Arkansas ejecuta al primero de los ocho presos que quiere matar en 11 días

Arkansas ejecutó a última hora del lunes a Don Davis, en la primera de las ocho muertes por inyección letal que quiere llevar a cabo en un plazo de 11 días. La ejecución tuvo lugar tras lograr el aval del Tribunal Supremo de Estados Unidos en una jornada maratoniana y rocambolesca de decisiones y recursos judiciales entre el Gobierno de Arkansas y la defensa de los reos.

Las prisas de Arkansas, que no aplica la pena capital desde 2005, se deben a que en mayo caducará su reserva de midazolam. Es uno de los tres componentes utilizados para matar a una persona mediante una inyección letal, pero ha provocado ejecuciones agónicas en el pasado.

Es una decisión sin precedentes en Estados Unidos desde que en 1976 el Tribunal Supremo reinstauró la pena capital. Texas ejecutó a seis reos en un plazo de 11 días en 1997 y 2000, según el Centro de Información de la Pena de Muerte.

Es una incógnita si las otras siete ejecuciones seguirán su curso. Algunas de ellas fueron suspendidas en los últimos días para luego ser parcialmente avaladas por otros tribunales.

Una juez federal paralizó el pasado sábado siete de las ejecuciones —la octava ya había sido suspendida unos días antes— alegando que el método utilizado en la inyección letal podría ser inconstitucional. Sin embargo, un juez de apelaciones anuló este lunes ese fallo al considerar que el método de ejecución no iba a causar un dolor severo.

Sin embargo, en paralelo, el Tribunal Supremo de Arkansas suspendió la ejecución de los dos presos que iban a morir este lunes, según el calendario establecido por el Gobierno estatal. Eso llevó a Arkansas a lanzar un recurso de última hora al Tribunal Supremo estadounidense, la máxima autoridad judicial del país, en el que pedía poder llevar a cabo una de esas dos ejecuciones del lunes. Y el Supremo lo permitió poco antes de la medianoche, cuando finalizaba el plazo.

El Gobierno del republicano Asa Hutchinson, que busca sacar réditos políticos de la pena capital, alega que los hombres condenados a muerte —autores de delitos entre 1991 y 2000— cometieron crímenes horribles y que su muerte es la mejor manera de lograr justicia para las víctimas.

Los planes de Arkansas llegan en un momento en que las condenas a muerte en Estados Unidos están en su nivel más bajo en cuatro décadas —30 personas en 2016, un 39% menos que el año anterior— como consecuencia de problemas logísticos y legales.

El boicot de fabricantes europeos y estadounidenses ha limitado en los últimos años el acceso a sustancias para ejecutar a reos. Los 32 Estados que permiten la pena de muerte se han visto obligados a recurrir a fármacos en mercados alternativos o en el extranjero.