Los congresistas aprueban la ley de Bush sobre escuchas extra judiciales

Tal y como exigía el presidente, el texto protege a las compañías telefónicas que colaboraron con el Gobierno tras el 11S para practicar pinchazos sin autorización de un juez

La Cámara de Representantes del Congreso de EE UU ha aprobado la ley para autorizar las escuchas extra judiciales que defiende el presidente George W. Bush. El texto otorga inmunidad a las compañías de telecomunicaciones que colaboraron con el gobierno para practicar escuchas sin consentimiento judicial entre 2001 y 2007.

Con 293 votos a favor y 129 en contra, la ley ha pasado su primer trámite parlamentario. Ahora sólo le resta el visto bueno del Senado, lo que previsiblemente sucederá la próxima semana, para quedar definitivamente aprobada por el Congreso estadounidense (formado por la Cámara de Representantes y el Senado).

Tras meses de complicadas negociaciones, el presidente Bush ha conseguido el apoyo casi total de los republicanos y un apoyo sustancial de los demócratas (cuentan con 202 asientos en la Cámara) para una ley que elimina la responsabilidad de las empresas telefónicas si éstas prueban ante el juez que recibieron órdenes escritas del Gobierno asegurando que las escuchas extra judiciales eran legales.

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Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Gobierno puso en marcha un programa de escuchas sin autorización judicial, que se suspendió en enero de 2007, después de que el diario The New York Times diera a conocer la existencia de esa práctica en diciembre de 2005. Desde entonces, se han presentado cerca de 40 demandas judiciales contra las compañías telefónicas que llevaron a cabo esas escuchas.

En su versión actual, el redactado protege a las compañías telefónicas contra esas demandas, algo que otras versiones anteriores no hacían. Bush anunció que, de no conceder esa protección, vetaría cualquier texto que se aprobara. La ley también actualiza la ley de Vigilancia a las Actividades de Inteligencia Extranjeras (FISA) del año 1978 y establece las reglas para las escuchas telefónicas autorizadas por el Gobierno en territorio estadounidense.

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