La crisis de los refugiados agrieta a la Unión

En vísperas de la reunión de ministros europeos del lunes, la Unión Europea dividida, se desgarra en sus contradicciones. Por un lado, uno de los pilares de la Unión: la libre circulación de personas. Por otro, la ausencia de una política de asilo común y la pugna por la distribución de refugiados en los Estados Miembros.

El pasado abril, las capitales europeas se vieron sacudidas por espasmos de indignación ante la propuesta de Jean Claude Juncker para hallar una “clave de distribución” de 5.000 solicitantes de asilo llegados a las costas mediterráneas. En junio, la cifra había aumentado hasta los 40.000, lo que convenció a los Estados miembros de la necesidad de un acuerdo que facilitara la redistribución de forma voluntaria. Ahora rondamos los 160.000. Y en vísperas del encuentro de ministros, a causa de la presión de Berlín, Roma, París y del Ejecutivo europeo la mecánica de reparto de las cuotas ha perdido todo rasgo de voluntariedad y excepcionalidad para asumir los de obligatoriedad y permanencia. Aunque solo sea para equilibrar una estadística que, como ha recordado el ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, hoy cinco países —Alemania, Francia, Italia, Suecia y Reino Unido— soportan el peso del 75% de las solicitudes de asilo.Alemania, de forma unilateral se prepara para recibir a 800.000 solicitantes de asilo este año.

En la geografía de nuestra dividida Unión, destaca el llamado Grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia), reacios a las cuotas obligatorias. Y si bien es cierto que Berlín ha acabado por alinear a su alrededor a Italia y al bloque de países escandinavos y por convencer a París de que tome en consideración el mecanismo de las cuotas. Irlanda, el Reino Unido y Dinamarca están exentos de aplicar las políticas de Interior y Justicia de la UE. 

Francia, país para el que se prevé un flujo de entre 100.000 y 120.000 solicitudes al año en un año, exige, al igual que Alemania, que la condición previa de cualquier acuerdo sobre las cuotas sea la creación de “puntos calientes” en las puertas del sur de Europa —Italia y Grecia— que garanticen una identificación fiable de los solicitantes de asilo y una criba rápida de quiénes tienen derecho a permanecer en Europa y de quiénes no. Además de la creación de la lista de países a los que se pueda expulsar a los migrantes cuya solicitud de asilo sea rechazada.

Italia está dispuesta a dar su consentimiento a los puntos calientes (de los cinco previstos en Pozzallo, Agusta, Lampedusa, Trapani y Taranto, tres podrían entrar en funcionamiento a finales de septiembre) con la presencia de funcionarios de Frontex y de Easo (Oficina Europea de Apoyo al Asilo), pero con dos condiciones. En primer lugar, que antes se ponga en marcha el plan obligatorio de la redistribución con cuotas superiores a los 32.000 traslados. En segundo lugar, que previamente hayan arrancado los trámites para la revisión de la Convención y la Regulación de Dublín, que define qué país es responsable de tramitar las solicitudes de asilo.

“Punto caliente” es también la palabra clave de la agenda del gobierno belga de centro-derecha. Pero en un país que ha experimentado en julio algo desconocido hasta la fecha (4.961 solicitantes de asilo, 55% más respecto a julio y 192% más respecto a agosto 2014, con filas de hasta un millar de personas ante las oficinas de inmigración), Theo Francken, miembro del partido nacionalista flamenco, partidario de la reintroducción de los controles en las fronteras y secretario de Estado para el asilo, cree que “algunos países han obtenido grandes beneficios de las políticas agrícolas comunitarias y de los fondos europeos. Si no se muestran solidarios en esta crisis, pediré que esos países pierdan tales beneficios”.

Las palabras de Francken y el resentimiento de una parte de Europa, llevan hacia Madrid, que, con sus 6.202 solicitudes de asilo este año es de hecho el único país mediterráneo de la Unión que ha permanecido inmune a las dimensiones materiales de la crisis. El gobierno de Rajoy, hasta hace muy pocas semanas, estaba convencido de que su ofrecimiento de acoger voluntariamente a 2.749 solicitantes de asilo era razonable y sólo después de la reunión del jefe del Gobierno con Merkel en el castillo de Meseberg y de la petición de la Comisión Europea de elevar ese número hasta 14.931 ha empezado a hacerse a la idea de que ese número obligatoriamente debe aumentar. Fuentes oficiales explican que las quotas contribuyen a crear lo que consideran “un efecto llamada”, que invitan a más refugiados a venir. Defienden a cambio políticas de cooperación y repatriación con los países de origen que alivien el flujo migratorio y recuerdan que España ha sido y es "el muro de contención" de África Occidental. Aún así, el Gobierno se ha comprometido esta semana aceptar el núemro de refugiados que le pida Bruselas.

Suiza, pese a no pertenecer a la UE asistirá también a la cumbre, donde defenderá una política de refugiados común, en la que desea participar. Simonetta Sommaruga, socialista y Consejera Federal responsable del asilo, pide que haya un reparto claro de los refugiados entre los países europeos. La mayor parte del Gobierno helvético está de acuerdo con Merkel en que, si no se distribuyen mejor los esfuerzos, Schengen corre peligro.

Los resultados de la reunión del día 14, dependerán en buena medida de la capacidad de persuasión y de los argumentos de Angela Merkel, capaz de dar la vuelta, tras la crisis griega, a la imagen de su Gobierno y de su país ante los ojos de Europa mostrando a Berlín como el laboratorio de una política diferente y posible de acogida.

Traducción de Carlos Gumpert

Con información de Carlo Bonini y Vladimiro Polchi (Repubblica), Jean Jacques Mével y Jean Marc Leclerc (Figaro), Caroline Zurcher (24 heurs), Simone Schmid (Tages Anzeiger), Ileana Grabitz y  Veronika Vollinger (Die Welt), Ann Charlotte Bersipont (Le soir), Ana Carbajosa (El Pais).