La aldea palestina de Susya plantea un pulso global a Israel

Nasser Nawajah encabeza la manifestación con paso decidido, ajeno al sofocante calor y a la presencia cercana de vehículos del ejército y la policía israelíes. Tiene 33 años y nació en Susya, el pueblo palestino sobre el que pesa una orden de demolición de la justicia israelí. Los más de 300 habitantes de esta aldea del sur de Cisjordania saben que las excavadoras están al llegar y no ocultan su miedo. La presencia de unos 200 activistas de derechos humanos que han acudido a la aldea a manifestarse a su lado no logra reconfortarles. “Pero no nos iremos. Si vienen y destruyen nuestras casas, no servirá de nada porque volveremos a construirlas”, dice, convencido, Nawajah.

Susya se sitúa en la llamada área C de Cisjordania, controlada administrativa y militarmente por Israel. Sus habitantes viven cercados entre un asentamiento israelí del mismo nombre y una zona arqueológica preservada donde se encontraron ruinas de una sinagoga. Desde hace 30 años, los habitantes de esta aldea han visto sus casas destruidas en al menos tres ocasiones, y actualmente viven en precarias cabañas de lona y plástico, en una tierra de la que muchos poseen títulos de propiedad firmados hace décadas.

La escuela, la pequeña clínica, el sistema eléctrico gracias a paneles solares y varias de las endebles casas han recibido financiación de países europeos, entre ellos España, explica la ONG israelí Rabinos por los derechos humanos, que defiende a los habitantes de Susya ante los tribunales.

Pero para la Administración israelí los palestinos de esta aldea son “intrusos” que han construido desde hace años sus viviendas de forma ilegal y sin ningún permiso. La batalla judicial ha conocido sentencias y apelaciones diversas hasta que en mayo el Tribunal Supremo ordenó la demolición de una parte del pueblo.

Los habitantes de Susya y Rabinos por los derechos humanos subrayan que se han presentado varios planes de construcción y saneamiento, pero los permisos siempre han sido denegados. Edificar en el área C es casi una misión imposible para los palestinos, y la ONG israelí Bimkom estima que se rechaza el 95% de las solicitudes presentadas.

“La Administración civil israelí nos dijo que no habrá demoliciones hasta el martes. Después no sabemos qué va a pasar. El riesgo es inminente, y si no hubo derribos hasta ahora es gracias a la presión internacional que ha hecho que Susya exista”, explica a este diario Quamar Mishriqi Asad, abogada que defiende a los habitantes de la aldea.

En los últimos días, la UE y EE UU han pedido a Israel que no ejecute las demoliciones. El portavoz del departamento de Estado norteamericano, John Kirby, consideró que el derribo de Susya constituiría una “provocación” y un “acto dañino”, e instó a las autoridades israelíes a trazar un plan de urbanismo para los residentes de la aldea.

“Susya se ha convertido en sinónimo de las políticas que privan a los palestinos de sus tierras y sus recursos”, dijo por su parte John Gatt Rutter, representante de la UE en los territorios palestinos, durante una visita reciente a la aldea. Los ministros de Exteriores de la UE exhortaron en un comunicado a las autoridades israelíes a renunciar a los planes de demolición.

Para Mishriqi, el Gobierno es “rehén de la presión de los colonos”. La abogada recuerda que en los ochenta, Plia Albeck, jurista considerada como la “madre de los asentamientos” israelíes se refirió a Susya como una aldea cuyas tierras eran propiedad de sus pobladores árabes.

“Nunca existió un pueblo árabe llamado Susya (…) Estamos frente al turbio oportunismo de organizaciones de izquierda que quieren tomar el control de la zona C”, zanjó esta semana el viceministro de Defensa, Eliyahu Ben-Dahan, del partido ultranacionalista religioso Hogar Judío.

Las banderas palestinas ondean en cada casa de Susya. En total, 37 estructuras, es decir, la mitad del pueblo, pueden ser destruidas dentro de algunos días, entre ellas varias casas, la clínica y varios almacenes y establos.

“Prefiero pensar que no va a ocurrir, que la comunidad internacional nos va a salvar”, confía Wajda Nawajah, madre de tres hijos que vive en una de las cabañas que están en la lista de derribo.