¿Qué ocurre con los militantes del ISIS detenidos en Turquía?
Menos de un tercio de los más de 4.000 detenidos hasta la fecha han sido procesados. Sólo 150 han sido condenados
Tras cada uno de los recientes atentados del Estado Islámico (ISIS) en Turquía, los ministros del Gobierno de Ankara se han apresurado a anunciar a bombo y platillo la detención de decenas de presuntos militantes de la organización yihadista. Pero, ¿qué ha ocurrido posteriormente con ellos? Un análisis detenido de las cifras revela que menos de un tercio han podido ser llevados a juicio y, en los tribunales turcos, sólo un centenar y medio han sido condenados debido a la lentitud del sistema judicial y a los vacíos legales en la legislación, que aprovechan los acusados.
En los días posteriores al ataque al aeropuerto Atatürk de Estambul, que acabó con la vida de 45 personas y dejó más de 200 heridos, las autoridades turcas anunciaron la captura de 41 sospechosos de haber cooperado con los tres suicidas que perpetraron la masacre. Durante la última semana, 30 de ellos han comparecido ante el Tribunal de Primera Instancia de Bakirköy (Estambul), que los envió a todos a prisión en espera de juicio. Como en otros casos en los que se ha decretado el secreto de sumario y la prohibición de informar, poca información ha trascendido sobre la identidad de los acusados, aparte de que la mitad son extranjeros y de que uno de ellos podría ser Airat Vakhitov, un ciudadano ruso que estuvo detenido en Guantánamo, posteriormente fue juzgado en Rusia, resultó absuelto por falta de pruebas y luego escapó a algún lugar de Oriente Próximo.
En anteriores ocasiones las detenciones no han sido tan certeras. De acuerdo con cifras oficiales suministradas por la Policía a la agencia de noticias oficial, Anadolu Ajansi, entre 2013 y finales de 2015, las fuerzas de seguridad capturaron en Turquía a 2.545 presuntos miembros del ISIS, de los cuales sólo 584 (128 de ellos extranjeros) fueron imputados: es decir, un 23 % de los detenidos. En lo que va de año, la actividad policial contra el ISIS ha cobrado fuerza, a medida que también lo hacía la asiduidad de los ataques del grupo. Según el ministro de Interior turco, Efkan Ala, en los seis primeros meses de 2016, 1.654 personas supuestamente afiliadas al ISIS fueron detenidas, de las cuales 663 serán procesadas judicialmente, un 40 %.
El problema se extiende también a los tribunales. Si bien las autoridades turcas sostienen que reconocieron el ISIS como “organización terrorista” en una fecha tan temprana como el 10 de octubre de 2013, durante un par de años los yihadistas camparon a sus anchas por territorio turco, utilizado como vía de entrada a Siria. De hecho, la primera vez que a un ciudadano turco se le imputó el cargo de “afiliación al ISIS” se produjo en febrero de 2015, cuando aumentó la presión de EEUU y la Unión Europea para que Turquía controlase mejor lo que algunos comentaristas han denominado la “autopista yihadista”. Ese primer imputado fue Musa Göktas, un padre de familia que se había llevado a sus dos hijos, gemelos de 15 años, a Siria y que fue apresado cuando retornó a su país en busca de su mujer.
Antes de esa fecha ya se habían sentado en el banquillo de los acusados otros militantes del Estado Islámico, aunque entonces se utilizaban otros cargos en la acusación. El 20 de marzo de 2014, tres yihadistas mataron a tiros a un gendarme, un policía y un camionero en la provincia turca de Nigde (Anatolia Central). Los tres -Benjamin Xu, un alemán de origen kosovar; Qendrim Ramadani, sueco procedente también de Kosovo; y Muhammed Zakiri, de Macedonia- fueron capturados y juzgados. El proceso fue dirigido con bastante secretismo y constantes quejas de los abogados de la acusación –al menos en una ocasión se les ocultó la fecha del juicio-, hasta que el pasado 15 de junio se leyó la sentencia: 10 cadenas perpetuas más 490 años de cárcel a repartir entre los tres principales acusados; 13 años y 9 meses de prisión para uno de sus colaboradores, el azerbaiyano Fuad Mövsümöv, y absolución para otros cuatro acusados.
En total, unas 150 personas han sido condenadas en Turquía por militar en el Estado Islámico, pero esta fue la primera gran condena contra operativos de la organización yihadista. Sin embargo, la lentitud con la que ha llegado, sin duda ha diluido su efecto ejemplarizante. Esta dilación se deriva de la falta de personal en los tribunales de varias provincias donde se producen más capturas (Kilis, Gaziantep o Urfa) y de las luchas intestinas que se libra entre el Gobierno y ciertos togados y policías, y en el propio seno de las instituciones entre diversas facciones. Así como a las deficiencias en el sistema judicial, de las que se aprovecha la organización yihadista. El pasado año, el analista y exmilitar Metin Gurcan denunciaba, en declaraciones a este periodista, que “los militantes del ISIS conocen los vacíos legales” del sistema turco, por lo que consideró pertinente una revisión del código penal “para que la gente no aplauda al ver tantas detenciones, ignorando que muchos de ellos son liberados al poco tiempo”.
Uno de los casos más sonados ha tenido que ver con el proceso contra casi un centenar de personas a las que se acusa de establecer la estructura del ISIS en Turquía y una de los cuales es Halis Bayancuk, alias Ebu Hanzala, considerado Emir de Estambul. En la primera sesión del juicio, Bayancuk negó estar relacionado con el ISIS –una de las justificaciones que utilizó es que en otro juicio se le acusa de ser miembro de Al Qaeda y ambas organizaciones son “incompatibles”- por lo que fue puesto en libertad condicional. “El Daesh (acrónimo árabe del ISIS) es una organización internacional, y por ello puede aprovechar huecos en la legislación y proporcionar abogados a sus miembros”, escribía recientemente el columnista Abdülkadir Selvi.
Con todo, no hay duda de que las autoridades turcas se han tomado, desde hace un año, más en serio la lucha contra el ISIS y esto ha mermado la capacidad operativa del grupo. El mayor control fronterizo que ejercen las fuerzas de seguridad ha impedido el paso a numerosos aprendices de yihadista: unas 4.000 personas han sido deportadas en los últimos años y Turquía ha prohibido la entrada al país a otras 50.000. Además, se están haciendo cambios normativos para facilitar la vigilancia, como el hecho de que, a partir de ahora, los datos de los contratos de alquiler y los billetes de autobús serán enviados a la policía. “La actuación policial está teniendo efecto”, analiza una fuente de seguridad consultada por este diario, pero la pesada maquinaria estatal turca parece moverse más lenta que las directivas del grupo dirigido por Abubaker Al Bagdadi: “Por eso, al tener a las células locales contra las cuerdas por la presión policial, el ISIS recurre a gente que conoce Turquía y que no son ni turcos, ni sirios, ni árabes”. Como ocurrió en el ataque al aeropuerto, organizado por yihadistas vinculados a Rusia y el Cáucaso Norte.
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