Peña Nieto se desdice de sus polémicas declaraciones y asegura que no amenazaba a periodistas

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha tardado cuatro días en salir al paso de las denuncias al Gobierno por espiar a periodistas y unas horas en desdecirse. Después de asegurar que esperaba que la ley se aplicara “contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos” el mandatario afirmó que no se trataba de una amenaza e insistió en que se refería a la orden que le había dado a la Procuraduría General de la República para que investigue las denuncias presentadas.

La primera referencia del presidente a las acusaciones de espionaje se produjo este jueves al mediodía, cuatro días después de que The New York Times publicase un reportaje sobre cómo teléfonos de periodistas, investigadores y defensores de derechos humanos intentaron ser contagiados por un malware llamado Pegasus. “Ninguna de las persona que se sienta agraviada puede afirmar, o mostrar o evidenciar siquiera, que su vida se haya visto afectada, lastimada por esas supuestas intervenciones y por ese supuesto espionaje”, aseguró Peña Nieto. “Somos una sociedad que las más de las veces nos sentimos espiados. Yo mismo, como presidente de la República, a veces recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco, pero procuro, en todo caso, ser cuidadoso en lo que hablo telefónicamente”, prosiguió el mandatario.

Durante la misma intervención, Peña Nieto afirmó que había dado indicaciones a la PGR para que hiciese la investigación correspondiente, “para que con celeridad y prontitud pueda deslindar responsabilidades”. Fue el final de la intervención lo que provocó la polémica y las críticas de periodistas y organizaciones: “Y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el Gobierno”, aseguró.

El mandatario mexicano se vio obligado a salir horas después a matizar su comentario. Previamente, desde la Presidencia de la República se llamó a varios medios, entre ellos EL PAÍS, para asegurar que las palabras de Peña Nieto, en ningún caso, se trataban de amenazas a periodistas y que el presidente lo aclararía. “No me confundí, creo que me expliqué inadecuadamente”, dijo el presidente en su segunda intervención del día. Preguntado por si había insinuado que habría represalias, Peña Nieto incidió: “No lo lleven a lo que nunca he señalado ni siquiera he dado como indicación. ¿Por qué habría de tener alguna acción contra la libertad de expresión?”

“Lo que puntualicé es que se den curso a las denuncias de los periodistas”, añadió el presidente mexicano, para después deslindarse de cualquier responsabilidad. “Si hay alguien dentro del Gobierno que eventualmente ha tenido una actividad ilegal, que sea la Procuraduría quien lo explique. Este señalamiento hacia al presidente y el Gobierno es inadmisible”. Peña Nieto afirmó que las denuncias “no vienen más que de una especulación a partir del equipo que [el Gobierno] adquirió y que no ha rechazado haber adquirido”. El presidente admite, pues, que el Ejecutivo cuenta con esa tecnología, aunque insistió en que solo se emplea en la lucha contra el crimen organizado.

La PGR ha iniciado la investigación del espionaje, supuestamente orquestado desde el Gobierno, en contra de periodistas y defensores de derechos humanos. Las indagaciones serán coordinadas por la Fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión (Feadle). Las autoridades investigan la posible comisión de dos delitos. El primero, intervenir comunicaciones privadas sin mandato judicial. Esto sería sancionado por 12 años de prisión, según el Código penal federal. El segundo sería el acceso ilícito a equipos de informática, que podría ser castigado hasta con dos años de cárcel.

El informe Gobierno espía documenta 88 intentos de infección con un software comerciado por una empresa israelí a Gobiernos. Los ataques, denunciados por investigadores del Citizen Lab de la Universidad de Toronto y la organización en defensa de los derechos digitales R3D, se suman a la ola de violencia contra miembros de la prensa en el país, que ha dejado a siete periodistas muertos en lo que va del año. El Gobierno ha sido criticado por dos frentes: su incapacidad de presentar avances que esclarezcan los asesinatos de los comunicadores y el supuesto afán de mantener a raya a los periodistas mediante el espionaje.