Ofensiva contra la purga de votos en Florida

El Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, ha demandado al Estado de Florida por negarse a suspender la revisión del censo electoral que inició a principios de mayo. El número dos del Departamento de Justicia, Thomas Pérez, indicaba en un escrito, remitido en la tarde del lunes al Secretario de Estado de Florida, que la medida que puso en marcha su gobernador, el republicano Rick Scott, a principios de mayo para eliminar de la lista de votantes a quienes no tuvieran la nacionalidad estadounidense, incumplía la Ley Nacional de Registro de Votantes y la Ley del Derecho al Voto. “Por favor, cesen inmediatamente esta práctica injusta”, indica Pérez en la carta.

Scott remitió a los supervisores electorales de cada Distrito de Florida una lista con 2.700 votantes que podrían estar en situación irregular para que se les enviara un aviso de que, si en 30 días no demostraban que eran ciudadanos de EE UU, serían eliminados del censo. El dirigente republicano elaboró su relación de sospechosos a partir de la base de datos de los residentes con permiso de conducir.Grupos de derechos civiles iniciaron una ofensiva denunciando que, tras esa iniciativa, no subyacía la intención de evitar el "fraude electoral", como aseguraban los republicanos, sino que su verdadero propósito era impedir a las minorías, en concreto a los hispanos y afroamericanos, el ejercicio de derecho al sufragio. Según un estudio del Center for American Progress, el 58% de las personas incluidas en el listado del gobernador de Florida eran hispanos y el 14% negros. La “presencia de votantes blancos republicanos” era prácticamente inexistente”, indicaba el informe.

El 58% de las personas incluidas en esa relación eran hispanos y el 14% negros. La “presencia de votantes blancos republicanos” era prácticamente inexistente”

A menos de cinco meses para las elecciones presidenciales y con las encuestas cada vez más igualadas entre el presidente Barack Obama y el candidato republicano, Mitt Romney, la pugna por cada votante, sobre todo en aquellos Estados que tradicionalmente no tienen decantado su color político (swing states), se antoja vital. Florida es un buen ejemplo de que cada voto cuenta. En 2008, Obama ganó por menos de 200.000 sufragios de diferencia gracias al apoyo determinante de los hispanos.

El 31 de mayo, Holder exhortó a Scott a suspender la purga de votantes antes del 6 de junio porque su iniciativa violaba la Ley Federal, al ser ilegal, según el Departamento de Justicia, modificar el censo electoral dentro de los 90 días previos a unas elecciones primarias o generales -Florida celebra primarias republicanas el 14 de agosto-. El ultimátum no dio resultado y, aunque muchos supervisores electorales, encargados en última instancia de poner en práctica la media, dejaron de remitir las cartas ante las imprecisiones de la lista de Scott - llena de errores sobre la identidad de las personas incluidas en él, sobre su verdadera situación legal...-, el propio gobernador comparecía horas antes de conocer que había sido demandado, para anunciar su intención de llevar al Departamento de Seguridad Nacional ante los tribunales por negarse a compartir su información sobre los emigrantes ilegales de Florida.

Scott va a demandar al Departamento de Seguridad Nacional por negarse a compartir sus información sobre los emigrantes ilegales de Florida

“La afirmación del gobernador de que necesita la información del Departamento de Seguridad Nacional para justificar su depuración ilegal de votantes es un reconocimiento de que estaba usando datos incorrectos desde el primer momento", ha declarado Howard Simon, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), tras conocer las intenciones del político conservador. Esta organización interpuso el viernes pasado una demanda contra el Estado de Florida por incluir erróneamente en la purga a dos hispanos ciudadanos de EE UU.

En Florida están registrados 11 millones de habitantes en el censo, de los que 1.473.920, el 13%, son hispanos. Entre estos, 452.619 están afiliados al partido Republicano y 564.513 al Demócrata, según datos de la División Electoral de ese Estado. Florida no es el único Estado que ha decidido revisar el censo electoral. Colorado y Nuevo México -el Estado con mayor población hispana de EE UU (42%, según datos del Centro Pew Hispanic Center)-, han adoptado iniciativas similares.

El 13% de los votantes de Florida son hispanos. Entre estos, 452.619 están afiliados al partido Republicano y 564.513 al Demócrata

Los opositores a la purga se cuestionan la verdadera finalidad de la medida y el momento en el que se ha adoptado, a menos de tres meses de las primarias republicanas del 14 de agosto. “El cambio demográfico no debe justificar la puesta en práctica de métodos equivocados para reducir su participación política en el Estado”, indicó en conversación telefónica Juan Cartagena, presidente de la organización Latino Justice. Caratgena ha hecho hincapié en la importancia de los votantes independientes a la hora de decantar las elecciones en Estados como el de Florida. “Cada vez hay más hispanos que no se posicionan políticamente y los partidos quieren captar su voto a toda costa. Es complicado entender la estrategia de los republicanos hacia los latinos, pero está claro que va dirigida a disminuir su presencia y su impacto en los resultados electorales”, advierte.

Cambio en las leyes electorales

La revisión del censo de votantes no es la única medida para limitar el derecho al voto de las minorías que ha puesto en marcha Scott. Florida aprobó el año pasado una reforma de la ley electoral que impone nuevas restricciones para ejercer el derecho al voto, entre ellas la necesidad de identificarse mediante una foto personal o poner impedimentos a las agrupaciones electorales para registrar a sus miembros. Antes, una decena de Estados adoptó disposiciones semejantes o endureció las ya existentes, como es el caso de Alabama, Carolina del Sur o Tejas.

El Departamento de Justicia ha interpuesto sendas demandas contra las normas de estos dos últimos Estados, consiguiendo paralizar su entrada en vigor hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre. La de Florida sigue en los tribunales, pero una demanda civil, impulsada por la campaña de Obama y abogados del Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York, ha consiguió que un juez de Tallahassee (Florida) dejara sin efecto la parte de la norma que únicamente daba 48 horas de margen a las agrupaciones electorales para revisar la validez de los datos de sus electores. Esta medida ha disuadido a muchos grupos mayoritariamente progresistas, como The League of Women Voters, a suspender sus actividades en Florida.

La campaña de Obama ha comenzado a enseñar a sus voluntarios y votantes cómo lidiar con las nuevas restricciones electorales de los 'swing states'

“Probablemente todo este tiempo perdido podamos recuperarlo porque muchos ciudadanos no se inscriben hasta poco antes de las elecciones”, explica Cartagena sobre los efectos de la decisión judicial de Tallahassee. Consciente de la importancia del voto hispano de cara a su reelección, la campaña de Obama ha comenzado a enseñar a sus voluntarios y votantes cómo lidiar con las nuevas restricciones electorales de los swing states.