El pulso entre China e India amenaza la estabilidad de Sri Lanka

Sri Lanka, que vivió hasta 2009 más de dos décadas de guerra civil, ha entrado en una crisis institucional tras el nombramiento por sorpresa de un nuevo primer ministro, en una decisión que ha agravado las tensiones entre las comunidades étnicorreligiosas de la isla del Índico y que amenaza con desestabilizar el frágil equilibrio de fuerzas regionales, principalmente entre China e India.

El pasado fin de semana, el presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, suspendió el Parlamento y nombró unilateralmente al anterior presidente, Mahinda Rajapaksa, como nuevo primer ministro, en sustitución de Ranil Wickremesingh. El inesperado giro político sorprendió a embajadores y líderes locales. El entonces primer ministro, de viaje oficial, volvió a la capital para denunciar el golpe a su Gabinete. Aunque el presidente se reunió con diplomáticos extranjeros el lunes para explicarles que la constitución le da poder para revocar Gobierno y Cámaras, Estados Unidos emitió un comunicado en el que pedía “la inmediata reanudación del Parlamento para que los representantes electos cumplan con sus responsabilidades”. Un golpe a la estabilidad de las instituciones de la democracia más antigua del sur de Asia en un momento trascendental no solo para la estabilidad de su economía de posguerra, sino también para su posición en la región.

El lunes, más de 10.000 manifestantes marcharon en las calles de la capital, Colombo, en apoyo al jefe del Ejecutivo depuesto. La reacción internacional ha obligado al nuevo Gobierno a anunciar este jueves que el Parlamento adelantará al próximo lunes su reapertura, inicialmente prevista para el 16 de noviembre.

La nación índica se ha convertido en otro satélite en el equilibrio geoestratégico diseñado por las potencias regionales. China ha sido uno de los pocos países en dar la bienvenida al recién anunciado nuevo Gobierno, considerado su aliado. Presidente de la república hasta 2015, Rajapaksa permitió la entrada de submarinos chinos en el principal puerto del país y dio luz verde a las inversiones del coloso asiático mediante la construcción de puertos, centrales eléctricas y autopistas como parte de la estrategia comercial de Pekín en el Índico.

Por su parte, la reacción oficial de India se ha limitado a pedir el regreso de la legalidad constitucional a Sri Lanka, aunque no se espera que las relaciones entre los dos países mejoren con el nuevo Ejecutivo. A Rajapaksa se le atribuye la victoria sobre el grupo terrorista del norte del país, los Tigres Tamiles, de religión hindú. Pero su presidencia creó una década de Gobierno autoritario en el que las minorías de Sri Lanka, especialmente las comunidades hindúes y musulmanas, denunciaban el hostigamiento de una mayoría cingalesa budista que India, de mayoría hindú, siente como propia. Tras el fin del conflicto étnico que balcanizó el país durante décadas, su etapa presidencial fue denunciada por grupos locales como una teocracia que perseguía a minorías religiosas, periodistas y activistas disidentes. Legado de aquel periodo son los continuos conatos de violencia interreligiosa en Sri Lanka, ahora centrados en la creciente minoría musulmana.

Organizaciones internacionales de derechos humanos alertan de que el regreso político de Rajapaksa, ahora como primer ministro, pueda suponer el fin de las investigaciones de los abusos cometidos durante su anterior mandato presidencial, mientras que el actual portavoz del Parlamento, Karu Jayasuriya, se opone al nuevo Ejecutivo y advierte del riesgo de “derramamiento de sangre” si el enfrentamiento político se extiende por el país. El domingo, el aún ministro de Energía y Petróleo, Arjuna Ranatunga, intentó entrar a su oficina desobedeciendo la decisión presidencial, lo que llevó a un brote de violencia callejera que dejó dos muertos.

Rajapaksa abandonó la presidencia en 2015, cuando la coalición formada por el actual presidente, Sirisena, y el primer ministro depuesto, Wickremesingh, vencieron en los comicios. Fueron elegidos para liderar reformas económicas, adoptar medidas drásticas contra la corrupción e investigar los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el final de la guerra, denunciados por la ONU en repetidas ocasiones. Sin embargo, la relación entre los dos políticos llamados a transformar Sri Lanka se enturbió por la falta de consenso sobre las necesidades económicas y administrativas. Hasta el punto de que Sirisena lanzó la acusación de que habían tratado de asesinarle: “Ante los problemas políticos y económicos, y el grave intento de asesinato contra mi persona, la única alternativa ha sido designar al expresidente Mahinda Rajapaksa como primer ministro para que forme Gobierno”.