La terca defensa de los bosques ticos

Lo pueden decir todos los que han aterrizado en el aeropuerto Juan Santamaría. Costa Rica se ve verde casi desde cualquier ángulo y la tendencia indica que así será en el futuro. Como si no fuera conocido ya por su naturaleza, es el único país centroamericano que hizo crecer la cobertura boscosa en lo que va de siglo. En América Latina, también se rebela contra la tendencia generalizada de tumbar los árboles y con ellos toda la cadena de ecosistemas que soportan.

No es gratis ni fácil, pero Costa Rica ha hecho una apuesta terca y le ha dado frutos en medio de una región —América Central— que ha ido reduciendo sus bosques hasta tener ahora una cobertura del 40% del total de su territorio. Esto supera la media mundial, pero la tendencia indica que cada vez será menor la mancha verde en el istmo, a excepción del territorio tico, donde se duplicó en las últimas tres décadas y sigue aumentando, según el último informe sobre el Estado de la Región.

Con el 54% de su territorio ocupado por vegetación y la mitad de esta contenida en 169 áreas protegidas, los costarricenses celebran y exhiben sus parques nacionales. Y no pierden de vista el gigantesco desafío de mantener el ritmo conservacionista sin perjudicar a la boyante industria turística. Además, sin permitir que la falta de vigilancia de sus parques nacionales siga dejando el portón abierto a la extracción de especies naturales, de minerales como el oro, a la cacería o incluso a las bandas de narcotráfico internacional que establecen rutas, bodegas o laboratorios en los territorios vastos, deshabitados y a menudo inaccesibles.

El 65% del dinero para políticas ambientales proviene de un impuesto al consumo de combustibles fósiles

Pese a las graves carencias que admiten las autoridades en el sistema de vigilancia de las áreas protegidas y a algunos casos de guardaparques trabajando para el enemigo, las cifras gruesas permiten a este estable país centroamericano seguir ondeando su bandera conservacionista y aparecer como modelo en los informes comparativos. El último de ellos, el de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), reconoce el esfuerzo del Estado por revertir la sentencia deforestadora mediante un sistema llamado Pago por Servicios Ambientales (PSA) que en los 20 últimos años ha repartido 318 millones de dólares entre propietarios de tierras para que conserven el bosque.

Ha sido una política pública definida, pues el 65% de ese dinero proviene de un impuesto al consumo de combustibles fósiles. A ello se suma el esfuerzo estatal por comprar tierras para consolidar parques nacionales, lo que le provoca una deuda actual cercana a los 1.765 millones de dólares con antiguos propietarios de esas tierras, el 3,4% del total del PIB costarricense. A ellos se suma el modelo de la economía tica, que ha reducido el área de cultivo y de ganadería.

Así, y pese a no dedicar el dinero suficiente a su tesoro natural, Costa Rica ha logrado ir aumentando su cobertura boscosa después de registrar solo un 21% en 1987, lo cual le ha permitido posicionarse como líder regional en ecoturismo y nutrir a una robusta industria local en torno a él, a pesar de la gestión deficiente de esos territorios. “Estamos jugando con nuestra gallina de los huevos de oro”, dijo Mario Boza, uno de los padres del modelo de parques nacionales y ahora crítico del trabajo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), al semanario Universidad. Esos huevos de oro se evidencian a diario en el parque Manuel Antonio, en la costa pacífica central, el más concurrido del país con 416.000 visitantes el año pasado. Lo siguen el volcán Poás y el Irazú, ambos en la cordillera central, el Marino Ballena (pacífico sur) y Tortuguero (Caribe).

El principal problema es la falta de financiación para reinvertir, pues las leyes locales no garantizan la reinversión de los recursos que generan los parques. Por eso el cuerpo de guardaparques asciende a solo 431 efectivos (o menos, según las cifras sindicales), lo que en la teoría deja a cada funcionario la responsabilidad de vigilar 6.000 hectáreas con algún estatus de protección legal, como lleva señalando dos años ante los diputados el director del Sinac, Julio Jurado.

Poco ha cambiado, aunque el presidente Luis Guillermo Solís anunció recientemente haber invertido ya el equivalente a 9 millones de dólares provenientes del presupuesto público y de donaciones de EE UU, Japón y ONG internacionales. Lo ha hecho durante la celebración del Día de los Parques Nacionales, una fecha que cada año cobra más relevancia en este país cuya identidad está ocupada en buena parte por el verde de sus bosques.