La pobreza es rural, indígena y mujer

La desigualdad en Guatemala tiene un carácter multidimensional. Su expresión más flagrante es en el ámbito económico, pero también se refleja en términos de territorialidad, etnicidad, género y por consiguiente, en una profunda estratificación del ejercicio de los derechos ciudadanos.

En el siglo XXI, Guatemala sigue siendo una de las economías más grandes de la región centroamericana, medida según el valor total del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, la distribución de los beneficios del crecimiento económico, sea en períodos de bonanza o en crisis, sigue siendo altamente desigual. Por ejemplo, el ingreso de los trabajadores asalariados entre el año 2004 y 2008 representó, en promedio, el 30.0% del PIB. Mientras tanto, el beneficio de las empresas, en el mismo período, representó el 40.0% del PIB.

A nivel de los hogares, la desigualdad se manifiesta en que el 20% con ingresos más altos, tienen un ingreso 21 veces mayor que el 20% de hogares más pobres. Por su parte, el Estado se financia aún, con menos del 12% del PIB, y con la reciente crisis económica este porcentaje se situó en su punto más bajo desde fines de los ochenta.

Como resultado, Guatemala avanza más lentamente de lo que podría. Entre 1990 y el 2000, la pobreza extrema se redujo en apenas en 2.4 puntos; pero más preocupante fue ver cómo, entre el 2000 y el 2006, período de mediano crecimiento económico, ésta se redujo en 0.5 puntos. Más aún, la reducción de 5 puntos observada en la tasa de pobreza general obedeció fundamentalmente a la inyección de capital derivado de las remesas internacionales. Sin éstas, la desigualdad de ingresos sería 2.9 puntos más alta.

La desigualdad tiene además en Guatemala rostro rural, indígena y de mujer. El 73% de los indígenas y el 70% de la población rural son pobres. La tasa de pobreza rural duplica la de pobreza urbana, y afecta principalmente las regiones Norte y Noroccidente del país.

Al final de la escala de ingresos encontramos a las mujeres indígenas rurales. En otras palabras, el efecto de la ruralidad y de la etnicidad agrava las desigualdades de género. A esto se suman las diferencias salariales, ya que por cada quetzal percibido por un hombre, la mujer gana 63 centavos en el área urbana y 69 en el área rural.

Ante esta situación, mi Gobierno ha asumido la responsabilidad ética y política de devolver el sentido del servicio público hacia quienes más lo necesitan. Lo anterior, a pesar de las difíciles situaciones que nos han afectado: alza internacional a los precios de los alimentos y derivados del petróleo; crisis financiera mundial, reflejadas en Guatemala en la caída en los ingresos tributarios, la reducción del comercio exterior y la disminución de las remesas de la migración internacional; los recurrentes y agravados fenómenos ambientales que nos golpean y vulneran en términos sociales y económicos.

Aun así, para reducir la desigualdad y luchar contra la pobreza, nuestra gestión pública se ha centrado en tres acciones estratégicas y profundamente democráticas, con distintos resultados y éxitos: 1) fortalecimiento del Estado por medio de una reforma fiscal justa, equitativa y progresiva, propuesta que a la fecha, todavía requiere de mayor consenso político; 2) la aprobación de la política de desarrollo rural integral y la presentación de la iniciativa de ley relacionada, ambos asuntos demandan en su implementación de mejorar las capacidades financieras del Estado, aproximadamente US$ 350 millones anuales/adicionales de inversión y; 3) la implementación a través del Consejo de Cohesión Social, de una política de protección social con focalización geográfica y temática en los municipios de mayor concentración de pobreza, siendo el principal programa impulsado el de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) «Mi Familia Progresa». Tal y como lo indica el Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2010 que hoy entrega el PNUD, esta estrategia ya ha probado su efectividad en varios países de Latinoamérica al contribuir a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza y a reducir la desigualdad.

Para el 2009 se desembolsaron el equivalente a US$. 100 millones en beneficio de 469,092 familias residentes en comunidades mayoritariamente rurales, lo cual corresponde a 143 municipios priorizados ese año. Esto da una cobertura aproximada de 2.5 millones de personas que viven en condiciones de pobreza.

Comparado con la principal transferencia que hace el Estado a los gobiernos locales, el situado constitucional, en el año 2008 la relación era de Q. 22.00 distribuidos a las municipalidades por Q. 1.00 de TMC; en el 2009 la relación cambió drásticamente a Q. 3.00 por Q. 1.00, provocando que en treinta y dos municipios las TMC superaran el aporte del situado constitucional. Entre ellos, veintiuno se ubican entre los primeros cincuenta municipios con más pobreza extrema.

Como resultado, durante los años críticos 2008-2009, la inversión social creció a un promedio anual del 22% con referencia al 2007. Misma que fue referida principalmente hacia los territorios con alto predominio de población indígena.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de Guatemala pretende revertir la tendencia histórica en relación con la desigualdad y la pobreza y de esta forma, en línea con los mensajes principales que propone este primer Informe Regional del PNUD, abonar en la construcción de un desarrollo integral para todos y todas, en el marco de la consolidación de la democracia y el respeto a los derechos humanos de la población.

Álvaro Colom es Presidente Constitucional de la República de Guatemala