La purga turca ya alcanza a unos 20.000 militares, jueces y policías

Se han practicado ya más de 7.500 detenciones, de las que 6.000 corresponden a militares de toda graduación, incluidos 103 generales y almirantes (que suponen cerca de un tercio de la cúpula de mandos de las Fuerzas Armadas). Más de 8.000 policías de distinto nivel han sido apartados de su puesto.

Además, unos 3.000 miembros de la judicatura, entre magistrados y fiscales, han sido suspendidos en sus funciones, al igual que unos 1.500 agentes del fisco. Hasta 30 gobernadores provinciales han sido destituidos. Todos ellos acusados de haber estado directamente relacionados con la intentona de pronunciamiento castrense o de mantener vínculos con la cofradía islámica del imán Fetulá Gülen, exiliado en Estados Unidos, y a quien Erdogan y sus partidarios consideran instigador de la asonada.

Además, el presidente turco se mantiene firme en su propósito de reinstalar la pena de muertepara los golpistas “si el Parlamento así lo decide”, dijo ayer a la cadena de televisión CNN. “Como jefe de Estado, aprobaré esa decisión si la ratifica el Parlamento”, aseguró. “¿Por qué debería mantenerlos [a los golpistas arrestados] y darles de comer en la cárcel durante años?”, añadió Erdogan.

Turquía abolió la pena capital hace más de una década para iniciar el proceso de negociaciones para su adhesión a la Unión Europea. La jefa de la diplomacia de la UE, Federica Mogherini, advirtió desde Bruselas que si Turquía vuelve a aceptar las ejecuciones quedará excluida como país candidato.

Los agentes de policía suspendidos tuvieron que entregar ayer sus armas e identificaciones oficiales, informó Andrés Mourenza desde Diyarbakir. Entre los altos militares detenidos figura el ex jefe de la Fuerza Aérea, el general Akin Öztürk, acusado por los servicios de seguridad de ser el cerebro del golpe, como mando con mayor antigüedad y relevancia.

El primer ministro turco, Binali Yildirim, aseguró que los golpistas tenían preparado un plan posterior al levantamiento similar “al golpe de 1980”, el más sangriento que ha tenido lugar en Turquía hasta la fecha. Yildirim afirmó que su Gobierno tomará “todas las medidas necesarias para evitar que esto se repita”.

El primer ministro anunció también ayer la suspensión de las vacaciones de verano para más de tres millones de funcionarios tras las purgas en los principales estamentos del Estado. Los funcionarios que ya estén disfrutando del descanso deberán volver a trabajar lo antes posible.

El Gobierno turco ha iniciado ya los trámites para solicitar a Estados Unidos la extradición Fetulá Gülen. El Departamento de Estado americano aseguró que dará trámite a la petición y entregará al clérigo musulmán si las autoridades turcas aportan pruebas sobre su implicación en el fallido golpe.

Para reforzar la seguridad tras el golpe, unos 1.800 policías de unidades especiales han sido enviados a Estambul. El Gobierno ha ordenado también que aviones de combate F-16 patrullen el espacio aéreo de las grandes ciudades con la orden de derribar cualquier helicóptero no autorizado que sobrevuele Estambul.

En la base aérea de Incirlik, en el este de Anatolia, fiscales y policías iniciaron ayer un registro para buscar pruebas sobre la implicación de varios oficiales en la asonada. En estas instalaciones tienen su centro principal operativo la coalición internacional liderada por EE UU que bombardea las posiciones del ISIS en Siria e Irak.