eso supone violar la ley.

Desde su elección en julio pasado, López Obrador ha retomado el discurso populista tradicional que ve en el pueblo solo bondad, pureza y sabiduría, y se presenta él mismo como su servidor, como un simple ejecutor de sus decisiones. Pese a que siempre supimos que López Obrador cojeaba de ese pie, durante la campaña electoral de 2018, moderó actitudes y palabras para conjurar el riesgo de que sus adversarios lo denunciaran como un “peligro para México”, como ocurrió en 2006 cuando contendió contra Felipe Calderón, candidato de la vieja derecha mexicana.

En 2018 uno de sus principales objetivos era tranquilizar a sus opositores, el empresariado en primer lugar, y luego, a sectores de clase media, sobre todo en la ciudad de México, que recordaban con ansiedad la toma de Paseo de la Reforma que llevaron a cabo los lopezobradoristas para protestar contra el fraude que según ellos, se había cometido contra AMLO. También buscó desmentir a aquéllos que lo denunciaban como agente del chavismo venezolano. Mostró una buena disposición a discutir con periodistas y con intelectuales, aunque el verbo no es su fuerte. Más de uno se felicitaba de la aparente transformación del agitador en político serio, respetuoso de las instituciones y las leyes.

Sin embargo, el 53% y su efecto intimidatorio sobre Peña Nieto y los suyos, trajeron de regreso a nuestro viejo conocido, para quien la política de la calle es el oxígeno que le da vida y energía. López Obrador es otra vez el político insolente que ridiculiza a las oposiciones, que hace política de la intuición –por no decir de la tripa--; el que todo lo politiza, que desconfía del conocimiento y de los especialistas, porque seguramente son neoliberales, enemigos del pueblo. El ejemplo emblemático de esta actitud y del imposicionismo que la acompaña es haber suspendido la construcción del aeropuerto de Tezcoco. Contra los estudios de ingeniería aeronáutica que dictaminaron que esa ubicación era la más recomendable para una instalación que urge a la ciudad de México, y al país, López Obrador quiso mostrar músculo y poner en práctica una decisión con la que llegó al poder: cambiar la ubicación del aeropuerto. Poco importa lo gastado en 30 por ciento de avances de la obra, menos todavía los dictámenes de especialistas en aeronáutica de la OACI o de MITRE. Así pretende castigar el “mayor acto de corrupción de la historia”, y lo hace de esta manera porque ha renunciado a aplicar las leyes que castigan a los corruptos, a los que generosamente ha amnistiado.

En los meses de septiembre y octubre López Obrador se entregó a un frenesí de proyectos que fueron anunciados como actos de gobierno, dado que tenían el apoyo de la mayoría morenista en el Congreso. Cegado por el éxito, hace a un lado leyes, reglamentos, instituciones, patrones de acción, principios de política, guiado por la obsesiva determinación de extirpar el neoliberalismo de la faz del territorio nacional. Anuncia proyectos ambiciosos, por ejemplo, la creación de cien universidades, la construcción de una o dos refinerías de petróleo, del tren maya que le dará la vuelta a la península de Yucatán, programas de salud universal, de ingreso universal, de internet gratuito hasta en carreteras. Nada de esto se apoya en una planeación ordenada, en cálculos presupuestales más o menos creíbles, pero se toman decisiones relativas a cada proyecto como si todo estuviera resuelto. Nunca el voluntarismo del líder había alcanzado estas dimensiones.

Al mismo tiempo, el secretario de Hacienda propuesto, Carlos Urzúa, prepara un presupuesto austero que es mucho más serio que las promesas desorbitadas de López Obrador. Se prevé una reducción del 30% a los salarios de funcionarios y servidores públicos, así como planes de austeridad para las instituciones de enseñanza superior. En resumen, se anticipa una carnicería de la administración pública que provocará la reducción del escuálido intervencionismo estatal del que ya se habían hecho cargo los aborrecidos neoliberales, cuyo caballito de batalla era el mismo que el de López Obrador: austeridad presupuestal y equilibrio fiscal.

Andrés Manuel López Obrador se propone borrar treinta años de reformas neoliberales, y yo me pregunto si tiene calculado el costo de la vasta destrucción que ello implica para la administración pública, por ejemplo, para las relaciones con el sector privado, los proyectos de inversión de largo plazo, el funcionamiento regular de las instituciones.

Lo más inquietante del nuevo presidente mexicano es su insistencia en la superioridad de la democracia directa, su desprecio por la ley tal y como existe, su disposición a manipularla según su conveniencia, su proclividad a justificar sus decisiones con el recurso a posteriori de la aprobación de un pueblo, que no es el pueblo mexicano sino el pueblo lopezobradorista, y este, después de todo en julio pasado representaba solamente al 53% del electorado.

Soledad Loaeza es profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales en el Colegio de México