Costa Rica empieza a creer en la violencia

"Entre una maestra y un militar para que dirija el Ministerio de Seguridad, yo escogería al militar", exclama Roxana Rojas con todo el coraje de una madre cuyo hijo fue asesinado sólo para robarle el teléfono móvil; ocurrió apenas cinco días después de que un obrero muriese al querer conservar su bicicleta. El dilema de la madre tiene sentido en Costa Rica, donde Janina del Vecchio, una diplomática y académica de las matemáticas, ha sido designada por el presidente, Óscar Arias, como ministra del sector del que más se queja la población.

En Costa Rica resulta impensable tener un militar en el Gobierno, porque el Ejército fue abolido en 1948. Los costarricenses siempre se han ufanado de ser civilistas, pero el incremento de la violencia y los delitos en las calles está empezando a calar.

"Una rata menos, una rata menos", gritaba hace una semana un vendedor de periódicos que sostenía un ejemplar con la noticia sobre el linchamiento de un joven delincuente en la zona del Caribe. El pregonero simboliza a la mitad de los ciudadanos que está de acuerdo con medidas como la pena de muerte o el linchamiento, según una encuesta de la firma Unimer publicada en el diario La Nación.

"Son sólo ocurrencias", reaccionó, algo molesto, el presidente Arias, cuya condición de premio Nobel de la Paz le impide alinearse con las políticas de mano dura que otros países de Centroamérica han aplicado contra el crimen organizado.

Incremento de los delitos

Arias habla de educación temprana, de integración social y de la pobreza como primera causa del crimen, pero los oídos de los ciudadanos están saturados con noticias diarias sobre burdos asesinatos y el incremento de delitos. Uno de cada cinco ha sufrido los efectos del hampa en su propio hogar y el 13% ha sido una víctima en el último año.

Costa Rica abolió la pena de muerte en 1882 y algunos estudiosos le reconocen el mérito de haber sido el primer país en hacerlo. Arias también firmó hace tres semanas con sus colegas centroamericanos una declaración de solidaridad con el gobernante de Guatemala, Álvaro Colom, que vetó una ley que pretendía reactivar la pena de muerte en el país, algo que aún es objeto de debate en la sede legialativa. No pensaba Arias en que, mientras firmaba el documento, una de las principales encuestadoras recogía la anuencia popular de "comerse al caníbal", en palabras de Borges.

Los datos vienen sólo a confirmar la creciente complacencia popular cuando la víctima de un asalto logra revertir el ataque y asesina al delincuente.

Cree la opinión pública que éste es un buen método para evitar que el criminal salga libre pocas horas después de su detención.

El Gobierno de Arias empezó hablando de "percepción de inseguridad" y terminó admitiendo la delincuencia como el mayor problema de este país, acostumbrado a vivir bien, en comparación con sus vecinos centroamericanos.

La respuesta contra la inseguridad, sin embargo, no satisface a la población. Quedó claro en la bandera negra con una calavera pintada que ondea en un barrio al oeste de la capital, donde un vecino mató en enero a un asaltante.