El debate de las torturas divide en dos al partido de Obama

El debate sobre cómo investigar las presuntas responsabilidades políticas de aquellos que justificaron, autorizaron y ordenaron el uso de la tortura en los interrogatorios de la Seguridad nacional y el Ejército a sospechosos de terrorismo durante la era Bush está causando una profunda división en el seno del Partido Demócrata, informa The New York Times.

Los líderes en el Congreso del partido del presidente Barack Obama han expresado abiertamente visiones diferentes y antagónicas sobre la conveniencia de crear una comisión de la verdad que investigue a fondo si hubo violación de leyes por parte de aquellas autoridades que dieron luz verde al empleo de técnicas agresivas como el waterboaring o asfixia simulada, y otros métodos de extrema crueldad y dureza.

Los partidarios de la apertura de una comisión independiente que indague hasta sus últimas consecuencias la legalidad de dichas técnicas están liderados por la portavoz de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

En el otro bando emerge como figura destacada el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, que ha expresado su rechazo a la creación de dicho panel. Reid, que denunció en repetidas ocasiones el uso de tácticas extremas cuando Bush era presidente, es partidario de dejar que la comisión creada al efecto en el Senado complete sus trabajos, algo que no ocurrirá hasta dentro de un año. "Creo que lo que debemos de hacer es esperar hasta que el comité de inteligencia finalice su trabajo", ha dicho el líder demócrata en declaraciones a Las Vegas Sun.

Mirar hacia adelante

Desde la Casa Blanca, Obama ha insistido en que es necesario "mirar hacia adelante y no hacia atrás" y es contrario a la apertura de una causa general contra la anterior Administración que acabe capitalizando la legislatura y dejando en segundo plano la agenda reformista que quiere impulsar para salir de la crisis. Además, existe el riesgo de que su Gabinete sea acusado de revanchismo por sus rivales políticos.

Pero fue Obama quien el pasado martes intensificó la tormenta política al dejar la puerta abierta a la creación de una comisión bipartidista que aborde el asunto, pero dejó en manos de su fiscal general (ministro de Justicia), Eric Holder, la decisión final sobre cualquier actuación judicial contra antiguos miembros del Gobierno republicano. No obstante, el ojo del huracán se formó días antes con la publicación de los cuatro memorandos mantenidos en secreto hasta ahora y en los que se justificaba el uso de determinadas técnicas de interrogatorio.

Frente a los que reclaman mano dura contra la impunidad, Holder, ha advertido este jueves, en sintonía con Obama, que no tolerará que se "criminalicen" las diferencias políticas sobre los polémicos interrogatorios de la CIA y las Fuerzas Armadas. Es decir, que no es partidario, a priori, de enjuiciar a ningún responsable político del anterior Gobierno por este asunto. En una comparecencia ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Holder ha reiterado que no se procesará a los agentes de la CIA que actuaron "razonablemente, de buena fe y de acuerdo con las opiniones (legales) del Departamento de Justicia" que legitimaron la tortura a supuestos terroristas. "No sería justo, desde mi punto de vista, efectuar tales enjuiciamientos", ha dicho.

Pero es él quien tiene la última palabra, después de que el presidente asegurara el martes que dependía de su criterio jurídico juzgar o no a los abogados de la Administración de Bush que redactaron los memorandos que permitían la tortura. En este aspecto, Holder ha reconocido que "es mi responsabilidad como fiscal general hacer cumplir la ley", pero sólo si aprecia "indicios de conductas indebidas".

Gates reconoce divisiones

Por otra parte, las últimas declaraciones sobre este episodio realizadas por el secretario de Defensa, Robert Gates, que ocupó ese mismo cargo durante el último Gobierno de Bush, sugieren que el debate sobre la publicación de los memorandos ha abierto una falla en el círculo más próximo al presidente.

En una visita a una base militar en Carolina del Norte, Gates ha dicho que estaba preocupado porque la publicación de dichos informes podría jugar en contra de los intereses de Estados Unidos en el mundo, pero que su desclasificación era inevitable. "Supimos durante los debates previos a su publicación que algunos de estos informes podrían ser usados por Al Qaeda y nuestros enemigos", ha dicho Gates.

"Pretender que podíamos retener todo eso y mantener todo en secreto, incluso si hubiéramos querido, probablemente no era realista", ha explicado. A juicio de Gates, era "inevitable" que esa información saliese tarde o temprano a la luz.