Israel exige a una ONG de exsoldados que revele las fuentes de su investigación sobre la guerra de Gaza

La ONG israelí Breaking the Silence (BtS), integrada por exmilitares que cuestionan desde 2004 la ocupación de los territorios palestinos, se enfrenta a un proceso legal que amenaza con afectar a su supervivencia. La fiscalía ha exigido ante los tribunales que la organización pacifista identifique a antiguos soldados cuyos testimonios sirvieron de base para una investigación sobre la guerra de Gaza de 2014 en la que se concluye que las Fuerzas Armadas violaron su propio código de conducta.

La Policía Militar israelí ha analizado los casos recogidos en el informe de BtS, presentado hace ahora un año, y en al menos uno de ellos ha encontrado indicios de la existencia de un delito de crímenes de guerra durante la Operación Margen Protector en Gaza, según informa este miércoles el diario Haaretz citando a la Oficina del Portavoz de las Fuerzas Armadas. Los investigadores castrenses pidieron conocer la identidad del exsoldado que facilitó la información, pero la ONG se negó a ello, ya que tiene como principio central garantizar el anonimato a quienes aceptan colaborar en sus pesquisas.

A propuesta de la Policía Militar, la fiscalía reclama ahora Breaking the Silence que entregue los datos del antiguo uniformado. Un tribunal de Petah Tikva (zona metropolitana de Tel Aviv) debe decidir este domingo si la organización pacifista esta obligada a revelar sus fuentes por primera vez. El proceso ha sido declarado como “clasificado”, ya que examina cuestiones consideradas de seguridad nacional

“Si no hay confidencialidad muchos tendrán miedo de revelar lo que saben”, reconoce Yehuda Shaul, portavoz de BtS, quien destaca que la presión judicial de las autoridades militares se produce después de otros intentos de acoso que en ocasiones han llegado a las “amenazas verbales y físicas”. El Gobierno ultraconservador del primer ministro Benjamín Netanyahu ha impulsado en la Knesset (Parlamento) un proyecto de ley para fiscalizar a las ONG que financian más del 50% de su presupuesto con fondos procedentes de otros Estados u organizaciones internacionales. Breaking the Silence y otros grupos que aspiran a ser la conciencia crítica de Israel reciben donaciones de países occidentales y de la Unión Europea. “No van a poder eliminarnos, mientas exista la ocupación siempre habrá gente dispuesta a denunciar los abusos”, asegura Shaul.

La fiscalía no había tomando medidas contra la actuación de su ONG hasta ahora, aunque las autoridades militares ordenaron la confiscación del material de una exposición en 2004, en plena Segunda Intifada. Los investigadores militares han abierto 30 expedientes sobre la Operación Margen Protector, ocho de los cuales se basan en testimonios incluidos en el informe de BtS, sin incluir en ningún caso los de oficiales o jefes del Ejército. Después de haberse licenciado, los soldados de reemplazo ya no quedan sometidos a la legislación militar, sino a los tribunales civiles.

La Oficina del Portavoz de las Fuerzas Armadas ha sostenido que la organización pacifista se niega a aportar pruebas a la Policía Militar, lo que dificulta las investigaciones sobre los hechos denunciados. La presidenta de Breaking the Silence, Yuli Novak, responsabiliza por su parte a la fiscalía por haber adoptado una medida sin precedentes que perjudica al trabajo de su organización.

“Muchos de los soldados que prestan su testimonios aseguran que recibieron órdenes de disparar a matar a cualquier persona que se cruzara en su camino en la zona de combate”, reconocía el informe Así luchamos en Gaza en 2014. Durante los 51 días de la Operación Margen Protector murieron 2.200 palestinos, dos tercios de ellos civiles, y 74 israelíes, de los que un 90% eran militares, según datos de Naciones Unidas.