La élite política en la picota

Los casos de corrupción salpican los Gobiernos de toda Europa en mayor o menor medida. En algún país, muy pocos, las reacciones son fulminantes, y algunos ministros (ocurrió en Suecia) han llegado a dimitir por haber utilizado la tarjeta de crédito para comprar un cepillo de dientes. Es una actitud muy poco frecuente asumir inmediatamente la responsabilidad política sin esperar la decisión de la justicia. Y cuando se trata de la más alta magistratura de un Estado, es excepcional que se abandone el cargo casi a la primera de cambio, como acaba de hacer el alemán Christian Wulff, sin esperar a que el proceso judicial avance. Otros porfiaron en los tribunales antes de ceder el cargo. Aunque finalmente fueron sentenciados.

Jacques Chirac, presidente francés, fue condenado el pasado 15 de diciembre por desvío de fondos públicos a otros dirigentes de su partido durante el periodo en que ejerció como alcalde de París, entre 1977 y 1995. La sentencia fijó dos años de cárcel para el expresidente conservador, una pena que, no obstante, no deberá cumplir entre rejas.

Moshe Katsav, que se aupó a la presidencia de Israel en el año 2000, terminaba su mandato cuando en el verano de 2006 comenzaron a conocerse las denuncias de dos mujeres que habían sido subordinadas de Katsav en la presidencia y en un ministerio que ocupó previamente. Ambas aseguraron haber sido violadas. El proceso judicial se prolongó varios años. En marzo de 2011, fue sentenciado a siete años de prisión por violación, actos indecentes y acoso sexual. El pasado 7 de diciembre, el exmandatario, nacido en Irán y poseedor de una larga trayectoria política en el derechista Likud, ingresó en prisión.

Silvio Berlusconi, dueño de un imperio de medios de comunicación y editoriales, dimitió el 12 de noviembre del año pasado arrastrado finalmente por la devastadora crisis económica que padece Europa. Pero los escándalos judiciales acosaban al primer ministro italiano desde muchos años atrás y marcaron sus Gobiernos. Su ejecutivo intentó promover la llamada ley Alfano, que establecía que los titulares de las principales instituciones del Estado --presidente de la república, primer ministro, y los presidentes de las dos cámaras legislativas— no podrían ser juzgados por delitos que no estuvieran relacionados con su cargo mientras permanecieran al frente de las citadas instituciones. Sin embargo, en julio de 2011 Il cavaliere fue condenado a pagar una multa de 560 millones de euros por fraude en la adquisición del grupo editorial Mondadori. Las acusaciones de sus presuntos vínculos con la mafia calabresa fueron también una constante, como salpicaron su trayectoria los escándalos sexuales.