Teoría y práctica de la tortura

Una cosa es lo que dicen los documentos elaborados por los consejeros jurídicos de la Casa Blanca y otra muy distinta es la aplicación concreta que luego hicieron quienes pusieron en práctica estos violentos métodos de interrogatorio sobre los sospechosos de terrorismo. Es muy lamentable tener que regresar una y otra vez sobre estas cuestiones, pero mientras esté abierta esta herida habrá que hacerlo; y hasta qué punto está todavía abierta da alguna medida el alto grado de aprobación que todavía suscita entre los ciudadanos norteamericanos la idea de que su Gobierno está autorizado a utilizar tales métodos con los combatientes enemigos detenidos por Bush: si Obama no revierte el actual estado de cosas de forma radical no hay garantía alguna de que regresen las teorías e incluso las prácticas de la tortura a la primera ocasión propicia.

Algunas cuestiones hay que aclarar sobre la teoría. Los equipos de abogados de la Casa Blanca de Bush elaboraron toda una serie de memorandos destinados a presentar como legales unos métodos de interrogatorio claramente tipificados como torturas. Obedecían a órdenes políticas de sus superiores, que fueron quienes optaron, después del 11 S, por eliminar lo que consideraban trabas legalistas para luchar contra el terrorismo. Buena parte de estos personajes, entre los que destacan Rumsfeld y Cheney, consideraban que los servicios secretos y el ejército norteamericano necesitaban manos libres para este tipo de actuaciones desde hacía ya muchos años y aprovecharon las circunstancias favorables del 11 S para terminar con lo que consideraban remilgos del garantismo jurídico y del progresismo.

Lo que pretendían era de una gran osadía: retorcer el sistema jurídico de forma que se pudiera torturar con cobertura legal, tarea que encomendaron a los equipos de picapleitos neocons. Estos fueron los que consiguieron el diabólico cóctel de sumar en la misma ecuación la ampliación de poderes presidenciales en tiempo de guerra -para permitir las cáreceles secretas, las detenciones indefinidas, las escuchas ilegales, el secuestro y el asesinato si hace falta, por una mera orden del ejecutivo- con una sofisticada delimitación de la frontera que separa una presión física tolerable de un tormento insoportable, que es el que obliga a los detenidos a confesar. El resultado son estos memorandos, que ponen límites temporales a los malos tratos y conducen a controlar el estado físico de los interrogados, con el auxilio de sicólogos y médicos.

Ahora la práctica: toda esta explicación no sirve para nada una vez los interrogadores tienen autorización para aplicar todo el repertorio de tormentos.Propublica, un magnífico site periodístico sin ánimo de lucro, ha comparado lo que dicen los memorandos con lo que cuenta el informe de la Cruz Roja sobre el trato infligido a los detenidos. La teoría de la tortura explicada sobre el papel estalla en pedazos una vez puesta en práctica y se convierte en un monstruoso y prolongadísimo tormento de una inhumanidad indecible. La tortura es tortura en la teoría y en la práctica, pero mientras en la primera parece primar la fría fijación de sus límites, en la descripción de la segunda aflora toda su ilimitada monstruosidad y, sobre todo, este estado de postración de una víctima convertida en juguete de sus verdugos, como un pájaro entre las pezuñas y las fauces de un perro.

La disonancia entre la teoría y la práctica se desliza en el debate sobre la tortura en otro flanco. Es el del argumento dramático y comprometedor de la bomba de relojería o del secuestro del bebé. ¿Qué haría usted con el prisionero que conoce donde está colocada la bomba de relojería o que tiene un bebé secuestrado bajo amenaza de muerte? Ninguno de los interrogados se hallaba en situaciones límite como éstas, pero la teoría de las situaciones límites que sólo se dan en casos excepcionales se ha utilizado para autorizar la práctica generalizada de la tortura.

La purga que necesita el intento de legalización de la tortura es muy amplia, y abarca desde exigir las responsabilidades penales a quienes las ordenaron, autorizaron y practicaron hasta intensificar la pedagogía democrática que tan bien sabe utilizar Obama para cambiar como un calcetín a la opinión pública norteamericana. Ni que decir que ambas tareas son de tal dificultad que cabe dudar que Obama pueda realizarlas.

(Este no es tema lejano ni exótico. Afecta a los norteamericanos pero nos afecta a también a nosotros, los europeos. También en territorio de la Unión se han utilizado esas ‘técnicas’. También nuestros gobiernos han colaborado, prestando las instalaciones como es el caso ahora documentado de Polonia, o accediendo a los sobrevuelos y escalas secretas con prisioneros en viaje hacia su interrogatorio).