La ley de la oscuridad
Llegamos a los días decisivos entre setiembre y noviembre en mitad de la más espesa niebla política que se haya visto jamás. Tres son las espesas cortinas que ensombrecen el proceso de la consulta del 9 de noviembre y que han ido cayendo uno detrás de otro hasta dejarnos con la habitación en la penumbra más absoluta, sin que podamos ver a un palmo de nuestras narices ni saber qué diablos estamos haciendo.
La primera en el tiempo y en la construcción lógica, es la espesa cortina de la oscuridad en los propósitos. La formación que dirige el proceso se presentó ante los electores y obtuvo su exigua e incompleta mayoría de 50 diputados en las elecciones de noviembre de 2012 sin explicar muy bien qué quería ni qué proponía. Una parte, la demócrata cristiana, no estaba ni está hoy por la independencia, sino por algo así como la confederación. La otra parte, descubrió súbitamente su vocación independentista poco antes de las elecciones pero prefirió ocultarla en su programa o dejarla en la ambigüedad para no perjudicarse electoralmente: los votos que obtuvo fueron estrictamente en favor del Estado propio dentro de Europa, sin saber muy bien qué sería eso, si como Baviera o como Eslovenia.
La segunda cortina, doble además, es la forma de la pregunta, confusa donde las haya. Dos preguntas a falta de una. Y sin manual de interpretación, para dejar más espacio a la discusión y a la incertidumbre. Sobre la primera --¿quiere que Cataluña sea un Estado?-- ya se ha hecho toda clase de bromas respecto a los estados de la física y las metáforas que ocultan. Todos queremos una Cataluña bien sólida. Aceptamos gracias al filósofo Zygmund Bauman que estamos en una Cataluña líquida. Y nos repugna abiertamente la Cataluña gaseosa, porque ni siquiera la podemos ver, aunque en cierta forma es la que más se asemeja a la Cataluña en penumbra que tenemos. Y en todo caso, poca broma: ¿Qué tipo de Estado? ¿Massachusetts o Baviera, Andorra o Ciudad del Vaticano, Quebec o Singapur? La primera pregunta no sirve para nada, salvo para confundir y aliviar malas consciencias: la buena, directa y clara es la segunda, por supuesto.
Llegamos a la tercera cortina, gruesa también, que es la ley catalana de consultas no referendarias. Lo dirá mejor que yo un profesor de Ciencia Política de la Pompeu como Jaume López: “Podemos decirlo clar i català: una consulta política efectuada al conjunto de los catalanes es un referéndum que, por razones jurídicas y políticas, no puede denominarse como tal” (Ara, 28 de agosto). Esta es una cortina mágica, con trampa por tanto, de las que utilizan los prestidigitadores para hacer desaparecer y reaparecer cosas. Aquí tienen ustedes una consulta no vinculante, un pañuelo, que cuando conviene se convierte en un referéndum con efectos políticos ineludibles, ¡y aquí está una paloma!
Además de las cortinas hay un aditamento previo, que rebajó la luz y la difuminó, creando así un estupendo efecto visual para acostumbrar nuestros ojos a la oscuridad actual. Es el velo o gasa del derecho a decidir, ese inaprensible e inconsútil tejido que sustituye al imposible e innombrable derecho de autodeterminación. ¿Derecho de quién a decidir qué y con qué motivo? ¿A decidir la integración en el euro o la participación en la OTAN, la aceptación de las políticas de austeridad o la sustitución de la monarquía por una república? Busquemos el auxilio del mismo Jaume López en su artículo Consulta o referéndum las cosas por su nombre: “Los juristas dicen que no existe. Que solo existe el derecho de autodeterminación, Tienen razón. No existe formalmente: no hay ninguna norma que lo recoja”.
Conclusión: el Gobierno catalán pretende convocarnos a votar el día 9 de noviembre en ejercicio de un derecho inexistente, en aplicación del compromiso de una mayoría parlamentaria que tampoco existe, respondiendo a unas preguntas confusas cuyas respuestas serán de difícil interpretación y aplicando una legislación catalana que confunde adrede las consultas no referendarias y no vinculantes con los referendos consultivos de efectos políticos. Esta es la política de la claridad catalana. Que venga el Tribunal Supremo de Canadá y nos eche una mano, por favor.
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