Un año después de la intentona golpista: Turquía secuestrada

Trescientos sesenta y cinco días después del chapucero alzamiento militar, Turquía, así como todas sus instituciones y su sociedad, se hallan sumidas en la más profunda crisis sistémica que han conocido jamás. El intento de golpe, que se inició alrededor de las 22 horas del 15 de julio, dio la impresión de ser no solo una táctica poco profesional para derrocar al Gobierno elegido, sino también un acto de suicidio colectivo por parte del Ejército, la última institución de la república a la que sus segmentos profanos profundamente preocupados consideraban desde hace mucho tiempo una válvula de seguridad por sus principios. 

El alzamiento estuvo mal organizado y condenado al fracaso

Y, lo que es mucho peor, al convertirse solo en cuestión de horas en lo que muchos llaman un “contragolpe”, ha hecho que el Estado y el Estado de derecho se vuelvan vulnerables a las intervenciones no democráticas y ha puesto de manifiesto la división, la fragilidad y la ineficacia de la fragmentada oposición. No es de extrañar que al día siguiente Erdogan lo llamase “regalo de Dios”, y siguiese adelante con su indiscutido programa para transformar Turquía en una república cuyo rumbo y destino dependen de la voluntad del presidente. 

Sorprendentemente, fue un “alzamiento anormal” que sigue planteando interrogantes fundamentales, sin que se haya facilitado ninguna respuesta o prueba convincentes. Casi todo lo relacionado con su desarrollo, su organización, su origen y su preparación sigue siendo un misterio. 

Los datos disponibles son limitados: dan a entender que un funcionario de la Inteligencia Nacional (MIT) ya “informó” del intento de golpe a las 14.30 horas del 15 de julio, pero el resto es confuso. Se avisó al Jefe de Personal, pero el jefe del Estado Mayor, el general Hulusi Akar, no reaccionó adecuadamente. Y parece que ni él ni el director de la MIT, Hakan Fidan, se pusieron en contacto con el presidente Erdogan, con el primer ministro Binali Yıldırım o con los miembros del Gobierno. Tres de los cuatro comandantes en jefe actuaron como si todo fuese normal esa noche: les sacaron de las bodas a las que estaban asistiendo y declararon que no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo en el cuartel general, aunque su comandante, Akar, supo unas horas antes que se estaba produciendo una actividad inusual. . Estaba abocado, por así decirlo, a acabar como acabó. Según los datos oficiales, solo el 1,5% del Ejército participó en la intentona golpista. La reacción del AKP también parece sospechosa: tardó muy poco tiempo en organizar a la gente para que se echara a las calles y en avisar a los municipios del AKP para que colocasen camiones que impidiesen el paso a los tanques, y a las mezquitas para que retransmitiesen oraciones llamando a la resistencia. 

Dado que los medios de comunicación, controlados por el Estado, solo informaban de la versión oficial, porque no podían investigar los oscuros vericuetos de la historia, únicamente quedaba la esperanza de que una comisión parlamentaria analizase todas las incógnitas que seguían abiertas. Pero resultó ser una farsa. Su presidente engañó a la oposición, como se descubrió más tarde, al no citar a declarar a cuatro testigos clave de la noche. Ni Erdogan, ni Yıldırım, ni Fidan, ni Akar comparecieron.

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La comisión realizó una labor desigual y fue disuelta al cabo de pocos días, después de que el presidente Erdogan declarase ilegalmente que había cumplido su cometido, a pesar de que no lo había hecho. El informe previsto fue declarado nulo por los dos partidos de la oposición, el CHP y el HDP, que publicaron sus respectivos informes disidentes. Ambos, a su manera, calificaron el levantamiento de “golpe controlado”, un golpe que se sabía que se produciría, pero con las necesarias precauciones, porque para Erdogan era fundamental dar el importante paso de lanzar su contragolpe. 

En efecto, la oposición citaba artículos de prensa y declaraciones en televisión de varios expertos partidarios de Erdogan que calificaban el golpe de “híbrido”, en el que habían participado partes del cuerpo de oficiales favorables a la OTAN, kemalistas y gülenistas. Dos expertos escribieron abiertamente que unos “destacados políticos del AKP en Ankara” les comentaron unos días después del alzamiento que los responsables habían sido un grupo de comandantes, pero que “por el bien de la unidad nacional” toda la culpa recaería en un grupo odiado en Turquía —los gülenistas— y que funcionaría perfectamente. Y así fue. Nadie cuestionó quién “había apretado realmente el botón” y “quiénes estaban al mando”, y un gran número de turcos lo aceptó de buena gana. (Hasta la fecha, aunque ninguno de los observadores de Turquía niega con motivos fundados que los gülenistas participasen en gran medida en el acto, nadie puede presentar pruebas de quién dirigió a quién esa noche.) 

Esto resultó muy útil cuando el AKP, al cabo de solo cinco días, declaró el estado de emergencia y empezó a emplear la palabra para “culpable”, es decir, FETÖ (Organización Terrorista Fethullahísta), como “llave maestra” —pretexto— para purgar, demonizar y encarcelar. Se inició una caza de brujas sin precedentes en la Administración pública, en los círculos universitarios, en los medios de comunicación, en el aparato de seguridad, en el Ejército, etcétera. Ya había elegido como aliados al MHP, un diminuto partido ultranacionalista, a elementos del infame “Estado profundo” y a otro minúsculo partido que aboga por abandonar la OTAN y la Unión Europea llamado Partido Vatan (Patria), muchos de cuyos miembros son antiguos funcionarios contrarios a Occidente. 

La oleada de detenciones, confiscaciones de propiedades arbitrarias y el nombramiento de administradores principalmente en municipios kurdos convirtieron Turquía en una pesadilla. Hizo falta que 160.000 personas fueran despedidas, 50.000 detenidas y 160 periodistas encarcelados, y que se llevase a cabo una limpieza en el entorno universitario y otros círculos para que los principales miembros de la oposición y la sociedad civil considerasen que FETÖ era, sin duda, una llave maestra, un ingenioso invento para acallar todas las voces disconformes y para que todas las instituciones del Estado quedasen sometidas al régimen autocrático. Es simbólico que Kemal Kılıçdaroglu, el líder del CHP, el principal partido de la oposición, recorriese andando los 420 kilómetros que separan Ankara de Estambul en una marcha por la Justicia, lo que pone de manifiesto que la crisis turca será larga porque los que se oponen a Erdogan no abandonarán fácilmente. 

Turquía ha perdido y, desde el punto de vista de sus aliados y de sus amigos, está perdida

Pero su adversario es más fuerte que nunca. Erdogan salía con ventaja y está decidido a conservar la mejor herramienta que posee. Hace unos días afirmó que “el estado de emergencia durará mientras lo consideremos necesario”, lo que, dicho claramente, significa que durará al menos hasta finales de 2019, el año de las elecciones presidenciales y de la transformación del sistema político en una dictadura absolutista. 

Trescientos sesenta y cinco días después del intento de golpe, la horrible situación sobre el terreno, en Turquía, trunca todas las ilusiones. El sistema de derecho se ha venido abajo. El poder judicial es ahora una extensión del palacio de Erdogan. Al Parlamento le han arrebatado su poder de control. Y el AKP controla más del 90% de los medios de comunicación. Actualmente tiene lugar una fuga de cerebros, a medida que los mejores recursos humanos, consternados y atemorizados, abandonan el país. Lo que queda es un posible campo de batalla para unas identidades arraigadas con graves diferencias de opinión, lo que hace que todas las predicciones de un futuro sombrío sean las más realistas. 

Turquía ha perdido y, desde el punto de vista de sus aliados y de sus amigos, está perdida. Y las consecuencias serán mucho más graves —en lo que se refiere a valores democráticos y dignidad humana— de lo que jamás habríamos podido imaginar.

Yavuz Baydar es periodista. 

Traducción: News Clips.