Cuando los recortes son de libertades

La efervescencia legislativa que se apoderó del Parlamento húngaro en 2011 —sobre todo en diciembre, cuando se aprobaron decenas de leyes de calado con una asombrosa rapidez— alcanza a la libertad religiosa, la memoria histórica y los derechos sociales.

En solo cuatro días de junio, se propuso un texto que reordenaba el reconocimiento legal de las religiones y se aprobó el borrador para enviarlo al Parlamento. El 12 de julio lo aprobó el pleno con la mayoría de dos tercios del partido del Gobierno, Fidesz. Los credos musulmán, baptista, adventista, budista o hinduísta, por ejemplo, dejaron de tener reconocido de golpe el estatus de religión. Solo 14, todos cristianos y judíos, mantienen esa condición.

El Tribunal Constitucional rechazó la ley por cuestiones de procedimiento en diciembre. El Ejecutivo, en lo que Jura Nanuk, presidente del Instituto Centroeuropeo de Libertad Religiosa en Budapest, considera una “exhibición de poder”, volvió a aprobar el texto días después de que se publicara la sentencia. Excepto esas 14 iglesias, el resto tiene que “someterse a un absurdo y altamente arbitrario procedimiento de re-registro que incluye un obstáculo final: una votación en el Parlamento”. Este aspecto es el más polémico, ya que solo aquellas comunidades religiosas que obtengan el beneplácito de dos tercios de los diputados recuperarán su estatus.

La ley se considera discriminatoria de unos credos sobre otros y, según Nanuk, “viola el principio de separación entre Iglesia y Estado”. Hay un problema añadido, derivado del recorte de competencias que sufrió en diciembre el Tribunal Constitucional. Prácticamente se ha cerrado la posibilidad de que un individuo o una organización recurran al alto tribunal. El pasado 16 de diciembre, Thomas Hammargerg, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, envió una carta al ministro de Exteriores húngaro para expresarle su preocupación.

Todas estas restricciones contrastan con el énfasis cristiano empleado por el legislador al redactar la nueva Constitución húngara, en vigor desde el 1 de enero. En un país donde poco menos de la mitad (44%) de los ciudadanos se declara creyente, en comparación con el 90% de Rumania o el 80% de Polonia según el Eurobarómetro de 2005, la Carta Magna empieza con “Dios bendiga a los húngaros” y continúa: “Estamos orgullosos de que hace mil años nuestro rey, San Esteban, construyera el Estado húngaro sobre bases sólidas e hiciera nuestro país parte de la Europa cristiana”.

Las alusiones al cristianismo tienen efecto sobre la visión de la familia y la protección de la vida. El aborto es otro de los puntos polémicos de la nueva Constitución. “Incluye una disposición según la cual el feto debe ser protegido desde el momento de la concepción”, afirma Barbora Cernusakova, del equipo europeo de Amnistía Internacional. “Esta afirmación amenaza con dificultar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto”, añade. Hungría tiene desde hace años una de las leyes más liberales de Europa: en la práctica, permite a las mujeres interrumpir un embarazo hasta las 12 semanas. “Con la nueva Constitución, ¿qué pasará cuando la madre necesite un tratamiento médico urgente que perjudique al feto?”, se pregunta la experta, que teme que la ley en vigor también se endurezca.

Amnistía envió el 13 de enero una carta a las comisarias europeas de Justicia, Vivianne Reding, y Agenda Digital, Neelie Kroes, en la que la organización muestra su preocupación por la nueva Constitución húngara. “Otra de las disposiciones que puede tener un efecto discriminatorio es la que define el matrimonio como la unidad entre hombre y mujer”, explica Cernusakova. Esta afirmación ha sido incluida en una nueva ley sobre la vida familiar aprobada en diciembre. “Consideramos que puede bloquear futuras mejoras legales”, añade la experta, “como que los homosexuales puedan ser parejas de hecho, por ejemplo”.

El pasado tampoco ha escapado de esta nueva ordenación legal en Hungría. Como el resto de países excomunistas del Este, se ha dotado de una ley de memoria histórica en la que se incluye un apartado muy controvertido, ya que considera herederos y responsables de los crímenes cometidos por la dictadura a los actuales socialistas, la principal fuerza de la oposición. La ley dice que el partido socialista es “heredero de la riqueza acumulada ilegalmente” del antiguo partido único comunista y “beneficiario de las ventajas ilegítimas obtenidas durante la dictadura y el periodo de transición”. El líder socialista, Attila Mesterhazy, cree que esta ley es una “venganza” creada “con el objetivo de condenar al MSZP [partido socialista, en sus siglas en húngaro] y eliminarlo totalmente mediante la ley”.