El nuevo Gobierno holandés impone a los banqueros un código deontológico

“No hemos decidido fusionarnos”, dijo entre risas Mark Rutte, futuro primer ministro liberal holandés, al presentar junto con Diederik Samsom, líder socialdemócrata, el pacto de Gobierno que acaban de cerrar. La broma despejaba las dudas sobre la buena sintonía mostrada entre ambos en los 50 días escasos que han necesitado para formar una coalición de centro-izquierda, tras las elecciones del pasado 12 de septiembre. Un acuerdo recibido con cautela y sin protestas por patronal y sindicatos, y que incluye un estrecho control sobre el sector financiero nacional. El ajuste será de 16.000 millones de euros —para mantenerse por debajo del 3% de la eurozona— y las rentas altas soportarán el grueso de los recortes sanitarios.

Escaldada por las ayudas millonarias precisadas por socios europeos como Grecia, España o Italia, Holanda ha decidido atar corto a los banqueros patrios. A partir de ahora, firmarán un código deontológico vinculante que regulará su integridad y forma de trabajo. Si lo vulneran, serán sancionados. El mensaje es simple: “Si Europa funciona, nosotros también. Pero todos debemos sacar al país de la crisis”, según reza el texto del acuerdo, titulado Tendiendo puentes.

En su asalto a la banca, el nuevo Ejecutivo vigilará también los movimientos de los ejecutivos encargados de grandes transacciones. No podrán vender productos dudosos, ya sean hipotecas o créditos, a clientes que obtendrían poco o ningún beneficio. Las bonificaciones de los directivos no superarán el 20% del salario percibido, y se han acabado los contratos blindados. El paro será, el primer año, de un 70% del sueldo percibido. El segundo pasará al salario mínimo. Después se calcularán los bienes y gastos del desempleado. Las medidas han llegado envueltas en un llamamiento a la unión bancaria europea, que piden “lo antes posible”, junto con el refuerzo del control monetario por parte de la UE.

Para Mark Rutte, de 45 años, —que repite como jefe de Gobierno tras el fiasco de su primer mandato (entre junio de 2010 y abril de 2012)— la armonía con sus nuevos socios socialdemócratas resulta esencial. En su anterior intento, le secundaba la democracia cristiana, pero estaba en minoría. Desde el Parlamento, su apoyo era la derecha xenófoba de Geert Wilders. Cuando este le abandonó, cayó un Gobierno mediatizado por el ideario antimusulmán del líder extremista. Ahora es distinto. Rutte y Samson juntos tienen mayoría (79 escaños en una Cámara de 150) y la dureza que muestran con la inmigración ha perdido el pasado tinte religioso.

El liberal Rutte, primer ministro en funciones, seguirá al frente del Ejecutivo

Para empezar, las dobles nacionalidades han dejado de ser un problema. Podrán ostentarse sin resultar sospechoso de falta de lealtad. Eso sí, los inmigrantes que quieran obtener el pasaporte holandés y votar en las elecciones locales deberán residir en el país al menos siete años. Antes eran cinco. Hablar la lengua holandesa será obligatorio para percibir un subsidio básico estatal. Para ayudas más amplias, tendrá que justificarse una residencia de siete años. Si el plan completo es aprobado por el Parlamento, los ciudadanos de la UE estarán sujetos a las mismas normas. Luego están los velos, caballo de batalla de todos los grupos políticos. Sin aspavientos, se ha prohibido el burka y el niqab (que deja libres solo los ojos) en edificios oficiales, y en los sectores de la educación, sanidad y transporte público.

Samsom, que fue portavoz de Greenpeace y no ha querido dañar sus credenciales de izquierda, no ha tenido reparos en asentir cuando Rutte ha subrayado: “El peso de las medidas lo notaremos todos”. Las rentas más altas pagarán también más por la sanidad y por sus viviendas. Como consecuencia de ello, a partir de 100.000 euros de salario, su poder adquisitivo bajará un 0,6%. Por encima de los 100.000 euros, no podrán deducirse los descuentos fiscales de las pólizas de seguros. Los mayores con buenas pensiones verán asimismo reducidos los servicios mínimos de asistencia. Por el contrario, los ciudadanos que acudan al hospital, y a urgencias, sin haber sido remitidos por un médico, pagarán 50 euros de recargo.

“El acuerdo es pura terapia de choque”, ha dicho Bernard Wientjes, jefe de la patronal. “Necesitaremos al menos dos años para poder aplicarlo a fondo. Por eso es indispensable que este nuevo Gobierno complete la legislatura”, ha añadido. Según la Oficina Central de Planificación, que asesora al Gobierno en macroeconomía, el paro aumentará hasta el 5,75% para 2017. De su lado, la economía crecerá un 1,25% al año.