La masacre de Ayotzinapa, tres años sin respuestas

Este martes 26 de septiembre México ha amanecido con una acumulación de tragedias sin resolver. Una semana después de que un terremoto de magnitud 7.1 cimbrara el centro del país y se llevara por delante la vida de al menos 331 personas, bajo la corteza mexicana se encuentran ocultas todavía las respuestas sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace hoy tres años. Uno de los sucesos más graves de la historia del país, que abrió profundas cicatrices en la imagen del Gobierno mexicano y puso a la nación en el punto de mira internacional, cumple años sin una sola sentencia condenatoria por lo ocurrido y con las mismas dudas: ¿Qué pasó? ¿Dónde están?

Durante este tiempo la investigación se ha enredado tanto que la información al respecto se ha vuelto abrumadora. Hay tantas versiones, a veces contradictorias, que resulta laberíntico resolver cuándo ocurrió tal cosa, cómo ocurrió y dónde. O qué pasó justo después con cada uno de los implicados. Hasta la fecha se han detenido a más de 120 sospechosos, pero no se ha emitido ninguna sentencia condenatoria. Y solo cuatro están acusados de homicidio, tentativa de homicidio y ninguno por desaparición forzosa. Únicamente los restos de un estudiante pudieron ser identificados. Sobre los otros 42, no ha sido posible determinar dónde están o qué les ocurrió.

La teoría oficial fue desde el primer momento que los estudiantes fueron asesinados por narcos de Iguala, una capital comarcal de Guerrero, en el México profundo, e incinerados en un basurero en medio del monte. No obstante, ante las dudas que planteaba esta hipótesis, un grupo de cinco especialistas extranjeros, designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocidos como el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), analizó las pruebas e hizo sus propias pesquisas. Concluyó que esa versión no se sostenía con hechos y que dependía de confesiones de detenidos que pudieron haber testificado bajo tortura.

Durante un año los expertos internacionales se encargaron de recabar testimonios, revisar documentos y vídeos de lo ocurrido aquellos días de 2014. Su posición crítica respecto a temas polémicos, como el papel del Ejército —a quien se le acusó de no actuar durante la cacería contra los estudiantes— incomodaron al Ejecutivo. En su informe final presentado en abril del 2016 el GIEI acusó dilaciones, obstrucciones y bloqueos del Gobierno mexicano al trabajo realizado.

El Gobierno y los expertos ni siquiera coincidieron en la causa de la masacre. Según la versión oficial, la noche del 26 al 27 de septiembre, la policía local de Iguala se lanzó a una feroz persecución de los autobuses de los estudiantes. Tras la cacería aparecieron seis cadáveres y desaparecieron 43 alumnos. La explicación del Gobierno fue que el alcalde, mafioso en jefe del municipio, dio una orden de escarmiento a aquellos jóvenes marxistas que derivó en una escabechina: la policía los detiene, los entrega a los narcos y estos, confundiéndolos con narcos rivales, optan por el exterminio. Los matan. Los queman en una pira de neumáticos y madera. Tiran sus cenizas a un río.

El GIEI negó que los cuerpos de los estudiantes hubieran sido quemados en el basurero y resaltó que el batallón militar de la zona vio la persecución y detención de los estudiantes. No creyó en la teoría de la orden del alcalde y planteó la sospecha de que uno de los autobuses —líneas de pasajeros tomadas a la fuerza por los estudiantes para ir a una manifestación en Ciudad de México— llevara en sus tripas un alijo de heroína sin que ellos lo supieran, que los señores de la droga no quisieron perder y cuyo desvío castigaron con ira. Los expertos internacionales pidieron entrevistar a los soldados del batallón y nunca se lo concedieron. "Dentro del aparato del Estado hay fuerzas que no quieren que se investigue la verdad. Son fuerzas estructurales", afirmaba en una entrevista a este diario el español Carlos Beristáin, integrante del grupo.

La Procuraduría General de la República ha detallado este martes en un comunicado que "en todo momento se ha obrado con objetividad en el caso, cuya investigación constituye la más amplia realizada en época alguna por la PGR. Los más de 500 tomos del expediente así lo confirman". Alega que hay más de 120 detenidos en la cárcel, 71 procesados por secuestro y que si no están sentenciados es porque están agotando todas las vías legales para retrasar el juicio.

"A tres años de distancia de los hechos de Iguala el  Gobierno de la República reafirma su compromiso con las víctimas y reitera que continuará agotando todos los medios a su alcance", puntualiza el organismo. 36 meses después de lo sucedido, después de un agotamiento gradual de las protestas civiles, las cuestiones principales de la tragedia se encuentran estancadas en el punto de partida: ¿Dónde están? ¿Qué pasó?