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Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa piden descartar los testimonios obtenidos bajo tortura

Tras la publicación del informe de la ONU, los abogados de las familias aseguran que los investigadores mexicanos han enturbiado el proceso legal

Familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Reuters-EPV

Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre de 2014, han pedido a la Fiscalía que descarte de la investigación todos los testimonios obtenidos a través de mecanismos de tortura. La petición ocurre un día después de que la ONU revelara el informe Doble Injusticia, un texto de 65 páginas en el que muestra violaciones de derechos humanos de parte de las autoridades mexicanas hacia los implicados en el ‘Caso Ayotzinapa’ entre septiembre de 2014 y enero de 2016. “La investigación que tenía que ser la más pulcra es hoy la más tachada y construida en una teoría de caso basada en la tortura”, ha dicho Mario Patrón, director del centro Prodh.

La ONU revisó la información de 63 de los 129 detenidos relacionados con la desaparición de los jóvenes y en 51 de los casos encontró posibles actos de tortura. “Ese es el patrón al que recurre la PGR (Fiscalía) para hacer investigaciones en este país”, ha señalado Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de los 43 estudiantes. “También hay un patrón de encubrimiento a los funcionarios que han incurrido a la ilegalidad”, ha añadido Patrón. Los defensores han apuntado a que al torturar a decenas de detenidos, los investigadores mexicanos han enturbiado el proceso legal y eso ha impedido llegar a posibles líneas de investigación para conocer el destino de los 43 estudiantes.

El 7 de noviembre de 2014 —dos semanas después de la desaparición de los jóvenes— el entonces fiscal general Jesús Murillo Karam informó a todo México que los 43 estudiantes habían sido asesinados. Según su versión, el grupo había sido detenido por la policía local y después llevado ante sicarios del cartel Guerreros Unidos. Los traficantes los habrían matado e incinerado en un basurero en la localidad de Cocula. Murillo Karam llamó a sus conclusiones “la verdad histórica” y aseguró que tras interrogar a decenas de involucrados la Fiscalía había resuelto el caso. Investigaciones posteriores, como la del Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), pusieron en duda la versión oficial y apuntaron a que la Fiscalía había torturado a los detenidos para que testificaran sobre esta historia. “Pedimos que esa narrativa sea quitada de la investigación”, ha mencionado Rosales, casi cuatro años después.

Emiliano Naverrete lleva 42 meses buscando a su hijo José Ángel. Está convencido de que en los 500 tomos que integran la investigación hay más mentiras que verdades sobre su paradero. “La PGR [Fiscalía] inventó que nuestros hijos fueron quemados en un basurero, desde el principio supimos que no era verdad, porque no había evidencias”, expresa al lado del resto de los padres de 43 estudiantes. “Vamos a llegar a donde sea sobre la verdad de donde están nuestros hijos”, añade.

Los representantes de los padres han señalado que el Gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto no ha reaccionado tras las recomendaciones, tanto de la ONU como de otros organismos independientes, para corregir los errores en las investigación. Además, han asegurado que hasta ahora ninguno de los aspirantes a la presidencia de México se ha acercado al grupo para conocer el ‘caso Ayotzinapa’ o para fijar un postura al respecto.

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