Guatemala combate en el Congreso las adopciones ilegales

Después de 12 años de operaciones ilegales y bajo la persistente presión internacional, el martes se aprobó en Guatemala la nueva Ley de Adopciones. Con el voto de 109 de los 110 diputados asistentes a la sesión extraordinaria convocada para el efecto, los legisladores guatemaltecos aprobaron por fin una ley que entrará en vigor el 31 de diciembre y que normalizará los procesos de adopción que durante años han sido un turbio negocio para redes mafiosas y que ha generado ganancias de más de 200 millones de dólares con la compra-venta ilegal de bebés.

Los números son elocuentes. Según la Procuraduría General de la Nación (fiscalía), adoptar a un niño guatemalteco cuesta a un matrimonio extranjero entre 20.000 y 30.000 dólares; una cifra que dio origen a un lucrativo negocio en un país donde la moralidad es muy elástica.

El camino no ha sido fácil estos años. La fuerte presión internacional ha sido vital, así como el clamor de los guatemaltecos para que los partidos mayoritarios adquirieran el compromiso de aprobar el instrumento legal que llevaba tres legislaturas bajo llave en los cajones de la Comisión del Menor. El día de la sesión, varios embajadores europeos, entre ellos el de España, Juan López-Dóriga, siguieron el debate desde el palco reservado para el cuerpo diplomático. Mientras, frente a la sede del Legislativo en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, activistas de derechos humanos reclamaban que se diera vida a la nueva ley.

La normativa, que ahora se ajusta a los parámetros establecidos por el Convenio de La Haya para la materia, busca, en primera instancia, detener la comercialización de niños, una práctica que incluyó el robo de bebés y que dio pie al surgimiento de mafias integradas por notarios, médicos y trabajadores del Registro Civil de los Ayuntamientos.

Estos cómplices falsificaban las partidas de nacimiento para dar apariencia de legalidad a las operaciones. Este negocio generó toda una red de la que se beneficiaban desde hoteleros hasta amas de casa, que se prestaban a cuidar a los recién nacidos en sus hogares mientras se completaba la tramitación.

La figura de las adopciones cobró auge en Guatemala durante los años 80, cuando centenares de niños quedaron huérfanos como fruto de los enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla y la posterior represión. En ese momento, la decisión del legislador fue facilitar los trámites para evitar que estos niños quedaran mucho tiempo sin un hogar que los acogiera. La circunstancia fue aprovechada posteriormente por las mafias, que vieron en el gesto humanitario de los ciudadanos de países desarrollados una posible fuente de ingresos.

Guatemala, un país de 13 millones de habitantes, se convirtió así en uno de los países que más niños ha dado en adopción, sólo por detrás de China y Rusia. Un 95% de estos niños ha sido acogido por matrimonios estadounidenses.

La nueva ley, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, crea el llamado Consejo Nacional de Adopciones (CNA), que estará integrado por representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio del Exterior y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, como la "autoridad central" que exige el Convenio de La Haya para las adopciones internacionales. Obliga también a los padres biológicos de los niños a recibir cursos de orientación y a esperar, en el caso de los recién nacidos, por lo menos seis semanas antes de intentar cederlos a padres candidatos.

Hasta la fecha, un notario tenía potestad para declarar "adoptable" a un bebé, gestionaba el proceso ante el Gobierno guatemalteco y tramitaba el visado para el niño ante el país de los padres candidatos. Todo ello, en un lapso no mayor de cuatro o cinco meses. Ahora, las casas- cuna (lugares de acogida mientras se tramita la adopción) deberán registrarse ante el CNA y se estipula un arancel para las adopciones, a la vez que se prohíbe taxativamente en la obtención de beneficios económicos a cambio de dar un niño en adopción.

Hasta el 31 de diciembre, las cesiones de bebés a matrimonios extranjeros se regirán por la ley anterior. "Son alrededor de 1.900 casos", dijo a EL PAÍS la defensora de la infancia de la oficina del Defensor del Pueblo, Nidia Aguilar, quien se manifestó esperanzada por que el Estado llegue a contratar a personas idóneas para integrar el Consejo Nacional de Adopciones, a fin de evitar que éste sea corrompido por las jugosas cantidades de dinero que entregan las mafias dedicadas al tráfico de niños.

"Vigilaremos muy de cerca al CNA para evitar que haya manipulaciones en los procesos", añadió, aunque reconoce que la independencia de los jueces puede complicar esta actividad. También se pronunció por la necesidad de que la burocracia no convierta en demasiado largos los procesos, al extremo de que "los niños puedan pasar años en las casas-cuna". "Es también muy importante que los países adoptantes implementen sus propios controles", para desterrar una práctica deleznable como convertir a los bebés en una simple mercancía, dijo Aguilar.