El Vaticano revela un documento secreto sobre la dictadura argentina

El debate por la participación civil durante la última dictadura en Argentina (1973-1983) comienza a dilucidarse gracias a la apertura de archivos hasta ahora clasificados. A la apertura de documentos anunciada la semana pasada por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se agrega la prometida por la Iglesia Católica. Aunque restan meses para concretarla, el Vaticano se adelantó y dio a conocer en estos días una carta firmada por el monseñor Pio Laghi, nuncio apostólico en el país sudamericano durante los años de plomo.

Pio Laghi (1922-2009) llegó a Buenos Aires acreditado como Nuncio del Papa el 1 de julio de 1974, el mismo día de la muerte del Presidente Juan Domingo Perón. Ese día comenzó una misión diplomática que estaría repleta de inconvenientes. Los primeros 2 años debió lidiar con la ineptitud de María Estela Martínez de Perón, quien asumió tras la muerte de su marido. Sin embargo, los últimos 4 años fueron lo peor, con el gobierno de facto y un descrédito total por parte de la sociedad civil.

El 4 de mayo de 1997, la presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, pidió un proceso en su contra porque, según su opinión, Laghi “visitaba asiduamente los centros de detención clandestinos y permitía las torturas y las ejecuciones que allí se llevaban a cabo”.

La denuncia de Bonafini se sustentó en la amistad del religioso con el almirante Emilio Massera, miembro de la junta del gobierno militar. Sin embargo, los documentos que hoy ven la luz demuestran, entre otras cosas, que en 1979 Laghi pidió a las autoridades argentinas aclaraciones sobre 2.388 ciudadanos que estaban desaparecidos. El nuncio concluyó su misión el 21 de diciembre de 1980, el mismo año en el que fue declarado persona non grata por el gobierno argentino, hecho que motivó que abandonase el país.

En la esquela dirigida al Prefecto del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia, de ese entonces, Jean Card, Laghi cuenta para que visitó al ex ministro del Interior, el general Albano Harguindeguy: “el principal argumento afrontado fue el del estado de los detenidos políticos, el secuestro y la eliminación de personas, al margen de la ley, y la violación de fundamentales derechos humanos”. La cita entre ambos se realizó en el contexto del asesinato de los 5 religiosos palotinos, hecho también conocido como la “masacre de San Patricio”, y que fue perpetrado por militares argentinos en el barrio porteño de Belgrano.

“Entregué al Ministro algunas hojas en las que yo había transcrito, según la categoría, los nombres de los detenidos, de los secuestrados y de los desaparecidos, cuyos familiares se dirigieron a la Nunciatura para obtener nuestra participación; llamé la atención del Ministro sobre algunos casos, como el de los Ingenieros de la Comisión para la Energía Atómica, el del director de cine Raymundo Glaser y el del profesor Roberto Bergalli”, dice la carta.

La evidencia más fuerte del escrito es cuando explica que el ministro admitió “que en algunos cuarteles militares, como en el de Rosario, bajo el comando del general Díaz Bessone - un tipo muy ‘duro’-, se verifican abusos de este tipo, y prometió que hará todo lo posible para remediarlo”.

“Ante la angustia que manifesté sobre los actos de violencia de los ‘escuadrones’ de derecha y sobre los métodos inadmisibles de lucha contra la subversión, el Ministro concordó conmigo en que ‘es necesario desarmar a todos los grupos que actúan fuera de la ley del Estado’”, remata el texto.