Holanda solo asistirá a refugiados que accedan a abandonar el país

El Gobierno de centro izquierda holandés solo ofrecerá ayuda de emergencia, entendida en términos oficiales como “cama, comida y baño”, a los refugiados sin documentación que accedan a abandonar el país. Estos grupos, formados en su mayoría por gente llegada de países en guerra, serán reunidos en cinco centros dispuestos en las cinco grandes ciudades (Ámsterdam, Rotterdam, La Haya, Utrecht y Eindhoven). Dos semanas después de su ingreso, y si colaboran en la devolución a su tierra de origen, pasarán a otro establecimiento con libertad retringida. Desde allí, y en cuanto el procedimiento de expulsión esté listo, saldrán de Holanda. De negarse a cooperar, acabarán en la calle sin cobertura de ningún tipo. Los ayuntamientos, que se ocupaban hasta la fecha de acoger a los extranjeros ilegales, dejarán la labor en manos del Ejecutivo. De otro modo, perderán los subsidios destinados a programas de integración.

El acuerdo acaba de ser presentado por el primer ministro Mark Rutte, liberal de derecha, y su ministro de Asuntos Sociales, Lodewijk Asscher, socialdemócrata. Ambos son los máximos representantes de la actual coalición en el poder, que a punto ha estado de romperse por “uno de los asuntos más controvertidos y difíciles”, en palabras de Rutte. El pacto ha sido cerrado después de que una resolución del Comité Europeo para los Derechos Sociales indicara que Holanda no podía dejar sin techo a nadie. A continuación, eso sí, dejaba en manos de las autoridades los detalles prácticos de la ayuda prestada.

La sorpresa del compromiso oficial es el giro dado por una tierra que desea seguir manteniendo su imagen de abierta a la acogida. Philip Alston, experto de la ONU en derechos humanos, ha sido de los primeros en denunciarlo. En unas declaraciones a la televisión pública holandesa (NOS) ha dicho que el acuerdo “vulnera las reglas internacionales de amparo y criminaliza a gente forzada a escapar de su tierra”. “Todos estos detalles sobre centros temporales y la exigencia del sujeto en cuestión de contribuir a su expulsión, solo enmascaran la violación de los derechos humanos en Holanda”, ha añadido. Amnistía Internacional, por su parte, lamenta que se ofrezca apoyo durante unos días a cambio de marchar. “Además, al ponerlos en la calle si no ayudan, tenemos el mismo problema, tanto desde el punto de vista jurídico como práctico”, según sus portavoces.

Los activistas del grupo holandés We Are Here (Aquí estamos), que apoyan a un centenar de solicitantes de asilo rechazados, ha subrayado el problema práctico que el Gobierno parece ignorar. Procedentes de Somalia, Libia, Sudán o Yemen, desde 2012 han estado en iglesias, garajes, edificios abandonados, antiguas cárceles y hasta un campamento levantado por ellos mismos. “Pero sus embajadas no les reconocen y no contribuyen a su regreso”. “Esta acogida temporal muestra el error de percepción del Gobierno ante el problema del asilo”, han denunciado. La Iglesia Protestante de Holanda, forzada a cerrar ya el refugio para ilegales que regenta en La Haya, califica el acuerdo gubernamental no solo de “jurídicamente imposible de sostener”. Asegura que ofrecer así de mal cama, comida y baño, “pospone un problema que debe ser resuelto”.