Cambio de guardia en la política mexicana
La universidad pública, con El Colegio de México y la UNAM a la cabeza, se consolida como 'alma máter' de la nueva élite burocrática mexicana. El ITAM pierde peso en el área económica
El cambio de Gobierno en México, tras la victoria de Andrés Manuel López Obrador (Morena, izquierda) en las elecciones del pasado 1 de julio, traerá consigo nuevas dinámicas en todos los ámbitos. Una de ellas será la formación de los nuevos altos mandos de la Administración: el elevado porcentaje de secretarios (ministros) formados en universidades privadas de los Gobiernos anteriores dará paso a un Gabinete mayoritariamente egresado de centros públicos, con un peso específico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) -la mayor de América Latina- y El Colegio de México (Colmex).
Diez de los 18 secretarios de la Administración Peña Nieto estudiaron su licenciatura en una universidad privada, dos más en un centro militar y solo seis en una institución educativa de titularidad pública. Voluntaria o involuntariamente, en el Gobierno de López Obrador, las tornas cambiarán: el 70% de los futuros secretarios tendrán su título de grado, licenciatura o equivalente expedido por una universidad pública. Y tres de los cuatro que obtuvieron su grado en un centro privado bien estudiaron posteriormente un posgrado en un centro público -Josefa González Blanco y Román Meyer-, bien impartieron clase en una universidad de titularidad pública -Carlos Urzúa, en El Colegio de México-. Solo uno, el futuro titular de Turismo, Miguel Torruco, desarrolló toda su estancia académica en un centro privado: la Escuela Mexicana de Turismo.
El viraje más evidente se producirá en el área económica, donde el peso del reputado Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuyos alumnos son popularmente conocidos como itamitas, dejará paso al Colmex como alma mater de los nuevos cuadros. Si bien el actual titular de Hacienda y exdirector de Pemex, José Antonio González Anaya, no es egresado del ITAM -una escuela de élite que pasa por ser el mayor granero de economistas de alto rango en las últimas décadas-, sus cinco predecesores -del PRI y del PAN- pasaron por ese centro de estudios: José Antonio Meade -excandidato presidencial-, Luis Videgaray -hoy canciller-, Ernesto Cordero, Agustín Carstens -exgobernador del Banco de México- y Francisco Gil. Un dominio casi total que se extiende al segundo nivel: tres de los cuatro subsecretarios de ese departamento en el último Gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI), que dejarán su cargo el 30 de noviembre, pasaron por la citada universidad privada.
Por el contrario, en la secretaría de Hacienda que está diseñando el equipo del presidente electo la presencia del Colmex será mayoritaria. Aunque formado en el TEC de Monterrey y en diversas universidades estadounidenses, el próximo secretario de Hacienda -la figura económica de mayor peso en el país norteamericano- fue durante casi dos décadas profesor de El Colegio de México. Dos de sus alumnos en aquella etapa, Gerardo Esquivel y Arturo Herrera, serán sus lugartenientes en la cartera económica de mayor peso en el Ejecutivo mexicano.
El elevado porcentaje de egresados del ITAM en las altas esferas económicas mexicanas no es exclusivo de Hacienda. Fuera del Gobierno -pero dentro de la Administración- otros entes siguen teniendo una elevada presencia itamita. Tres de los cinco miembros de la junta de Gobierno del Banco de México —el gobernador, Alejandro Díaz de León, y dos subgobernadores, Manuel Ramos e Irene Castellano— estudiaron en esta universidad y solo dos —Roberto del Cueto, que estudió en la privada Escuela Libre de Derecho, y Javier Guzmán, que pasó por la UNAM antes de marcharse a Lovaina (Bélgica)— provienen de otros centros. Además de por el ITAM, Díaz de León estudió en Yale, otro semillero de altos funcionarios mexicanos en el área económica: por allí también pasó Meade. Carstens, hoy jefe del BIS —el coordinador de los bancos centrales de todo el mundo— y ex máximo responsable de Banxico, optó por Chicago.
El dominio del ITAM se extiende a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas (CNSF), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) o la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), todas ellas dirigidas por egresados del citado centro privado. Aunque aún no están designados sus futuros titulares, este monopolio, según fuentes cercanas a la nueva Administración, tocará pronto a su fin.
El decreciente peso de la universidad pública en la Administración
El peso menguante de los graduados en universidades públicas en las altas esferas de la Administración mexicana no es una novedad. La tendencia bajista empezó hace cinco décadas, según un estudio de Sebastián Garrido de Sierra, catedrático Conacyt comisionado al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y autor de La educación de los mandarines mexicanos (2017), un estudio de título elocuente que analiza una gran base de datos sobre la formación de los altos funcionarios mexicanos. Si durante el Gobierno de Luis Echevarría (1970-1976) el 93% de los miembros de la llamada "élite burocrática federal" -presidente, secretarios, subsecretarios, oficiales mayores, procurador general y directores de organismos, comisiones o empresas propiedad del Estado-, en los tres últimos Ejecutivos esta cifra ha caído hasta el 52% (Vicente Fox, PAN), el 40% (Felipe Calderón, PAN) y el 58% (el primer Gabinete de Enrique Peña Nieto, PRI) en el caso de las licenciaturas.
En el caso de las maestrías, si en el sexenio de José López Portillo (1976-1982) el 34% de los funcionarios que había estudiado un posgrado lo había hecho en un centro público, el 6% en uno privado y algo más del 59% en uno extranjero -sin distinción entre público o privado-, en el de Calderón el peso de las universidades públicas mexicanas había caído hasta el 34%, el de las privadas había aumentado hasta el 19% y el de las facultades de fuera de México había permanecido prácticamente sin cambios.
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