<a href=http://www.elpais.com/articuloCompleto/internacional/Ojo/gorila/elpepiopi/20071101elpepiint_5/Tes>Ojo al gorila</a>

¿Recuerdan ustedes aquel gorila apestoso de 800 libras que se presentó a cenar en Bruselas con los ministros de Exteriores europeos a instancias de Condoleezza Rice? Hace dos años de esa historia. La CIA había utilizado territorio y aeropuertos europeos para secuestrar y trasladar a sospechosos de terrorismo a cárceles secretas en países donde no hay límites para los interrogatorios de los detenidos o a instalaciones clandestinas en la misma Europa. La justicia alemana e italiana andaba detrás de estas actividades ilegales; varios parlamentos habían empezado a realizar pesquisas. Empezaba un escándalo mayúsculo que ponía en duda, una vez más, el respeto de los derechos humanos y de la soberanía de los países europeos por parte de Estados Unidos y la complicidad, ya fuera cooperación ya negligencia, por parte de un buen puñado de miembros de la UE. Hace unos pocos meses salió a la luz la transcripción de lo que se dijo en aquella cena y pudo saberse que la señora Rice había hablado del gorila con suficiente claridad a unos comensales que en muy pocos casos expresaron disgusto por lo que allí oyeron.

Por más que cerremos los ojos, el gorila nunca se ha ido y sigue haciendo de las suyas. Estos días le hemos visto en dos ocasiones. Una: el candidato a fiscal de EE UU, Michael Mukasey, ha declarado que "le repugna" la utilización del waterboarding (ahogamiento por inmersión) en los interrogatorios, pero que no sabe si violan las leyes norteamericanas contra la tortura. El hombre a quien quiere sustituir, Alberto Gonzales, es uno de los responsables de los numerosos memorandos que justifican la tortura, las escuchas telefónicas y las detenciones sin control judicial. Y la otra: el Departamento de Estado ha concedido, sin tener autoridad para hacerlo, la inmunidad a varios mercenarios contratados por EE UU que mataron a 16 iraquíes indefensos. La decisión ha creado un enorme malestar en el Congreso y en el FBI, que están investigando este incidente; y en el Gobierno iraquí, que se siente vejado e insultado por la impunidad con que actúan los guardaespaldas en su territorio.

El gorila vive de dos cosas, una antigua y otra moderna. La antigua es la acumulación de poder del presidente americano, que le ha permitido eludir los controles judiciales y parlamentarios en casa, definir a su gusto qué es tortura o declarar a alguien combatiente ilegal. La moderna es la externalización de la guerra contra el terrorismo con idéntico objetivo: sortear la legalidad norteamericana y el control parlamentario y judicial, e incluso hacer negocio. Guantánamo pertenece este capítulo. Como las cárceles secretas y la entrega de prisioneros a Egipto, Siria o Jordania. O la directa privatización de la guerra, que es el caso que preocupa estos días a propósito de la compañía Blackwater.

Hay muchos países en el mundo, incluyendo varios europeos, que tienen menos capacidad militar que esta empresa fundada hace 10 años por un ex militar de buena familia. Cuenta con enormes bases militares y campos de entrenamiento propios en territorio norteamericano. Y hace lo que puede hacer un ejército, desde acudir a una catástrofe hasta librar una guerra, pasando por detener, interrogar e incluso torturar y ejecutar, dar instrucción militar o suministrar servicios K-9 (Ka-nine, es decir, adiestramiento de perros para combate y tortura). Es la principal contratista de guardaespaldas y servicios de protección en Irak, que desarrollan bajo una cláusula de inmunidad que el Gobierno iraquí quiere levantar, sin éxito hasta el momento. La adjudicación de los contratos es directa, sin transparencia ni rendición de cuentas. La única consecuencia de una acción criminal es el despido del mercenario, su inmediata salida de Irak y en el mejor de los casos el pago por Blackwater de una indemnización. Además de norteamericanos e iraquíes, la composición de estas milicias privadas es la propia de los ejércitos mercenarios, incluyendo gentes condenadas por atentados contra derechos humanos.

Blackwater es el mayor contratista, pero en Irak hay 60 compañías más, con un total de unas 180.000 personas que hacen actividades asignadas en el pasado a los ejércitos. De éstas, entre 20.000 y 30.000 realizan funciones directamente con armas y, aunque sobre el papel sólo pueden defenderse, las estadísticas demuestran que entran en combate y son adictos de las acciones preventivas (¿qué otra cosa iban a hacer a las órdenes de un presidente que promueve la guerra preventiva?). Este gorila, que ahora no hay quien atrape, fue la respuesta de Bush a los atentados del 11-S. Es todo un alivio comprobar que aquí en nuestro 11-M no soltamos al gorila y ayer hicimos justicia.