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La justicia británica autoriza la expulsión de los acampados frente a San Pablo

El movimiento Occupy London puntualiza que, según la sentencia, puede quedarse en una pequeña zona

Varias tiendas de campaña de Occupy London.
Varias tiendas de campaña de Occupy London. AFP

El Tribunal Superior de Londres ha dado toda la razón a la Corporación de la City de Londres en el pleito que planteó semanas atrás para expulsar a los manifestantes que se encuentran acampados junto a la catedral de San Pablo desde el pasado 15 de octubre. El veredicto del juez Lindblom abre las puertas a un desalojo de los acampados por la fuerza si deciden no poner fin por si mismos a la acampada, con la que quieren alertar a la sociedad sobre los abusos del capitalismo y en particular del capitalismo financiero.

“Esperamos que los manifestantes retiren las tiendas de forma voluntaria. Si no, y condicionado a los procedimientos de apelación, estudiaremos de qué forma podemos aplicar [la sentencia]”, ha declarado Stuart Fraser, un alto cargo de la Corporación de la City de Londres. De todas formas, la City no tomará ninguna decisión antes de que se reúnan sus responsables el próximo día 31.

El movimiento Occupy London ha puntualizado que la decisión del juez afecta a determinadas zonas actualmente ocupadas por ellos, dando a entender que quizás decidan quedarse en una pequeña zona que no pertenece a la City, sino a la catedral de San Pablo.

El juez Lindblom elogió el comportamiento de las dos partes durante el proceso y subrayó que “nadie tiene dudas de sobre la sinceridad o la pasión de la causa” de los ocupantes. Pero en el razonamiento de su dictamen asegura que le fue “muy fácil” inclinarse a favor de los argumentos de la Corporación.

Tras subrayar que la larga duración de la ocupación, con la consiguiente obstrucción de la vía pública, constituía “una molestia pública” y estaba afectando a quienes acuden a orar o a visitar la catedral, concluye que está “totalmente justificado legalmente”, además de ser necesario y proporcionado, interferir en los derechos de los manifestantes. “No tengo dudas de que la City no tenía más elección sensata que la de hacer lo que ha hecho. Consciente de sus obligaciones, dio a los acusados una amplia oportunidad de levantar la acampada de protesta sin necesidad de que se perdiera tiempo y dinero en procesos legales. Se ha comportado, creo, de forma tanto responsable como justa en todo este proceso”, añade el juez.