Las revelaciones sobre los servicios secretos británicos dividen a los ‘tories’

Las constantes revelaciones del diario The Guardian sobre los servicios secretos británicos a partir de los papeles de Edward Snowden han generado un intenso debate en Reino Unido. Pero, sobre todo, reflejan una profunda división acerca de ese asunto en el interior del gobernante Partido Conservador. Una división que sitúa por enésima vez en bandos enfrentados al primer ministro David Cameron, que cree que esas informaciones perjudican a los servicios secretos, y el alcalde de Londres y potencial alternativa a Cameron, Boris Johnson, que defiende el trabajo del diario londinense.

El debate lo abrió a cañonazos el pasado 8 de octubre el jefe de la agencia de seguridad y contrainteligencia doméstica británica, el MI5, Andrew Parker. En un discurso público, Parker aseguró que la publicación de los documentos filtrados por Edward Snowden ha sido muy dañina para el país y muy útil para los terroristas. Desde entonces, Cameron ha entrado a menudo en el debate, insinuando varias veces que el Gobierno acabará interviniendo si el diario no deja de publicar revelaciones de ese tipo.

El primer ministro llegó a decir que podría pedir a la Justicia que prohibiera la publicación de determinadas informaciones. “No quiero tener que utilizar requerimientos o notificaciones judiciales u otro tipo de medidas más duras. Creo que es mucho mejor apelar al sentido de responsabilidad social de los periódicos. Pero, si no demuestran cierta responsabilidad social, va a ser muy difícil que el Gobierno se quede sentado y no actúe”, declaró el primer ministro el lunes en los Comunes en lo que se interpretó como una amenaza directa al Guardian.

En sentido contrario, Boris Johnson ha salido en defensa del periódico londinense y ha enfatizado la importancia de que la opinión pública conozca la dimensión de las actividades de sus servicios secretos. “Creo que el público merece saber. El mundo es mejor si los gobiernos están sometidos al malvado escrutinio y salen a la luz pública hechos destacados e interesantes sobre el espionaje público”, declaró Johnson el miércoles.

La controversia volvió el jueves a los Comunes en una debate en el llamado Westminster Hall en el que dos diputados conservadores representaron la cara y la cruz de las posiciones que se viven en el seno del partido. Mientras para Julian Smith, el Guardian bordea la traición a la patria, a juicio de Dominic Raab el diario no ha revelado ningún secreto que perjudique a los servicios secretos.

Refiriéndose a los comentarios de Parker de que el Guardian le había hecho un regalo a los terroristas, Raab comentó: “O bien los encargados de aplicar la ley en Reino Unido son sorprendentemente lentos, dadas las afirmaciones que se han realizado, o bien la seguridad nacional está siendo utilizada como hoja de parra para esconder las revelaciones”. En su opinión, el diario no ha explicado las técnicas del espionaje británico, sino su alcance. “Cualquier grupo terrorista serio da por descontado que sus teléfonos, emails y su uso de Internet es controlado de forma rutinaria”, ironizó.

El también conservador Julian Smith, en cambio, ve las cosas de otra manera. “El Guardian, que tiene todo el derecho a informar de estos asuntos, que ha puesto de relieve importantes cuestiones a debatir, que ha hecho eso de forma digital y global y de forma interesante, con buen periodismo, ha puesto en peligro la seguridad de nuestro país y por eso es culpable de un comportamiento potencialmente traidor”, declaró en el debate.

La controversia no ha podido llegar en peor momento. Justo cuando el Gobierno acaba de aprobar de forma unilateral una polémica regulación del funcionamiento de la prensa que ha sido rechazada por todos los diarios. Aunque con distintos matices, todos los diarios, lo mismo locales que nacionales, igual los de derechas que los de izquierdas, creen que esa regulación tiene el potencial de permitir a los políticos poner límites a la libertad de prensa. La polémica de estos días pone de relieve que no es tan difícil que los políticos encuentren argumentos para imponer esos límites.