El Congreso de Estados Unidos acelera los plazos para la reforma migratoria

Casi dos de cada tres estadounidenses apoyan la creación de una vía para que los 11 millones de indocumentados que se estima residen en Estados Unidos tengan la oportunidad de convertirse en ciudadanos, según una encuesta realizada por la Institución Brookings. El apoyo de los ciudadanos a uno de los principales aspectos de la reforma migratoria coincide con la cada vez menor resistencia entre los políticos conservadores del Partido Republicano, lo que podría facilitar que la nueva ley salga adelante antes del verano.

En los últimos días, los republicanos han demostrado que cada vez apoyan con más firmeza los cambios en el sistema migratorio. Este lunes, el presidente del Comité Nacional del Partido, Reince Priebus, anunció los resultados de un análisis sobre el papel desempeñado por los republicanos durante las elecciones y en el que aseguraba que debían apoyar la reforma como vía de regreso a la Casa Blanca. Un día después era Rand Paul, senador afiliado al Tea Party, quien prometía “encontrar un lugar” para los indocumentados que quieran vivir y trabajar en EE UU.

Este jueves, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, anunció que la Cámara Alta podría aprobar la reforma migratoria el próximo mes de abril, mucho antes de lo previsto. El respaldo político y ciudadano a la reforma coincide con el trabajo en el Senado de ocho legisladores, cuatro demócratas y cuatro republicanos, que colaboran en la redacción de la nueva ley.

El conocido como “grupo de los ocho”, que presentó las bases para la reforma migratoria el pasado mes de enero y cuenta con el respaldo del presidente Obama, cuenta con la participación de un gran veterano del último intento de aprobar la reforma, John McCain, y el senador hispano Marco Rubio, encargado de acercar las posturas más conservadoras a las condiciones de los demócratas. De momento, las negociaciones han logrado grandes avances como el acuerdo en torno a la regularización de los indocumentados o los plazos de acceso a la ciudadanía.

Según el informe de Brookings, este último aspecto es el que cuenta con mayor apoyo entre los ciudadanos. Un 71% de los demócratas y un 53% de los republicanos consideran que se debe regularizar la situación de aquellos que entraron ilegalmente en el país o no lo abandonaron tras caducar sus visados. Se trata de un giro importante ante un requisito que todavía es calificado despectivamente entre los más conservadores como “amnistía”.

Los ocho senadores aseguraron hace varias semanas que también se habían puesto de acuerdo en cuanto a la regularización, como también pide la Casa Blanca, a pesar de que en el primer borrador condicionaron el acceso a la ciudadanía con la seguridad de la frontera. Ese primer requisito exigía la creación de un organismo que certificara que la frontera estaba blindada de las amenazas de la violencia relacionada con el narcotráfico, sin embargo, la falta de especificaciones sobre quién lo formaría ni qué parámetros demuestran tal seguridad, ha dado paso al consenso en torno a la regularización de los indocumentados.

Sin embargo, y tal y como han demostrado algunas audiencias celebradas en el Congreso acerca de la reforma, diversas voces conservadoras todavía abogan por que se otorgue un permiso de residencia y de trabajo a los indocumentados, sin que lleguen a convertirse en ciudadanos de pleno derecho. Esta opción es la que cuenta también con menos apoyo entre los ciudadanos, apenas un 14% de los encuestados quieren que se legalice a los indocumentados sin ir más allá.

Numerosas organizaciones a favor de la reforma, así como algunos legisladores demócratas, argumentan que esta opción provocaría la existencia de ciudadanos de “segunda clase” sin plenitud de derechos. De momento, todo indica que la nueva legislación no contará con este aspecto, que siempre ha quedado fuera de las bases planteadas tanto por el “grupo de los ocho” como del presidente Obama. Tanto los republicanos como los demócratas podrían arriesgarse a perder el voto de millones de hispanos que se estima pueden tener un impacto aún mayor en las elecciones de 2016.

En ese sentido, la encuesta también muestra que el 45% de los estadounidenses consideran que el Partido Republicano resultó perjudicado en las últimas elecciones precisamente por las ideas defendidas en materia de inmigración. Entonces, el candidato Mitt Romney propuso las “autodeportaciones” como medida de lucha contra la inmigración ilegal y nunca ratificó su rechazo a la ley de inmigración de Arizona, una de las más restrictivas del país. Solo un tercio de los ciudadanos asegura que esta era la estrategia correcta y un quinto todavía opina que los indocumentados deberían ser identificados y deportados.