El dólar paralelo se dispara en Venezuela

La cotización de la moneda estadounidense en el mercado paralelo ha roto en Venezuela la barrera de los 1.000 bolívares por dólar, una cima que también pone de relieve la gravedad de la crisis económica y financiera que sufre el país. De acuerdo a la página web dolartoday.com, el dólar se compraba este miércoles a 1.003,23 bolívares fuertes, cinco veces el valor de la mayor tasa oficial de cambio, que ronda los 200 bolívares.

La página, usada de manera regular como referencia por empresas y ciudadanos comunes para conocer el precio de la divisa estadounidense en la calle, alega que calcula ese valor a partir del precio que se otorga a la moneda venezolana en las transacciones que se realizan en las casas de cambio autorizadas de la ciudad de Cúcuta, en el departamento colombiano de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

Desde marzo de 2003, existe en Venezuela un estricto régimen de control de cambios impuesto en ese entonces por el presidente Hugo Chávez, al término de la huelga petrolera que desfondó la economía nacional. Lo que para el momento pareció un imperativo financiero, con el tiempo se convirtió en una herramienta de control político. Inmensas fortunas se construyeron gracias al acceso privilegiado de individuos y grupos de presión a las divisas más baratas disponibles en el complejo sistema de tasas de cambio diferenciales que se estableció.

Dolartoday.com es manejada desde Delaware, Estados Unidos, por un trío de empresarios venezolanos. El Gobierno de Maduro acusa al sitio de formar parte de una conspiración para afectar la economía venezolana mediante la difusión de tasas de cambio artificiales. De hecho, a nombre del Banco Central de Venezuela (BCV, subordinado al Gobierno), un bufete de abogados introdujo en octubre pasado una demanda contra Dolartoday.com ante un tribunal federal de Estados Unidos. El documento pide a las autoridades norteamericanas el cese de las operaciones del portal.

Pérdida de confianza

El nuevo registro en la tasa de cambio refleja cómo se desvanece día a día la confianza en que Maduro podrá gestionar con éxito la crisis económica, quizás la más grave en la historia del país. Después de negarla durante casi dos años, el presidente venezolano admitió la crisis a comienzos de este año. En enero intentó, sin éxito, pasar por la recién estrenada Asamblea Nacional de mayoría opositora un decreto de emergencia económica. Maduro ha insinuado en sus últimas apariciones públicas que podría forzar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, a que declare inconstitucional la negativa del legislativo para aprobar la emergencia. Sin embargo, mientras se dirime la escaramuza de poderes, día a día se deterioran las estadísticas fundamentales de la economía y la calidad de vida de los venezolanos.

Frente a la situación, Maduro se ha jurado contrario a la adopción de medidas de ajustes de corte “neoliberal”. Dice, en cambio, junto a otras autoridades como el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, que el trance no corresponde a un fracaso de las políticas sociales sino al agotamiento del “modelo rentista petrolero”, por lo que identifica en la coyuntura una oportunidad para instaurar un nuevo “modelo productivo”. Su reflejo ante la crisis ha sido el de llamar a un Consejo Productivo Nacional que, mediante mesas sectoriales, intenta establecer alianzas con los grupos empresariales que sobrevivieron a las políticas expropiatorias que aplicó el chavismo. El lunes constituyó un Sistema Centralizado de Compras del Estado, confiado en que las menguadas arcas oficiales contribuyan a sustituir importaciones y a fortalecer la industria nacional de bienes de consumo.

Nada de eso ha ayudado todavía a resolver la provisión de alimentos y medicinas. Ni hablar de los insumos industriales. El catastrófico panorama llevó el martes a Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar —el mayor grupo económico privado del país, que no ha sido invitado a las mesas sectoriales—, a romper en una rueda de prensa su acostumbrado silencio público. Según reveló, el Gobierno debe solo a Empresas Polar —un productor y comercializador dominante en diversas categorías de consumo alimentario en el país— más de 360 millones de dólares en asignación de divisas para el pago de proveedores. Denunció que su grupo, crucial en el abastecimiento y uno de los más eficientes del país, sufre un acoso sistemático: “En Polar tenemos de 10 a 15 inspecciones diarias de distintos organismos del Estado. Somos la empresa más fiscalizada del mundo”.